Hasta hoy hemos recorrido un tortuoso camino en el que como ciudadanos hemos sido testigos del desmantelamiento estructural de parte del Estado y de nuestros Derechos Culturales, conseguidos a través de un largo proceso histórico de entrega, trabajo con avances y retrocesos, superando duros desafíos. En esta historia vivida, no podemos olvidar el pasado pues debemos detenernos en el Proceso de Ajuste Estructural, implementado por los gobiernos de turno desde la década de los 80, cuyos pilares están insertos en el denominado “Consenso de Washington” que inauguró el período neoliberal, nada más y nada menos que un recetario único y ortodoxo aplicado a sangre y fuego en los países pobres del traspatio.

De esta época es el siempre mentado y resistido D. S. 21060 que divide aguas políticas, sociales y económicas, vigente en forma y en espíritu, hasta el presente, después de 35 años. Mirada que también hace suya hoy el gobierno, planteando la continuidad de la liberalización de la economía, la mercantilización hasta de la imaginación y el achicamiento del Estado, fundamento que explica la decisión de suprimir el Ministerio de Culturas y Turismo; siendo éste el desenlace perfecto de un ciclo de valores fallidos ante la Historia, justificado ¡nada menos que por un virus! Decisión funesta que desnuda la mente y el alma de sus patrocinadores.

Todo impulso que marca el ritmo de la vida de seres y sociedades tiene un momento fundacional y, para nosotros, ese instante está marcado por la Constitución Política del Estado de 2009, que abrió el abanico a la pluralidad y la ilusión creativa hilvanada con manos diversas, lenguas y culturas ancestrales de donde heredamos la sabiduría del equilibrio y la complementariedad, aspectos considerados desde nuestro ideario como indispensables para enfrentar el presente y el futuro.

Por ello, ¡debíamos intentarlo todo! y en ese intento nacimos como TELARTES, con la convicción de asimilar un flujo de energía revitalizante que proviene de los seres que son la piel sensible de las sociedades. Sin desmayo trabajamos por más de siete años para comprobar que el Estado, pese a las apariencias, seguía herrumbrado y anclado en los cánones reprochables. Así, la “Revolución Democrática y Cultural” terminó en harapos y en manos impostoras.

Sostuvimos con pasión la consigna del “Ya venimos llorados”, cual máxima que iniciaba todo nuestro accionar y reflexión, que apostaba a una construcción societal horizontal y plural, siempre aferrada a la propuesta. Es así que, como legítima e independiente plataforma de articulación ciudadana del sector cultural, se logró coadyuvar la realización del I Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria en Bolivia, concertar mesas de trabajo con el Ministerio de Culturas y Turismo para avanzar en la elaboración de un anteproyecto consensuado de Ley Marco de Culturas, trabajo complejo y problemático, del que nacen como síntesis de nuestra posición como sociedad civil organizada los doce principios irrenunciables que permitan optimizar la gestión estatal. Asimismo, se logró desarrollar dos Congresos Nacionales denominados “Culturas en movimiento” con el objetivo de proponer lineamientos de solución a los ámbitos de la gestión cultural en el país y sentar bases para políticas culturales hacia un cambio profundo en la relación entre Sociedad Civil y Estado. Logramos ser patrocinados como único proyecto boliviano por el Fondo Internacional de la Diversidad Cultural de la UNESCO, desplegar articulación con plataformas internacionales culturales (Cultura Viva Comunitaria, en un inicio, y Cultura de Red hasta el presente) y también concretar el “Espaciario” en 2016, único mapeo sistematizado y publicado de espacios culturales independientes o no estatales de 36 ciudades del país.

Estos logros fueron posibles gracias a la articulación sostenida en una construcción abierta, horizontal y plural; creyendo permanentemente en la posibilidad del diálogo productivo, en la negación de las imposiciones y las arbitrariedades, en el resguardo de un espíritu crítico, en la independencia como parte de nuestra definición política, respecto del Estado y partidos políticos, en la firme convicción de posibilitar la visibilización de actores culturales independientes en su potencial creativo y en su esfuerzo por lograr incidencia política en beneficio del sector. El accionar enmarcado en esta lógica, metodológica a su vez, permitió la circulación de potentes flujos colaborativos y de inteligencia colectiva con y entre diversidad de actores culturales en una gran porción geográfica del país y también de los movimientos símiles internacionales.

Sin embargo no fuimos los únicos. El transitar de TELARTES es hereditario de la lucha y la lucidez de movimientos y actores culturales en distintos tiempos históricos del país. Siempre, dentro de una interpelación estatal sumada a otros movimientos, colectivos, redes y espacios culturales que, ante la posibilidad de encontrar algún resquicio, exigían no asfixiar sus iniciativas y sueños ante una secante, miope y poco profesional burocracia estatal en todos sus niveles territoriales. Un ejemplo es la visión de concebir nuestros haceres y saberes como “gasto” que se expresa, además, en la total ausencia dentro los “clasificadores presupuestarios”, lo que ha hecho de lo cultural una exigencia tortuosa, más que la demanda de un derecho.

Por todo ello, consideramos que la Constitución Política del Estado le pertenece al pueblo boliviano y no a un partido de turno, y es la expresión de su voluntad soberana por encima de sus gobernantes. Que es el estandarte de nuestros sueños, porque contiene el principio que nos nutre de convicción: los Derechos Culturales están incorporados en el catálogo de los Derechos Humanos; están hilados en la misma rueca, han sido torcelados simultáneamente y, ahora, constituyen la urdimbre que sustenta todo el entramado legal del país.

Por lo expresado debe quedar absolutamente claro que los Derechos Humanos, sin que medie ninguna consideración ni menos condición, deben ser garantizados por el Estado, en términos estructurales, a partir de una legislación que permita operativizar el uso, goce y disfrute de los beneficios que emergen de tales derechos. A tal efecto, el Estado está constitucionalmente obligado a diseñar y promover políticas así como a presupuestar recursos suficientes, que permitan materializar el ejercicio de los derechos culturales; y a dotarse del aparato administrativo y funcional de la mayor jerarquía del ejecutivo gubernamental, además de generar procesos de institucionalización transparentes y participativos, para cumplir con sus obligaciones constitucionales. ¡No pedimos dádiva alguna, exigimos al Estado el acatamiento de la Constitución!

Finalmente, se hace necesario construir una otra e integral visión de futuro sobre la cultura y las culturas, en su pluralidad, como fundamento de aquellas narrativas que impliquen la profundización hacia una democracia más participativa, donde sea el sector el que elija a sus autoridades asegurando gestiones idóneas (de plazos largos), así como coadyuvando hacia la búsqueda de sentidos comunes para la cohesión social, la pertenencia, la identidad y la felicidad de todas/os y cada una/o de las/os bolivianas/os. Rol que compete, en gran medida, al sector cultural.

Por ello, urge también convocarnos y reencontrarnos, en la premura presente, bajo mecanismos abiertos y lo más transparentes posibles, para construir estos horizontes superando las diferencias que tenemos dentro del mismo sector cultural. Superemos unidos esta pandemia, que no sólo es sanitaria, ¡lo sabemos las/los boliviana/os! ¡Queremos un Estado donde lo cultural no sea un apéndice sino la argamasa de una sociedad más justa y, por qué no, integrada y feliz!

Bolivia, 21 de junio de 2020

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