Fuerza colectiva. La Ley como construcción sectorial.

En octubre de 2016 la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó la Ley 10381 de Fomento y Promoción para la Industria Audiovisual de Córdoba. El objetivo central de la Ley reglamentada en abril de 2017, es la creación de un fondo de financiamiento para fortalecer la producción audiovisual en su dimensión cultural y económica en todo el territorio provincial y el beneficio alcanza a las producciones de contenidos de ficción, documentales, realizaciones experimentales, animación, videojuegos, producción televisiva; con fines educativos, culturales, sociales, científicos, deportivos, institucionales, turísticos, regionales, ecológicos, comerciales y de promoción. El proyecto aprobado incluye además la creación del Polo Audiovisual Córdoba, ya en funcionamiento pleno, y de un Registro de Profesionales Técnicos y Artísticos Cordobeses de la Actividad Audiovisual y considera la implementación de una serie de medidas que abarcan exenciones impositivas para productoras locales, subsidios a tasa de créditos para infraestructura y equipamiento y subsidio para la creación de empleo directo.

Es importante destacar que si bien la administración, regulación y ejecución presupuestaria del fondo se circunscribe al ámbito del Ministerio de Industria, Comercio y Minería provincial como autoridad de aplicación, juega también un rol fundamental la gestión de la Agencia Córdoba Cultura (ACC) como Secretaría del Poder Ejecutivo, en tanto el fomento de este conjunto de actividades de carácter industrial se considera además y muy especialmente desde la perspectiva de la promoción cultural, artística y creativa, científica e intelectual de la comunidad. Esta articulación, innovadora para las políticas culturales de la región, se aleja de la mera lógica del subsidio a la producción artística en sus formatos tradicionales y no siempre eficientes para la sustentabilidad, convirtiéndose en una fuente real de viabilidad y continuidad para los proyectos individuales y colectivos de artistas, técnicos y productores.

El espíritu de los artículos que le dan cuerpo a esta Ley así como los dispositivos de su reglamentación y ejecución pueden resumirse en tres ejes principales de conceptualización y acción: la comprensión integral de la actividad audiovisual en sus dimensiones cultural, industrial y económica; la profesionalización de cada actor, desde los técnicos artísticos a productores, realizadores, técnicos y todo tipo de colaboradores, y la dinamización del sector como vector económico dentro de la estrategia de desarrollo productivo, cultural y económico de la provincia. Esto implica una mirada integradora de las industrias y emprendimientos creativos como vector de desarrollo económico y social, generador de trabajo y empleo, y también como disparador del fortalecimiento de las expresiones artísticas, culturales e identitarias de las comunidades en su conjunto y diversidad.

La garantía democrática en términos de libertad de expresión se hace presente en los mecanismos de instrumentación de los planes y programas de fomento en los que el Estado aprueba y presupuesta, pero el diseño queda en manos de un Consejo Asesor que propone las herramientas y fondos, ejerce el contralor de manera que el Estado define cómo se produce, pero no qué se cuenta a nivel de contenidos y aspectos estéticos.

La jerarquía de política de Estado que alcanzó la promoción de la actividad de este sector a través de la sanción, reglamentación y aplicación presupuestaria de una Ley, es el resultado de un largo proceso cuyos protagonistas fundamentales fueron un nutrido y activo grupo de productores, técnicos, artistas, creativos y emprendedores cordobeses ligados a la industria del cine y el audiovisual. Al momento de la aprobación de la Ley y las arduas instancias previas, los productores del sector fueron representados por la Asociación de Productores de Córdoba (APAC); la Cámara de Productoras (CAPAC); la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA); la Asociación de Productoras de Animación (APA), la Asociación de Cineastas de Córdoba (ACCOR); las Facultades de Ciencias de la Comunicación y Artes (UNC); la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Durante un lapso de casi una década, a partir del estreno simultáneo de tres películas, producidas localmente y financiadas por el INCAA, que dio origen al sello de “Cine Cordobés” en 2010 y en torno a una mesa de actores del sector autoconvocados y organizados inclusiva y democráticamente, se trabajó –intensa y creativamente- en una estrategia de posicionamiento y fortalecimiento sectorial y regional. De ese gesto aglutinante de lo colectivo, que a su vez reconoce antecedentes históricos y políticos muy significativos, surgió la impronta de un largo recorrido de prácticas colectivas, de aprendizajes, ensayos, y aciertos/errores preliminares, que culminó en un relevamiento preciso de las fortalezas y debilidades, de los requerimientos fundamentales del sector, que luego confluyeron en los documentos preliminares presentados como proyecto de Ley, y que facilitaron la gestión política para su posterior presentación y tratamiento parlamentario.

El proceso de construcción y fortalecimiento de ese colectivo en su complejidad, la creación de espacios de debate y dispositivos de toma de decisiones, y el aprovechamiento estratégico de las oportunidades que brindaron en su momento un conjunto de políticas culturales impulsadas desde el Estado nacional y provincial, fueron las claves de la eficiencia del trabajo que desembocó en un proyecto legislativo ampliamente debatido y consensuado que tomó cuerpo y que, a través de la gestión y la mejora continua, le brinda respuesta a miles de artistas, técnicos de la industria audiovisual.

De ese proceso que no ha terminado, que encuentra continuamente nuevos desafíos y soluciones alternativas, da cuenta esta reseña con la intención de colaborar a la construcción del conocimiento colectivo en incidencia sobre políticas públicas.

 

El comienzo. De los antecedentes a la mesa del audiovisual cordobés

La actual conformación de la Mesa del Audiovisual y del Consejo que hoy representan a la industria en las instancias de reglamentación y administración de la Ley, llegó a su actual formato a partir de una serie de antecedentes aún anteriores al ya mencionado gesto fundacional que se le reconoce al surgimiento de “Cine Cordobés” en 2010.

La reapertura de la Escuela de Cine de la UNC tras el fin de la Dictadura Militar de 1976 y el reencuentro de intelectuales, docentes, artistas, técnicos, estudiantes y cineastas en el ámbito académico y sus extensiones naturales fue un hito importante. Esos espacios de reconstrucción y acción, el aporte de los referentes, representaron quizás el germen primero, el caldo de cultivo de una militancia del campo audiovisual que, con marchas y contramarchas, marcó y sumó a varias generaciones que, casi tres décadas después, convergen en una importante conquista sectorial de impacto real en políticas públicas.

También se pueden mencionar antecedentes legislativos, programas y herramientas de fomento que desde lo público intentaron acompañar, pero que resultaron insuficientes o no alcanzaron a concretarse. En 1986 se promueve una Ley provincial que toma estado parlamentario pero no alcanza a ser promulgada. Luego, el decreto 1748/08 impulsado por un grupo de productores que luego se constituirían como APAC, e instrumentado por la ACC y el INCAA, desarrolla el Programa de Aportes Reintegrables para la Industria Cinematográfica Cordobesa que se constituye en una herramienta tangible y un hecho fundacional en términos de descentralización para el surgimiento de nuevas realizaciones. A partir de la Clínica de Proyectos de 2006, con el decreto reglamentado en 2008, los realizadores cordobeses incursionan en nuevos modos de producir, extendiendo horizontes desde lo artístico y cultural hacia el universo ampliado que representa la industria cinematográfica y del audiovisual. La factura, las nuevas tecnologías, la distribución, circulación y eventualmente la comercialización pasaron a ser temas fundamentales, ligándose también al campo del emprendimiento productivo y sustentable.

En 2008, aquel grupo iniciático de productores que habían participado de instancias de capacitación para financiamiento, se conforman formalmente como APAC como motor de una producción colectiva, para sostener la producción federal desde las provincias, y para profundizar en los procesos de comercialización y distribución. Es decir que APAC nace como una necesidad de nuclearse y no como una tendencia o marca regional estética.

En 2009 y 2010, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el gobierno nacional con una visión política federal y de crecimiento económico brinda cierta capacidad de sustentabilidad financiera, pero también avanza en términos de acceso a las tecnologías, de diversidad de contenidos, géneros y formatos, de generación de empleo y derechos laborales. Al mismo tiempo, las universidades e institutos de formación locales se convierten en semillero de una nutrida población de técnicos capacitados en disciplinas diversas y específicas que se emparentan con el sentido de la Ley, ya que el concepto de lo audiovisual alcanza definitivamente otra escala de demanda con respecto a la profesionalización y las competencias.

En 2010, además del estreno simultáneo de tres películas que ingresaron al circuito comercial y de los festivales internacionales cosechando premios y menciones dando cuenta de calidad y potencial del audiovisual hecho en Córdoba, se produjeron cinco series de ficción y una importante cantidad de documentales y contenidos para las plataformas y canales de gestión estatal, hecho hasta entonces inédito.

En este contexto de ebullición productiva inédita, de oportunidades reales de expansión, en 2011 el Poder Ejecutivo provincial ingresa un nuevo proyecto de fomento a la producción cinematográfica, que también toma estado parlamentario y luego queda sin efecto por falta de acuerdo dentro del sector audiovisual local, sobre los alcances del proyecto.

Ante esta nueva interrupción queda claramente expuesto hacia el interior de los grupos organizados y de los subsectores en mesas de discusión y coproducción, que el conjunto de sus actores no estaba preparado, maduro, política ni sectorialmente, para operar sobre sus propias necesidades, artísticas, sociales, financieras ni jurídicas.

Es en ese momento crítico que APAC -siempre bajo la lógica de fomentar y trabajar por las condiciones del audiovisual en el contexto de la Asociación- lee una oportunidad en la coyuntura política nacional y regional, en la propia fuerza del trabajo hecho y el camino recorrido, y propone la conformación de un ámbito formal y operativo para un reposicionamiento vigoroso y para la redacción de un texto de ley que contemplara una mayor amplitud en cuanto a géneros y formatos. Esto obedeció no sólo al espíritu inclusivo del colectivo. Es que -en un contexto mundial en plena transición que incluso analizaba la posibilidad de “apagones analógicos”- resultaba, aunque incipiente, muy prometedora la aparición de plataformas y nuevos consumos a través de servicios de streaming, de herramientas que ni siquiera se podían vislumbrar.

 

El campo audiovisual y el arte de consensuar

Es en esta riqueza de diversidad que se presenta el ADN de la Mesa, que hoy ejerce la representación para la regulación de la Ley en favor de la ampliación de derechos y beneficios para el sector, donde radica su amplia capacidad operativa y de consensos. Pero es también y a la vez, la fuente de los mayores desafíos en materia de gestión política en general y de las demandas singulares en particular.

A partir de la fallida sanción de 2011, se trabajó en una convocatoria amplia y en una laboriosa construcción de dispositivos de funcionamiento democrático. Acciones conjuntas de divulgación, capacitación y formación, de debate y puesta en común de intereses, la resolución de conflictos puntuales y de multiplicidad de caracteres, y sobre todo un empecinado ejercicio del consenso, dieron como resultado la conformación de la Mesa del Audiovisual: figura abarcativa e inclusiva de la que participan las entidades mencionadas y a la que oportunamente, no existiendo otros gremios afines legitimados, fue invitada la representación sindical local de actores que, sin llegar a sumarse orgánicamente, acompañó el proceso.

Hasta ese momento, las acciones no eran pocas pero sí difusas, atomizadas y concentradas en la discusión de inquietudes parciales pero internas. Sobre el trabajo concreto se logró leer el entorno, estudiar el comportamiento y las posiciones de los interlocutores del sector público y privado, y eso permitió abordar la demanda de políticas públicas de manera mucho más clara pero sobre todo, eficiente.

Paralelamente a la consolidación del colectivo, al diseño de mecanismos participativos y dispositivos apropiados, a la edificación de una cultura institucional compartida y representativa -con todas las dificultades que ofrece garantizar la igualdad sin negar las diversidades- las organizaciones, a través de sus voceros y portadores del liderazgo de cada una de ellas, integraron un equipo de entre cinco y diez personas que se abocaron a la tarea de recoger necesidades y requerimientos, condensarlos, y redactar las bases de una nueva ley que no cayera en el camino.

A partir de un único y potente interés común, el de poder vivir dignamente del trabajo, con continuidad y sin tener que apelar a “changas” y otros empleos para auto financiarse y tras un arduo, laborioso y por momentos extenuante camino, surgió el documento de ocho puntos básicos que posteriormente se convirtieron en el cuerpo de la Ley:

  • Declaración de Interés cultural.

2- Declaración como actividad industrial.

3- Empleo local: productores locales y mayoría de personal técnico y artístico cordobés.

4- Fondo de fomento concursable para el desarrollo, producción, co-producción y distribución.

5- Promoción industrial: incentivos impositivos y fiscales.

6- Creación de comisión de filmaciones provincial y fomento de la internacionalización.

7- Organismo de aplicación con consejo asesor integrado por las entidades representativas de la actividad audiovisual en Córdoba.

8- Financiamiento con fuentes de asignación directa.

Este consolidado expresado en apariencia de manera simple y escueta, es la síntesis final de un sinnúmero de ideas complejas, elaborada de manera tal que expresan con claridad y eficacia los objetivos conjuntos y una clara direccionalidad hacia una ley amplia y flexible, pasible de adaptarse y dar respuestas nuevas a los requerimientos que surgen continuamente de una industria tan dinámica como es la el audiovisual.

 

La construcción política: un factor determinante

Más allá de los antecedentes en términos de contextos y oportunidades ya mencionados en este apretado racconto, y a la luz de cambios de rumbo radicales –sobre todo a nivel nacional- respecto de las políticas públicas, tales como el desvanecimiento de la Ley de Medios, la desjerarquización del Ministerio de Cultura a la categoría de Secretaría y su consiguiente desfinanciamiento presupuestario y programático, es interesante poner a la luz la evolución -con un viento a favor inicial del contexto nacional que se fue diluyendo, pero que la provincia sostiene- del complejo entramado de interacción y alianzas estratégicas con representantes del poder político –no especialmente partidario- y legislativo, referentes sociales e intelectuales, sumado al conocimiento y estudio comparativo de leyes similares vigentes en Iberoamérica y Europa –innovando respecto de aquellos en el énfasis puesto en el desarrollo local- que allanaron el camino.

Otro eje estratégico importante de trabajo fue visibilizar al sector no sólo a través de la exhibición y circulación de productos acabados, sino también en su real dimensión como generador de empleo y potencial económico. Se hicieron campañas de difusión que incluyeron cortos en los que se veía no solo un afiche de película o la imagen de realizadores y protagonistas, sino a equipos completos de productores, técnicos, asistentes, y proveedores extras que participan de una producción. Una manera sencilla de representar algo que lamentablemente se conoce poco. Más allá de la actividad audiovisual, la economía cultural y creativa -incluyendo el empleo formal e informal- representa hasta el 4% del PBI en las economías regionales.

Entre 2008 y 2014, como resultado del trabajo en el territorio y de los aprendizajes, la organización hacia adentro de la Mesa había madurado y se había consolidado un contexto favorable a nivel nacional y provincial. Un trabajo meticuloso, casi artesanal de aproximación y sensibilización con representantes de comisiones legislativas pertinentes, funcionarios y candidatos a ocupar cargos ejecutivos al mediano plazo, dio sus frutos. Llegado el año 2015, año electoral, se presentó el proyecto de los ocho puntos a las tres fuerzas políticas que tenían chances electorales de administrar desde el Estado, y las tres incluyeron el proyecto de ley en sus plataformas. Un año después, la Ley sancionada entraba en proceso de reglamentación y en la actualidad se ejecuta el Tercer Plan de Fomento como la constatación de que el esfuerzo puesto en esta experiencia no solo favorece a un sector determinado, ni al desarrollo regional, sino que aporta y muy especialmente a la construcción de ciudadanía.

 

Una nueva era para el audiovisual. El polo, el consejo y los tipos de financiamiento.

En el año 2016, tras la promulgación de la ley provincial 10381, se crea el Polo Audiovisual Córdoba dependiente del Ministerio de Industria que, en articulación con la Agencia Córdoba Cultura (ACC), vincula los dos ámbitos de desarrollo natural de la actividad.

A partir de ese momento, el Polo pasa a contar con un Coordinador y Presidente del Consejo Asesor integrado por dos representantes por los productores audiovisuales de la provincia; uno por productores de videojuegos; uno en representación del ámbito sindical vinculado a la industria. Mientras que por el sector público intervienen: un representante por el Ministerio de Industria; uno por la ACC, y uno por el Ministerio de Educación; este último, incorporado a pedido de los legisladores durante el tratamiento de la Ley.

En septiembre de 2017, el Consejo Asesor aprobó el Primer Plan de Fomento. A comienzos de 2018 el Segundo y a fines de ese mismo año, el Tercer Plan que se encuentra vigente al momento de la sistematización de esta experiencia, en 2019.

El Plan de Fomento es una suerte de “paraguas general” que incluye diferentes instrumentos de fomento y promoción. Se distinguen a grandes rasgos los subsidios concursables no reintegrables y los llamados incentivos, que se otorgan a todos los proyectos que cumplan los requisitos y según disponibilidad presupuestaria.

Entre los primeros se implementaron concursos para el otorgamiento de subsidios no reintegrables en distintas etapas de desarrollo del producto audiovisual, como la fase de proyecto y la de producción propiamente dicha. Esta línea está disponible para proyectos de ficción, documental, animación y videojuegos. Para la fase de producción, pueden aplicar proyectos de ficción muy diversos en contenidos, géneros, formatos, estéticas narrativas y soportes. Es decir que incluye producción para cine, documental, contenidos televisivos y otras plataformas digitales.

También entre los subsidios no reintegrables hay una línea, diferente a la de los concursos, denominadas “incentivos”. A diferencia de los primeros, que se otorgan para cubrir un amplio espectro de proyectos concursados, la cantidad de proyectos beneficiarios como ganadores de subsidios, es relativo al presupuesto asignado y al tipo de proyectos, que se enfocan en las etapas de coproducción y postproducción. Para estos incentivos se prevén en esta primera instancia dos llamados anuales, pero en clara direccionalidad futura a la lógica del “flujo continuo” y sus consecuentes beneficios en términos de continuidad en la generación de empleo y otros impactos. Además, para esta línea, se fija un presupuesto asignado que el jurado está obligado a ejecutar a partir de montos mínimos y máximos entre los proyectos presentados y evaluados como aptos. Este criterio presenta una singularidad interesante ya que, a la hora de evaluar se ponderan -además de la calidad- otras variables de impacto económico para el desarrollo local. Es el caso, entre otros, de las coproducciones y en particular las interregionales e internacionales en las que existe la aportación previa como capital inicial de los participantes y una viabilidad financiera real sobre la que va a impactar el incentivo, atrayendo ocupación y empleo hacia la región. Los fondos para postproducción se destinan a productos ya realizados que necesitan de una inversión menor para finalizar la obra. De acuerdo a la cantidad de proyectos presentados, la ponderación de calidad, estado de avance y capital invertido previamente, se asignan los montos entre el mínimo y el máximo y de esa manera los proyectos con menos capital propio o con distintos grado de concreción, también tienen la chance de ser subsidiados parcialmente.

En la misma línea de los llamados incentivos, se encuentran los fondos para capacitaciones, de apoyo a la participación en festivales y muestras audiovisuales de distintos montos según la escala y la de apoyo al estreno, próxima a implementarse. El fondo de apoyo al estreno -destinado a facilitar un punto débil del sector como es la distribución- es francamente innovador. Los fondos destinados a gastos de lanzamiento, difusión, alquiler de salas y otros ítems se otorgarán, con la misma lógica, de acuerdo a la cantidad de proyectos en situación de poder estrenarse.

Otro instrumento de financiamiento vigente es el subsidio reintegrable –vigente desde el decreto de 2008 y que incorpora a la nueva Ley en articulación con el INCAA- que brinda un monto de dinero para proyectos que cuentan con la Declaración de Interés del Instituto. Consiste en el aporte por parte del gobierno de Córdoba de un monto a tasa cero para el rodaje, que luego el INCAA reintegra al Fondo provincial para reasignarse a un nuevo proyecto. En este caso no es menor el dato de la tasa cero, teniendo en cuenta la economía inflacionaria que afecta a los argentinos.

En términos de sustentabilidad y desarrollo local, y en contraste con otros programas y sistemas de subsidios, la Ley cordobesa contempla el financiamiento al mediano y largo plazo a través de la preservación de los derechos de explotación comercial de la obra que quedan en manos del productor y no del Estado que subsidia. Es decir que al no desvincular a los autores y realizadores de toda posibilidad de lucro, canon por reproducción, porcentajes por comercialización, etc, los beneficiarios de estos programas conservan sus derechos como presentantes para toda actividad comercial posterior al lanzamiento y presentación. Así, el Estado se convierte en un real promotor de la actividad sectorial como motor de la industria, permitiendo la capitalización de lo producido en términos económicos y financieros, y no como eterno patrocinador que obstaculiza el desarrollo de estrategias de sustentabilidad futura a los proyectos inicialmente subsidiados.

A partir de una propuesta de APAC a la que suscribieron el resto de las organizaciones y representantes del Consejo, se definieron cuatro ejes transversales que, a la hora de evaluar proyectos para distintas convocatorias del Plan, se consideren y otorguen mayor mérito y calificación para la premiación o subsidios, a aquellos que no sólo cumplan sino que superen las premisas y cupos definidos en las bases.

Estos ejes están ligados a superar la ocupación del 51% que se exige en la Ley en cuanto a mano de obra local, tanto artística como técnica, a la calificación de esos trabajadores en puestos de cabeza de área y otros rangos jerárquicos y a la equidad de género en cupo y valoración técnica y profesional en cada área técnica de producción. También se premia con mayor mérito a los proyectos que acrediten mayor cantidad de jornadas de rodaje en la provincia, y especialmente fuera del área metropolitana de su capital. En base a este mecanismo que de mínima condiciona y de máxima alienta a los presentantes a desarrollar políticas laborales, de género y de federalización, la Ley aporta a las buenas prácticas, a la equidad, el desarrollo económico y al bien común desde un estado embrionario tanto de los proyectos, como de una industria incipiente y en vías de expansión.

 

Beneficios en lista de espera. Arte y promoción industrial.

Para completar la promoción de la producción en el campo audiovisual como expresión cultural de los pueblos y como industria al servicio del desarrollo social y económico, en adelante restan implementar instrumentos imprescindibles, como la exención impositiva y líneas de crédito de capital de trabajo y compra de equipamiento que se canalizarían en convenio con el Banco de Córdoba y otros organismos de la provincia.

También aguardan en el tintero instrumentos de fomento orientados a lo netamente cultural. Por un lado los premios que se otorgarían desde la ACC a proyectos experimentales o ensayísticos vinculados a la identidad en diversidad, y en formatos alternativos y experimentales. El objetivo de estos premios es el de fortalecer -además del carácter netamente artístico y cultural- una especie de semillero creativo para artistas en formación o alternativos, que no deba regirse ni acotarse a los parámetros de producción a veces rígidos que impone la industria. Finalmente, se trabaja también en un programa de aportes reintegrables similares a los del INCAA pero orientados a la coproducción y con tasas subsidiadas.

 

La comisión de filmaciones. Oportunidades, servicios y desarrollo local

El soporte legal y financiero que aporta esta Ley y el proceso previo, le permitió a los productores del sector y a los propios gobiernos locales poder pensarse a escala global y a posicionarse en el contexto internacional desde la producción de contenidos cuya demanda es continua, diversa y creciente. Pensarse hoy en el contexto regional-mundial sin programas que fomenten la atracción de inversiones no es posible. En una industria cada vez más globalizada, la competencia por atraer producciones es altísima y requiere de mucho esfuerzo y creatividad de los Estados para lograr convertirse en un gran Polo de Producción real en la región.

En ese orden, la Ley contempla la creación de la comisión de filmaciones que es un instrumento que la industria desarrolla a nivel internacional. Se trata de una oficina cuyo objetivo es fomentar poblaciones y paisajes incentivando como potenciales locaciones de filmación. La oficina, a partir del registro de locaciones, también opera como central de registros y bases de datos de realizadores, técnicos, y elencos artísticos, productoras. Las empresas de servicios de asistencia a las tareas propias del audiovisual, también forman parte de esta gran base de datos: hotelería, gastronomía, oficios aplicados a los requerimientos de rodaje y el soporte técnico y logístico, son oportunidades para el desarrollo de las localidades y municipios que, como contrapartida y en articulación con la oficina, son luego los encargados de facilitar las actividades conforme a las autoridades y reglamentaciones propias de cada jurisdicción. La tarea de relevamiento, sistematización y armado de base de datos de una oficina de estas características, es una tarea de gran complejidad que demanda además el compromiso de los actores del sector y de los municipios para garantizar calidad y eficiencia ante la demanda nacional e internacional. A futuro se plantea ampliar estos relevamientos, completar un mapeo exhaustivo del sector a nivel provincial y nacional que facilite la lectura de oportunidades y coyunturas cambiantes.

 

La federalización: un horizonte permanente

El Polo Audiovisual, alentado por el Consejo Asesor, trabaja en la profundización del espíritu federal y de descentralización territorial provincial presente en el embrión de la Ley y el proceso que la impulsó. Como respuesta a la problemática de la producción históricamente concentrada en Buenos Aires este proyecto intenta desde la política de fomento, evitar replicar el mismo esquema centralizado ahora en la capital provincial. En este sentido, el Polo ha comenzado a facilitar la creación de centros regionales. En una primera etapa se ha concretado el centro de Animación de Unquillo y un Centro regional del Polo Audiovisual Córdoba en la ciudad de San Francisco y Departamento San Justo, como espacios de producción. En el caso de Unquillo y atendiendo a la complejidad y complementariedad de cada fase de la producción, se concentran los servicios y expertises necesarios para la integralidad de los proyectos de animación captados por desarrolladores cordobeses a nivel nacional en internacional bajo el concepto de coworking. El mismo concepto de trabajo cooperativo concentrado en un espacio físico compartido se desarrolla en San Francisco y alrededores, donde los emprendedores y productores encuentran los recursos necesarios para la realización, acompañados por el Polo. A futuro, estos centros se proyectan como “antenas” de la comisión de filmaciones. En la misma dirección se encuentran en desarrollo los centros de Villa María, Río Cuarto y otros.

 

Un problema para cada solución. El futuro. Aprendizajes y desafíos 

Las tensiones naturales que se generan entre intereses diversos -no necesariamente divergentes pero sí muchas veces dispares o asimétricos- de los actores que conforman la extensa cadena de agregación de valor homologado -en este caso al de las industrias más convencionales-, requieren de una continua disponibilidad de recursos para la atención y resolución de demandas particulares. Claramente no son las mismas necesidades, a nivel del apoyo que se plantean, y por sólo citar algunos ejemplos, un grupo de tesistas universitarios, una productora de cortos comerciales, un equipo de documentalistas o una empresa de desarrolladores de videojuegos o cada engranaje de la inmensa maquinaria que implica de la realización de un largometraje, desde un director, un artista en proceso de formación, hasta un equipo técnico o un estudio de postproducción, una productora y sus proveedores. Todos y cada uno de ellos presentan necesidades y demandas singulares.

Si bien el audiovisual es uno de los sectores más formalizados dentro del amplio espectro de las Industrias Culturales, existen problemáticas diversas entre diferentes actores. La representatividad gremial a través de diversos sindicatos, los convenios colectivos de trabajo, y las herramientas que aportan esta y otras leyes de fomento, mejoraron sensiblemente las condiciones laborales aunque no garantizan -por las características intrínsecas del modelo de producción- la continuidad presupuestaria y financiera, la estabilidad y continuidad en la demanda de mano de obra. Esta problemática es asimétrica en tanto no está en igualdad de condiciones un monotributista que una PyME, o un artista independiente, aunque todos están incluidos y activos en el sector. En ese sentido, también se hace necesario generar herramientas de diversa índole y en distintos ámbitos para -en el marco la Ley- se regularicen y protocolicen acciones tendientes a fortalecer la visión emprendedora y las actividades de distribución y comercialización a través de capacitaciones y espacios que amplíen el horizonte de expansión. En ese sentido, la experiencia previa a la puesta en marcha de la Ley y sus programas en ejecución, la articulación con experiencias y contactos a nivel internacional han insertado al audiovisual de Córdoba en el circuito mundial desde otro lugar, posicionando también a sus actores con una mirada -en términos de perspectivas- también aumentada. Robustecer el emprendedurismo desde la lógica de la industria y el desarrollo es quizás una de las claves para avanzar en este sentido. Si crece la actividad, crecen las oportunidades y se retroalimenta en un círculo virtuoso.

La incorporación de representantes de instituciones educativas y de formación académica, se trabaja sobre la posibilidad de corregir algunos de estos factores de conflicto y asimetría que en buena medida provienen de la superposición y multiplicidad de roles que generan tensiones tanto operativas como ejecutivas y simbólicas. A partir de la actualización de currículas y de la profesionalización, se intenta avanzar hacia la diversificación, y el desarrollo de contenidos específicos en las especialidades técnicas y artísticas que les permita a los profesionales técnicos y artísticos desarrollarse en lo personal, y también en el conjunto de trabajadores del sector desde un lugar más claro y eficiente a la hora de producir.

En otro orden de cosas, y atendiendo la sensibilidad concreta de algunos actores, se trabajó arduamente sobre el rol del Estado, los procesos, y los contenidos. El modelo productivo industrial -casi fordiano– de alguna manera termina impactando en los resultados artísticos en tanto condicionan tiempos y plazos de ejecución más rígidas que los tiempos creativos. Del mismo modo, conciliar las necesidades financieras, procedimentales e instrumentales de un artista emprendedor y una empresa, dar respuesta a una amplia gama de singularidades, sería prácticamente imposible a partir de un único instrumento. Frente a esto, desde APAC se ha alentado y sostenido el carácter de esta Ley como un marco regulatorio amplio y propicio para adaptarse y dar respuesta -ofreciendo todas las soluciones y alternativas posibles- a las particularidades propias de un sector dinámico en permanente transformación y expansión.

A propósito de esto, es interesante mencionar que esta Ley construida democrática y horizontalmente, garantiza la intervención del Estado en los procesos -que son correlativos a la cadena de producción de la industria- porque se trata de productos colectivos, realizados en fases y multidisciplinariamente desde el guion hasta la postproducción y la distribución, pero no en la definición de qué se cuenta ni en cómo se lo cuenta en términos narrativos, éticos, estéticos o ideológicos.

Preservando la diversidad expresiva e identitaria propias de políticas culturales participativas y descentralizadas, sensibilizando, y sumando permanentemente a nuevos “militantes” del campo audiovisual y, sobre la base de este largo camino recorrido con aciertos, errores y aprendizajes, siempre en proceso de mejora continua, desde APAC seguimos apostando al crecimiento y consolidación de la actividad. Con posiciones claras: el desarrollo de la industria, la construcción de ciudadanía, la participación y la ampliación de los Derechos Culturales.

Paola Suárez y Mariano Joaquín García

 

*Este artículo forma parte del libro «Cultura independiente Córdoba, un archivo que comienza«.

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