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Traducción: Emiliano Fuentes Firmani

 

En la inauguración del curso “En defensa de la sociedad”, Michel Foucault (2005) retomó un célebre aforismo del general Carl von Clausewitz(1) pero en sentido invertido: “…la política es la guerra continuada por otros medios” (Foucault, 2005, p. 22). La inversión anunció el desarrollo de la investigación de Foucault sobre la cuestión del poder, que aún produciría efectos notables en su obra. Afirmar que la política sería una guerra prolongada por otros medios implica descubrir un modelo tácitamente belicoso de gestión de la paz: la proposición en juego es que las relaciones de poder que definen la política son establecidas basadas en un desequilibrio de fuerzas que sólo se manifiesta plenamente en tiempos de guerra, cuando las armas asumen el papel de juez. En el incesante enfrentamiento de fuerzas que produce la política, entonces, “…siempre se escribe la historia de esa misma guerra, incluso cuando se escribe la historia de la paz y de sus instituciones» (Foucault, 2005, p. 23).

Rescatamos esta pista al inicio de este artículo con el objetivo de introducir su argumento central. Parece cierto que en los últimos años, la versión brasileña de las guerras culturales ha instalado campos de batalla en las redes sociales, en las manifestaciones callejeras e incluso las relaciones familiares; pero este fenómeno tal vez podría ser sondeado también en términos del funcionamiento corriente de las instituciones. Si tomamos en serio la idea de que la política es el arte de gestionar el desequilibrio de fuerzas, veremos que las intervenciones del Estado en el dominio de la experiencia que llamamos cultura dan acceso privilegiado a los síntomas de la guerra que informan nuestro tiempo.

El objetivo de este texto es la regulación del ámbito de la producción cultural por parte del gobierno federal en los últimos años, marcados por medidas arbitrarias y judicializaciones. Las investigaciones han demostrado que el gobierno de Bolsonaro se define no por la búsqueda de consensos, sino, por el contrario, por la producción permanente de crisis: es un modelo de gobernanza que adopta “el caos como método“ (Nobre, 2020, p. 18). En este sentido, al adoptar el conflicto como objetivo táctico, dicho experimento político eludiría los contornos específicos de la paz y la guerra, normalizando la excepción como un régimen de amenaza continua respecto del uso de la fuerza.

El objetivo de este artículo es, por tanto, indicar cómo el modelo de política cultural vigente en el gobierno federal busca reinsertar el desequilibrio de fuerzas “…en las instituciones, en las desigualdades económicas, en el lenguaje, incluso en el cuerpo de unos y otros” (Foucault, 2005, p. 23). Para ello, describimos el impacto de este espíritu beligerante sobre el financiamiento de convocatorias, proyectos y entidades culturales, detallando medidas que generaron controversia y pusieron a prueba el principio de libertad de expresión. Los elementos planteados permiten pensar en un cierto alineamiento entre valores neoliberales y neoconservadores: en el camino propuesto por Wendy Brown (2006), estaríamos asistiendo al encuentro entre dos formas de racionalidad que rechazan el igualitarismo, ideal profesado por las democracias modernas y hoy movilizado políticamente como un horizonte injusto.

Para discutir estos temas, organizamos el artículo en dos bloques principales. En la primera sección, debatimos cómo, en Brasil y los Estados Unidos de América, el surgimiento de la idea de guerra cultural está conectado con formas de disputa por los instrumentos del financiamiento público de las artes. En el segundo bloque analizamos las repercusiones tres acciones llevadas a cabo por el gobierno de Bolsonaro entre 2019 y 2021: la suspensión de la convocatoria de series en la televisión pública; la descalificación del plan anual del Instituto Vladimir Herzog para recaudar fondos a través de la Ley Federal de Incentivos a la Cultura; la politización del análisis de los proyectos presentados al mismo mecanismo con la suspensión de la evaluación de las propuestas que serían realizadas en ciudades que cumplieron con las medidas de lockdown(2).

Pretendemos mostrar cómo los discursos y gestos del gobierno federal, con respecto a los fondos culturales públicos, renuevan la noción del acto censurador. Con la eliminación del modelo de censura presente en el régimen militar a partir de la Constitución Federal de 1988, estudios recientes sobre las libertades de expresión han sugerido que los actos de censura se presentan hoy de manera más difusa, indirecta, sutil y heterogénea:

«…la censura ya no tiene un logo o un proceso burocrático legitimador como en el pasado; hoy se manifiesta a través de acciones legales, presiones económicas, acoso moral, actitudes políticas de iniciativa del Estado, pero disfrazado de protección, de política de comunicación, de defensa del orden social. Para identificarla necesitamos hacer uso de recursos interpretativos que permitan evidenciar la intención de silenciamiento de la oposición política, de la crítica y de la denuncia ideológica. Estudiar la censura es actualmente una tarea para los hermeneutas» (Costa; Sousa Junior, 2018, p. 29).

En un esfuerzo por interpretar tales regímenes post censura (Costa; Sousa Junior, 2018), constituimos el corpus de este artículo a través de la recopilación de decisiones judiciales, notas de organismos públicos, contenidos periodísticos y publicaciones en redes sociales, materiales que analizamos a partir de la sistematización de la teoría actor-red presentado por Venturini (2009). Se trata de una herramienta metodológica que privilegia el análisis de situaciones de confrontación tomadas como controversias, es decir, circunstancias en las que distintos estándares de juicio chocan en la disputa sobre un tema. Por lo tanto, buscamos detallar los argumentos movilizados por artistas, agentes gubernamentales y otros actores políticos en los conflictos que se desarrollaron como resultado de las medidas tomadas por la Secretaría de Cultura del gobierno federal.

La Cultura como Guerra

En términos históricos, el sistema brasileño de producción cultural resultó dependiente, sobre todo, de recursos públicos, dada la falta de una sólida tradición de filantropía o incentivo por agentes privados (Reis, 2019). Dos legislaciones basadas en la renuncia fiscal(3), creado a principios de la década de 1990 – la Ley Audiovisual y la Ley Federal de Incentivo a la Cultura – pretendían responder a este vacío e implementar un tipo de mercado de incentivos que haría corresponsable al empresariado nacional de la tarea de promover el circuito cultural.

Desde principios de la década de 2000, estos dos mecanismos –en particular, la Ley Federal de Incentivo a la Cultura, conocida popularmente como Ley Rouanet– han sido blanco de críticas por parte de agentes del sector cultural y del propio gobierno, debido a la concentración de recursos en la región Sudeste en un pequeño número de proponentes. Sin embargo, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) también vieron un aumento considerable de recursos movilizados por el sector como consecuencia del momento económico favorable y el crecimiento del mercado cultural en el país, resultante de la consolidación de mecanismos de incentivos (Fernandes; Oliveira, 2016).

Hace aproximadamente media década, sectores de la oposición comenzaron a utilizar este hecho para difundir la tesis de que la legislación de incentivos había sido creada por el PT, lo que provocó que aumentaran controversias en el ámbito jurídico, en la prensa y en las redes sociales. Al calor de la reciente radicalización política, la Ley Rouanet se convirtió en objeto de rechazo por parte de distintos grupos de identificación, como, por ejemplo, entre sectores del activismo ultraliberal. Partiendo de la suposición de que toda intervención del Estado en la realidad social es arbitraria, los partidarios de la premisa de que “el impuesto es un robo” (Rocha, 2019, p. 1) sostienen que el propio principio de la legislación en sí es defectuoso. Su argumento es que, como en cualquier mercado, el sistema de producción cultural debe basarse en la dinámica de la oferta y la demanda, sin contar con subvenciones estatales.

A este frente de críticas se suma otra fuerte oposición a la Ley establecida en el contexto de criminalización de la política, resultante de la Operación Lava-Jato, a través de insinuaciones e investigaciones sobre posibles beneficios para artistas simpatizantes del PT. La Operación Boca Libre, lanzada por la Policía Federal en 2016 para investigar el presunto desvío de recursos para fomentar la cultura, apoyó la instalación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), ese mismo año, en torno a la Ley Rouanet. Esta CPI pudo revelar, en términos de representaciones parlamentarias, un conjunto de perspectivas encontradas sobre la relación entre el Estado y el financiamiento cultural (Domingues; Paula, 2021).

Finalmente, un tercer eje de identificación contrastante con el mecanismo surgió del descontento de sectores conservadores con la circulación de producciones culturales sobre el tema de diversidades sexuales y de género. Desde 2017, la cancelación de exposiciones y espectáculos artísticos en varias regiones del país ha revelado la centralidad de la Ley Rouanet en las argumentaciones y conductas intimidatorias llevadas a cabo por formas innovadoras de activismo desde el ámbito conservador (Paula, 2020).

Así, tales sentimientos de antagonismo han denunciado como injusta la aplicación de recursos públicos en proyectos e instituciones culturales a través de dinámicas de acusación que están en sintonía con tres líneas semánticas que habrían agrupado a sectores de la sociedad brasileña en torno a las nuevas derechas: el antipetismo, los principios neoliberales y el conservadurismo moral (Messenberg, 2017). Nuevas menos por el contenido de sus demandas que por sus formas expresivas, estas derechas resultan de “…transformaciones recientes en la construcción de actores políticos, a las que las nuevas tecnologías contribuyen de manera central” (Chaloub; Lima; Perlatto, 2018, pág.9).

Podemos decir que el modo de operación que particulariza a las nuevas derechas en Brasil es parte de un fenómeno de resonancia global (Nagle, 2017; Rocha, 2019). A raíz de este proceso, los líderes políticos que surgieron de movimientos de derecha recientes, como Jair Bolsonaro, son tomados como expresiones de populismo digital. Siguiendo los términos de Ernesto Laclau, Cesarino (2019) piensa el populismo como una experiencia política forjada por el antagonismo entre pueblo y élite, así como la equivalencia entre líder y pueblo, relaciones asumidas desde una posición antisistema. En su versión digital, a esta dinámica se le sumaría una fantasía específica: la ausencia total de mediación entre representante y representado, resultante de la desinstitucionalización del discurso público, del desorden informativo y de la negación de procedimientos tradicionales de la política.

Estas limitaciones políticas y comunicacionales parecen ser pilares de la experiencia de la guerra cultural en Brasil. En la prensa general, esta expresión ganó popularidad después de ser usada en un artículo en el que Ortellado (2014) definió que “…la vieja polarización entre una derecha liberal que defendía meritocracia basada en la libre empresa y una izquierda que defendía intervenciones políticas para promover la justicia social” serían “no reemplazados, sino cada vez más subordinados a un nuevo antagonismo entre, por un lado, un conservadurismo punitivo y, por el otro, un progresismo integral”. A partir de este enfoque ampliamente difundido, el término comenzó a aparecer, sobre todo, en los medios corporativos para abordar una cierta intensificación de ideas que dividían a la sociedad brasileña entre posiciones progresistas y conservadoras, tras el trauma del impeachment de Dilma Rousseff.

Aunque es más o menos reciente en Brasil, la clave de las guerras culturales ha estado presente en el debate público estadounidense desde Culture wars: the struggle to define Americas, libro publicado en 1991 por el sociólogo James Hunter. La obra retrata diferentes controversias que dominaron la sociedad estadounidense en los años 1980, para proponer un diagnóstico: en lugar de cuestiones políticas clásicas –como la fiscalización sobre la renta, la desigualdad social o el desempleo–, los temas que más provocaban a los medios y a los movimientos sociales empezaron a referise a la homoparentalidad, el aborto, el currículo escolar, el uso de drogas recreativas, etc. Estas serían consecuencias directas de dos tendencias. Por un lado, los avances en el ámbito de las costumbres que resultaron de los movimientos civiles de las dos décadas anteriores; por el otro, la respuesta conservadora a través de iniciativas como Moral Majority, un grupo de presión compuesto por laicos y líderes religiosos que defendían la moral cristiana y que presagió el surgimiento de la llamada Christian Right en el parlamento estadounidense. La idea de guerra cultural encontró tal apoyo en la prensa estadounidense que fue incorporada por ésta para expresar la oposición entre sensibilidades políticas de ahora en adelante. Para Hunter (1991), fue, sobre todo, un guerra de identidad en el campo del discurso público, que tenía la intención de “definir América”, es decir, prescribir su esencia, su modelo ideal y el ethos a ser aceptado por todos los ciudadanos de esa época y de las generaciones futuras.

Vale la pena señalar que este fenómeno tuvo una conexión directa con la financiación de actividades culturales en Estados Unidos. Desde 1965, el país cuenta con un importante fondo público, llamado Fondo Nacional de las Artes (NEA), creada en el contexto de la Guerra Fría con el objetivo de impulsar las artes y consolidar la imagen de EE.UU. como una nación defensora de las libertades de expresión, en contraste con el autoritarismo de la ex Unión Soviética. Pero tales pretensiones fueron cuestionadas a finales de los años 1980, cuando las elecciones de la NEA se convirtieron en tema de controversia pública. Después de recibir 75 mil dólares de la NEA en 1987, una premiación artística del Southeastern Center for Contemporary Art, en Carolina del Norte, seleccionó la obra Piss Christ, una fotografía de Andrés Serrano que mostraba un crucifijo en un recipiente traslúcido lleno de orina del artista. Los problemas aparecieron cuando el reverendo Donald Wildmon, director de la American Family Association de Mississippi, inició una campaña pública contra el artista y la NEA: “…miles de ciudadanos con ideas afines de todo el país inundaron el Congreso con protestas. Wildmon pidió el despido del funcionario de la NEA responsable de aprobar los recursos de impuestos federales” (Baurlein; Grantham, 2009, p. 91, nuestra traducción). Otro caso emblemático fue el de una exposición del fotógrafo Robert Mapplethorpe que mostraba imágenes de contenido homoerótico y había recibido 30.000 dólares de apoyo de la NEA. Los parlamentarios conservadores presentaron propuestas de modificación de la Ley que regula la NEA con el objetivo de vetar las subvenciones a cualquier tipo de arte “obsceno e indecente” (Baurlein; Grantham, 2009, p. 94, nuestra traducción).

En el escenario brasileño reciente, la radicalización de posiciones políticas ha convertido los incentivos estatales a la cultura en uno de los frentes a través de los cuales los sectores de derecha buscan “moralizar” el discurso público. Uno de los casos más representativos ocurrió con la clausura de la exposición Queermuseum, en respuesta a las críticas de grupos que consideraban que las obras toleraban la pedofilia, la zoofilia y la blasfemia. Con la politización del incentivo a la cultura entre los agentes de derecha, términos como “boquinha” y “mamata” se volvieron ampliamente utilizados en referencia a la Ley Rouanet, en memes y piezas propagandísticas de la campaña de Bolsonaro en 2018. En las redes de apoyo al presidente, se movilizaron expresiones como una forma de denunciar lo que sería “…la verdadera razón detrás de la oposición de una parte importante de la clase artística y de los grandes medios de comunicación al nombre de Jair Bolsonaro (Cesarino, 2019, p. 544). En la siguiente sección, analizamos casos empíricos, buscando arrojar luz sobre la tenue relación entre financiamiento cultural, la libertad de expresión y la censura.

El desequilibrio de fuerzas

Varios impases han marcado el desarrollo de las actividades culturales por el gobierno federal desde que Jair Bolsonaro asumió el cargo. Entre ellos, seleccionamos tres casos porque parecen ser ejemplares de los límites entre política y la guerra en el contexto de la gestión cultural. Aunque centradas en recursos de diferentes fuentes –Fondo del Sector Audiovisual (FSA) y Ley Rouanet–, las situaciones son indicativas de la misma dinámica de administración de fondos públicos.

Consejo Superior de Ancine y Convocatorias

Una de las primeras disputas entre el gobierno de Bolsonaro y agentes del sector cultural tuvo lugar en julio de 2019, cuando el Decreto N° 9.919 cambió la composición del Consejo Superior de Cine y transfirió su estructura de la Secretaría Especial de Cultura a la Casa Civil, un órgano directamente subordinado al presidente. El Consejo es el organismo responsable de definir la política cinematográfica nacional y controlar sus efectos en el mercado cinematográfico. Sin embargo, según el Decreto, el número de escaños reservado a los representantes de la sociedad civil y de la industria del sector se reduciría, con el fin de garantizar un mayor control de los agentes gubernamentales sobre las decisiones.

En medio del debate suscitado por el Decreto y las aprensiones del mercado del cine sobre las intervenciones del gobierno federal, el entonces Ministro de Ciudadanía, Osmar Terra, responsable de la cartera que albergaba la Secretaría de Cultura, firmó la Resolución N° 1.576/2019, que suspendió la Convocatoria  para las TVs públicas. El  proceso selectivo se había lanzado en marzo de 2018, todavía bajo el gobierno de Temer, y se esperaban recursos del FSA, mecanismo de fomento gestionado por la Agencia Nacional de Cine (Ancine). En el texto, la suspensión fue justificada “[…] por la necesidad de recomponer los miembros del Comité de Gestión del Fondo del Sector Audiovisual – CGFSA” (Brasil, 2019ª, p. 30). Sin embargo, el presidente había anunciado, en una transmisión en Facebook cinco días antes de la publicación de la Resolución, que no permitiría la financiación de cuatro series de temática LGBT aprobadas para la segunda fase de la convocatoria, según los resultados preliminares ya publicados. Según Bolsonaro, “…fuimos a Ancine a buscar películas que estuvieran listas para que sean captados [sic] recursos en el mercado” (Bolsonaro, 2019 ap. Soto, 2019). En realidad, los proyectos recibirían financiación directa de Ancine. “Es dinero desperdiciado. No tiene sentido hacer una película con este tema” (Bolsonaro, 2019 ap. Soto, 2019), afirmó el presidente, en referencia a los proyectos Afronte, Transversal, Religare Queer y El sexo reverso.

La situación ilustra la táctica del populismo digital de crear la ilusión de una ausencia de mediación entre la voluntad de los representados y las decisiones del representante. Anticipada en las redes sociales antes de traducirse en un acto administrativo, la intención del presidente era establecer “filtros” sobre la producción cultural, como declaró sobre el Consejo Superior de Cine: “…la cultura llega a Brasilia y tendrá sí, un filtro, ya que es una agencia federal. Si no hay filtro, eliminaremos Ancine. Privatizaremos o eliminaremos” (Bolsonaro, 2019 ap. Brant, 2019).

Respondiendo a las presiones de artistas y profesionales vinculados a la industria del sector audiovisual, la Red Sustentabilidad interpuso, ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la Acción por Alegación de Incumplimiento de Preceptos Fundamentales (ADPF) nº 614, con el fin de impugnar la Resolución y el Decreto. La relatora de la Acción, la ministra Cármen Lúcia, dispuso la realización de la audiencia pública “Libertades públicas de expresión artística, cultural, de comunicación y derecho a la información”, en noviembre de 2019, al que fueron invitados varios representantes del sector artístico y de la producción cultural. Según declaraciones del actor Caio Blat,

…la censura volvió peor que la del 64 y la del 68, porque esa era declarada, era institucional; y, ahora, lo que se está haciendo es una limpieza ideológica velada y tratando de excluir a los más débiles de la sociedad, intentando excluir la diversidad de lo que decimos. Al intentar eliminar a las minorías de una convocatoria pública ¿Se excluirán a las minorías de una convocatoria? ¿De qué sirve una convocatoria pública, si no es para distribuir justicia, distribuir igualdad, distribuir la oportunidad de representación a todos en este país? (Brasil, 2019b, p. 77, subrayado nuestro)

Reafirmando la necesidad de “distribuir la igualdad”, la comunidad artística presente en la audiencia alegó no sólo el regreso de la censura, sino también la sutileza de sus métodos: el gobierno federal utilizaría actos supuestamente técnicos para disfrazar su autoritarismo, como en el caso de la Resolución n° 1.576/2019. La suspensión del proceso selectivo culminó con la destitución del Secretario Especial de Cultura, Henrique Pires, quien dijo a la prensa: “No apoyaré la censura” (Mazui; Garcia, 2019).

Con base en el testimonio del ex secretario y los discursos del Presidente de la República, que evidenciaron la intención persecutoria, el Ministerio Público Federal (MPF), en una Acción Civil Pública (ACP), le imputó un acto de improbidad administrativa y censura al ministro Osmar Terra. El MPF afirmó que, a pesar de la justificación presentada, “…la verdadera motivación del acto consistió en una discriminación basada en la valoración individual del Titular del Poder Ejecutivo sobre el mérito y valor cultural de proyectos relacionados con la temática LGBT” (Ministerio Público Federal, 2019, págs. 33-34).

Como se puede observar, en la disputa por versiones sobre libertad de expresión y censura, el MPF y el STF están ocupando posiciones destacadas, ya que la judicialización de la política coincide con la ampliación de las zonas de influencia de los tribunales, que pasan a liderar las negociaciones en general. reservada para fines legislativos y ejecutivos (Vallinder, 1995).

Ante obstáculos legales, el Decreto N° 9.919/2019 fue revocado en noviembre de 2020 por parte del presidente, así como la publicación del resultado final de la convocatoria para las televisiones públicas. Los cuatro proyectos mencionados en la transmisión de Bolsonaro en Facebook no estaban entre los dieciséis seleccionados. Al momento de escribir este artículo, la ACP interpuesta por el MPF contra Osmar Terra aún se encuentra en trámite en el Tribunal Federal. La acción interpuesta por la Red Sustentabilidad en el STF concluyó en abril de 2021, cuando la ministra Cármen Lúcia juzgó la pérdida de su objeto, ya que las dos medidas que estaban dentro de su alcance – el Decreto referente al Consejo Superior de Cine y la convocatoria de Ancine – habían llegado a un resultado. Por lo tanto, el STF se centró únicamente en la formalidad del proceso de selección de proyectos para la TV pública, analizando la suspensión de la convocatoria y no su contenido, es decir, qué proyectos fueron seleccionados y las motivaciones detrás de esas elecciones.

Instituto Vladimir Herzog

A inicios de 2021 y luego de ser aprobado por el área técnica, el área administrativa de la Secretaría de Cultura rechazó, por primera vez en diez años, la autorización para recaudar fondos para el Plan Anual del Instituto Vladimir Herzog (IVH) a través de la Ley Rouanet. El Instituto fue creado en 2009 por los familiares y amigos del periodista asesinado en 1975 por el régimen militar con el objetivo de promover “…la defensa de los valores de la Democracia, los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión” (Instituto Vladimir Herzog, 2021). El proyecto preveía, para 2021: el mantenimiento del Instituto, incluyendo su estructura física y recursos humanos; el mantenimiento y actualización de la web Memórias de la Dictadura; la publicación de libros y la celebración de premios y eventos como círculos de conversación y talleres. La evaluación, firmada por el Secretario de Promoción e Incentivo a la Cultura, André Porciuncula, afirma que el Plan Anual del IVH “…va más allá de las actividades cubiertas por la ley, siendo utilizado para fines distintos a los estrictamente culturales” (Brasil, 2021, pág. 9). Según el secretario, la propuesta fue rechazada porque “…no hay prueba de que el dinero recaudado vaya a ser utilizado dentro del bien cultural” (Brasil, 2021, p. 9). En la evaluación, Porciuncula destaca que, según la Ley Rouanet, sólo los proyectos de carácter cultural y artístico pueden beneficiarse del incentivo y que el Instituto también realiza actividades periodísticas, citando la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del IVH. para confirmar su argumento.

De acuerdo con la Instrucción Normativa (IN) del Ministerio de Ciudadanía nº 2, de 23 de abril de 2019, que establece los procedimientos para la financiación de proyectos culturales a través de la Ley Rouanet, los planes anuales o plurianuales podrán ser propuestos por una persona jurídica sin fines de lucro que presente la CNAE referente al área cultural en su inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ). La tarjeta CNPJ del citado Instituto muestra la actividad principal CNAE nº 94.93-6/00, refiriéndose a actividades de organizaciones asociativas vinculadas a la cultura y el arte. Además, las actividades secundarias están registradas bajo el CNAE nº 90.02-7-01. -actividades de artistas visuales, periodistas independientes y escritores; y CNAE nº 58.11-5-00, edición de libros. Clasificaciones que aparecen en el Anexo VII de la IN nº 2/2019 como referidas al área cultural. No existe ninguna restricción de financiación en la Ley Rouanet ni en la IN nº 2/2019 para las personas jurídicas que también dispongan de una CNAE para actividades sin referencia a la cultura o, por el contrario, una cláusula que obligue a calificarla como “únicamente actividad cultural”, como afirmó el Secretario de Cultura Mário Frias (2021) en apoyo a Porciúncula. La justificación presentada para la desaprobación del proyecto sugiere así una acción arbitraria contra la Institución, conocida por posicionarse en contra de las agendas del Presidente de la República.

En abril de 2021, los parlamentarios(4) del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) pidieron al MPF investigar la conducta del Ministerio de Turismo(5), la Secretaría Especial de Cultura y la Secretaría Nacional de Promoción e Incentivo a la Cultura, en los procesos de evaluación de proyectos registrados en la Ley Rouanet. Los parlamentarios solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) iniciar un procedimiento para determinar si existe un desvío en la interpretación del gobierno de Bolsonaro respecto de la aplicación de las normas de la citada ley que crea criterios para la aprobación o rechazo de proyectos propuestos por los agentes culturales. Hasta la conclusión de este artículo no había una posición de la PGR sobre el caso.

Lockdown y Ley Rouanet

En marzo de 2021, la Secretaría Nacional de Promoción y Financiamiento de la Cultura emitió la Resolución N° 124, que suspendió, por quince días, el análisis de proyectos culturales cuyos sitios de ejecución estuvieran ubicados en ciudades o estados con medidas de restricción de circulación durante la pandemia, como el lockdown. Adoptada por gobernadores y alcaldes para contener la propagación del coronavirus, la medida dio lugar a numerosos enfrentamientos entre el gobierno nacional y otras entidades federativas ante la politización de las acciones para combatir la pandemia. Activo en las redes sociales, el Secretario Nacional de Promoción y Financiamiento de la Cultura, André Porciuncula (2021), reforzó la motivación política de la decisión: “No entiendo, ¿no hay que quedarse en casa? ¿Cómo quieren que aprobemos propuestas que generan aglomeración?”

Parlamentarios de partidos como Cidadania, Partido Comunista de Brasil (PCdoB), Partido Democrático del Trabajo (PDT), PSOL y PT presentaron en la Cámara el Proyecto de Decreto Legislativo (PDL), solicitando la anulación de la Resolución Nº 124. Las PDL se utilizan, entre otras posibilidades, para detener actos normativos del Poder Ejecutivo que excedan la potestad reglamentaria o los límites de delegación legislativa. Con la repercusión negativa, la Secretaría de Cultura emitió una nota oficial informando que los eventos online, por ejemplo, seguirían siendo analizados y la Resolución sólo se aplicaría a proyectos que requirieran interacción cara a cara con el público, pero, que debido a las medidas de restricción, sería imposible de ejecutar.

En la disputa sobre las narrativas sobre el confinamiento, el gobierno federal pareció reafirmar el desequilibrio de fuerzas al utilizar la gestión de mecanismos de financiación cultural como una forma de posicionamiento político. Cuarenta días después de su publicación, la Resolución N° 124 fue derogada por la Resolución N° 210, que dispone los criterios de priorización del análisis de propuestas en razón de los efectos de la pandemia, incluidas propuestas que no impliquen reuniones presenciales de personas.

Algunas de las derivaciones de las controversias descritas pueden sugerir “retrocesos” por parte del gobierno federal en relación con medidas impugnadas política y judicialmente, como lo ejemplifican las derogaciones del Decreto N° 9.919 y la Resolución N° 124. Sin embargo, esta dinámica de proponer y suspender las medidas legales en el seno de la Secretaría de Cultura parecen tener una racionalidad propia que coopera a incrementar las inestabilidades del mercado cultural en el país, caracterizada debido a la fragilidad de sus bases institucionales. Esta posible intencionalidad en el establecimiento de crisis fue objeto de una Alegación de Incumplimiento de Preceptos Fundamentales (ADPF) propuesta por la Asociación de Abogados de Brasil (OAB). La ADPF, bajo consideración del STF al momento de escribir este texto, señala los casos de la Convocatoria de TV Públicas y del Instituto Vladimir Herzog como ejemplos de actos análogos a la censura perpetrados por agentes del Poder Ejecutivo. Como consecuencia de este escenario, la introducción de “filtros” en el acceso a fondos públicos y mecanismos de desarrollo pone en riesgo las perspectivas de empleo e ingresos en el sector, haciendo que los márgenes para el ejercicio de las libertades de expresión sean cada vez más monitoreados en el país.

Consideraciones finales

En el Brasil reciente, la acción arbitraria de los órganos reguladores del sector productivo cultural expone nuevas reglas de funcionamiento en el campo, implementadas por el espíritu de “guerra” que marca la administración Bolsonaro: los actores considerados enemigos en tal batallas – como contenido con temática LGBT, instituciones contrarias a las dictaduras militares o entidades federales con políticas públicas que se oponen a la agenda del gobierno nacional – pueden estar sujetas a restricciones en la búsqueda de financiamiento. En este contexto, el horizonte de realización de las libertades de expresión también puede verse afectada por la forma en que los agentes culturales – artistas, productores o instituciones – se les insta a internalizar la lógica de la post censura. Esto se debe a que, si los actos de censura hoy no se configuran de manera homogénea y unificada, y muchas veces pueden verse como casos aislados, “…el recelo, el miedo y la precaución se diseminan y promueven, como [en] la censura clásica, la autocensura” (Costa; Sousa Junior, 2018, p. 33).

Los casos descritos ejemplifican la instalación de un régimen de control de los fondos públicos erguido sobre el desequilibrio de fuerzas que caracteriza la experiencia de la guerra. En él, los actos administrativos del Ejecutivo – resoluciones, suspensiones, decretos, etc. – cumplen la función de un arma, cuya neutralización ha sido responsabilidad del Poder Judicial, provocada por actores de la oposición. Frente al campo de batalla que caracteriza el flujo actual de las instituciones oficiales en el campo de la cultura, es posible seguir la pista de Nunes (2020): la idea de que estamos experimentando una “polarización” contribuye a que los imaginarios de extrema derecha –incluidos los actos de censura–. y el negacionismo histórico y científico – sean normalizados en discurso público, como si, del otro lado, hubiera posiciones radicales de izquierda. Si es cierto que estamos viviendo una guerra cultural, la discordancia entre los instrumentos de acción política no parece describirse satisfactoriamente con la clave de la simple polarización. Los marcos legales que regulan la distribución de los recursos federales resultaron del compromiso de la Nueva República de estructurar un mercado cultural en el que diferentes expresiones creativas encontraron formas de promoción, circulación y preservación; horizonte contra lo cual parecen levantarse los “filtros” de la gestión de los fondos culturales por parte del gobierno de Bolsonaro. Negándose a “distribuir justicia”, los actos del gobierno apuntan a la negación del ideal de igualitarismo que inspiró la propia formalización de la cultura como ámbito institucional del Estado durante la redemocratización (Domingues; Paula, 2021). Para Brown (2006), el alejamiento en relación a la idea de igualdad entre todos los ciudadanos es lo que ha permitido el creciente alineamiento entre premisas neoliberales y neoconservadores, fundamentando la crítica de ambas racionalidades a las intervenciones estatales que apuntan a concretización de este antiguo ideal de las democracias occidentales. Los fondos públicos, las libertades de expresión y las mediaciones estatales pueden entonces ser tomados como piezas de la historia del igualitarismo moderno, cuya actuación policial es un síntoma de los intereses y concepciones de justicia que actualmente guían a sectores del gobierno y de la extrema derecha en Brasil.

Notas

  1. En términos de Clausewitz, “la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios” (Foucault, 2005, p. 22).
  2. El término en inglés, traducido como “confinamiento”, describe el protocolo de aislamiento social adoptado por municipios y estados brasileños durante la pandemia de Covid-19 que restringió el movimiento de personas.
  3. La lógica de dicha legislación se basa en la aprobación previa de los proyectos por parte del órgano competente del gobierno federal, lo que da a los proponentes la posibilidad de recaudar fondos de patrocinadores, ya sean personas físicas o jurídicas. Estos importes podrán representar la deducción de una parte del impuesto sobre la renta adeudado por los patrocinadores en el año siguiente a la formalización del incentivo.
  4. Los parlamentarios fueron Áurea Carolina (MG), Talíria Petrone (RJ), David Miranda (RJ) y Sâmia Bomfim (SP).
  5. La Secretaría de Cultura fue transferida al Ministerio de Turismo en mayo de 2020.

Artículo inlcuido en el especial «Financiamiento y fomento de la Cultura» de la Revista Gestión Cultural. Oríginalmente públicado en Políticas Culturais em Revista, v. 15 n. 1 (2022): Dossiê – Guerras culturais: políticas em confronto

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