Construir diálogos para enfrentar la emergencia

La crisis derivada de la pandemia del COVID-19 ha obligado a desocupar los espacios públicos, a limitar la interacción social y a cerrar el comercio de manera abrupta. Esta situación ha afectado de manera importante al sector de las artes y la cultura, así como al tejido y a los procesos culturales comunitarios. Frente a este escenario la respuesta del sector público se aprecia tardía e insuficiente. La mayor parte de las instituciones públicas de cultura en México se han limitado a cumplir con el cierre de espacios, la cancelación o reprogramación de actividades y la disposición de contenidos culturales en plataformas digitales. Los recortes se han impuesto mucho antes que la reorientación presupuestal para apoyar al sector y a las comunidades culturales, profundizando la precariedad laboral de cientos de miles de personas trabajadoras de la cultura y agudizando la desigualdad para el ejercicio colectivo de los derechos culturales.

Ante la crisis y el desmantelamiento del Sistema Nacional de Cultura – destacando la desaparición del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) – desde la capital del país se lanzó el llamado para conformar un Frente Amplio de Trabajadorxs de la Cultura. De manera similar, ante el anuncio de un posible recorte del 64% del presupuesto de cultura del Gobierno de Jalisco, desde la ciudad de Guadalajara se convocó a la articulación de una Red Independiente de Agentes Culturales (RIAC). En ambos casos se observa como la ciudadanía ha tenido que acudir a la presión mediática y a un proceso de auto convocatoria y organización emergente para provocar un diálogo con las instituciones públicas, dada la ausencia o insuficiencia de las arquitecturas y mecanismos de participación social. En el caso de Jalisco, tanto los agentes culturales como el Gobierno de Jalisco han hecho a un lado al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA), organismo que – de acuerdo con la legislación local – habría de promover la participación social en materia de políticas culturales.

La emergencia derivada del COVID-19 ha develado un grave problema de gobernanza cultural en México, frustrando los esfuerzos de la ciudadanía y de las propias instituciones para dar una respuesta acertada, oportuna y democrática a los desafíos del desarrollo cultural frente a las circunstancias actuales. Lamentablemente la gobernanza cultural no se observa como una prioridad en la agenda pública de la cultura, ni siquiera en años recientes ante la oportunidad que representó la elaboración de la Ley General de Derechos Culturales y la creación de la Secretaría de Cultura Federal. El debate público sigue centrado en los estímulos a la creación – siempre insuficientes – y la seguridad social para artistas – todavía lejana –. En la mayor parte del país, los consejos estatales y municipales de cultura no están diseñados para el reconocimiento de la diversidad cultural y creativa, ni de la población ni del propio sector, manteniendo una estructura añeja y reducida a la representación de disciplinas artísticas, dejando de lado las diversas formas de ciudadanía cultural y con ello, limitando la comprensión de la complejidad de una emergencia cultural como la que se vive actualmente.

La emergencia de la gobernanza cultural en Jalisco

Desde Traza Social, organización no lucrativa dedicada a la promoción y protección de los derechos culturales, con base en la ciudad de Guadalajara, identificamos algunas cuestiones de atención prioritaria en materia de gobernanza cultural para la región:

  1. Reformar al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA).

Es necesario refirmar la utilidad pública de una institución tan poco valorada como el CECA, ampliando sus ámbitos de acción, hacia la investigación y a la contraloría social, por ejemplo. Es primordial limitar la injerencia del poder ejecutivo en su conformación, dado que actualmente dos terceras partes del consejo son designadas por el Gobernador del Estado. Es fundamental dotarle de recursos técnicos y financieros para promover procesos descentralizados de participación que puedan activarse de manera eficiente y oportuna ante situaciones de emergencia como la actual.

  1. Instalar una Mesa Metropolitana de Cultura

Es urgente avanzar, a través del Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), en mecanismos que permitan coordinar las políticas culturales en el Área Metropolitana de Guadalajara. Las dinámicas de la ciudad requieren de la corresponsabilidad y solidaridad presupuestal de sus nueve municipios, pues no hace sentido desde un enfoque de derechos y equidad territorial que las políticas municipales ensanchen la brecha de acceso y participación a la vida cultural. Por otro lado, el peso del sector cultural en el área metropolitana desequilibra los presupuestos del gobierno estatal en relación con el resto de las regiones al no contar con un mecanismo de concertación política.

  1. Fortalecer los Consejos Municipales de Cultura

A pesar de que la ley local otorga responsabilidad clara a los municipios para estimular la conformación de Consejos Municipales para el Fomento a la Cultura, estos son escasos o simplemente no funcionan. Es necesario que la Secretaría de Cultura de Jalisco invierta más recursos para promover una cultura de participación y transparencia en los municipios y fortalezca la formación de capacidades locales. A la par, será oportuno replantear los esquemas de gobernanza del Sistema Estatal de Cultura, otorgando mayor peso a los procesos de participación y planificación local.

  1. Incentivar el asociacionismo en el sector cultural

Finalmente, y conforme a las recomendaciones de la Agenda 21 de la Cultura, es importante que existan programas y recursos destinados a incentivar la integración y fortalecimiento de organizaciones culturales (cooperativas, sindicatos, ONGs, redes, etc.). En ese sentido, destaca la reciente presentación del programa Puntos de Cultura del gobierno municipal de Zapopan, que destina recursos a organizaciones culturales comunitarias en el contexto de la emergencia sanitaria. Motivar la auto organización del sector y la articulación de redes es necesario para la construcción de gobernanza cultural sostenible.

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