La crisis de la Cultura en Jalisco durante el gobierno de Enrique Alfaro

COVID-19, violencia y crisis institucional

La gobernanza cultural en Jalisco se aprecia frágil, con pocos espacios efectivos de interlocución entre la sociedad y el gobierno, una participación ciudadana y gremial poco organizada, la ausencia del sector académico en debates sustanciales, la falta de visión de los municipios en cuanto al papel de la cultura para el desarrollo local, el desprestigio de organismos de participación como el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA), el desinterés del legislativo, y un proyecto de desarrollo de la industria creativa basado en la especulación. Es bajo esas condiciones que la coyuntura de la crisis sanitaria y de violencia en Jalisco ha mostrado al estado rebasado en sus capacidades para cumplir con el mandato constitucional de garantizar los derechos culturales de todas las personas, así como la poca flexibilidad de las instituciones culturales para responder a estas problemáticas complejas.

Ante el brote de COVID-19 el poder ejecutivo y legislativo respondieron con un ajuste presupuestal que sólo vino a agravar la ya precaria situación del gremio cultural y artístico y a desproteger aún más a las comunidades culturales. En ese contexto y frente al silencio de la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ) es que diversos agentes culturales, la mayoría del Área Metropolitana de Guadalajara, se vieron en la necesidad de auto convocar a un proceso de diálogo y organización gremial emergente para plantear una agenda común en torno a la crisis de COVID-19 y los derechos culturales. Desde la Red Independiente de Agentes Culturales de Jalisco (RIAC), se impulsaron numerosas mesas de trabajo y un autodiagnóstico para reconocer los impactos económicos de la pandemia en el sector cultural. Este diagnóstico fue entregado el 30 de septiembre de 2020 a quienes en ese momento ocupaban la titularidad de la SCJ, la presidencia de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del congreso local y la presidencia del CECA. Todas las partes firmaron un compromiso con la RIAC para trabajar en una agenda de dos puntos:

1. Promover acciones para la recuperación del sector cultural y la protección de los derechos culturales en el Estado de Jalisco frente a las condiciones sanitarias, económicas y sociales derivadas del brote de COVID-19, considerando:
   1. la reactivación del sector cultural y el sostenimiento de los emprendimientos y espacios culturales;
   2. la protección del ingreso y la regeneración del empleo cultural;
   3. la regeneración del tejido social y el fortalecimiento de los procesos culturales comunitarios.
2. Promover un proceso de innovación pública y de armonización legislativa para el reconocimiento, protección y promoción de los derechos culturales de todas las personas y de los derechos sociales y económicos de las personas trabajadoras de la cultura en el Estado de Jalisco, considerando:
   1. el fortalecimiento de la gobernanza cultural democrática en el Estado de Jalisco y sus municipios;
   2. la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras de la cultura y el acceso a la seguridad social.

Si bien la SCJ avanzó en algunos de estos compromisos, fue notorio como otros gremios (hoteles y restaurantes, centros nocturnos, recintos feriales y grandes espectáculos, etc.) pudieron reabrir sus espacios de trabajo con mayor rapidez y contaron con mayores estímulos económicos para volver a operar.

El diálogo entre la RIAC y la SCJ se detuvo en octubre de 2020 cuando llegó la noticia sobre la propuesta del ejecutivo para recortar 221 millones de pesos al sector Cultura en el Proyecto de Egresos 2021. La Comisión de Cultura, Educación y Deporte no se entretuvo en revisar y discutir la propuesta que implicaba la desaparición del Fondo Jalisco de Animación Cultural, un recorte de dos terceras partes a las casas municipales de cultura, una reducción del 77 por ciento al presupuesto de las orquestas infantiles y juveniles (Ecos) y del 50 por ciento a los fondos concursables para el estímulo a la producción y circulación cultural (Proyecta). El 10 de diciembre de 2020, día de la votación en el pleno, la RIAC celebró una importante manifestación en la Plaza Liberación que llamó la atención de casi todos los medios locales para alertar sobre el recorte más grande en los 28 años de existencia de la SCJ. En el recinto legislativo apenas se escuchó la voz de una diputada en contra del proyecto, ante lo cual el coordinador de la bancada del partido Movimiento Ciudadano se apresuró a tomar el micrófono para decir “yo rescato que en las decisiones que estamos tomando […] pudimos destinar 20 millones de pesos para seguir impulsando el Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara, entonces creo que podemos estar todos con la conciencia tranquila”. El costo político de recorte fue la inevitable renuncia de Giovana Jaspersen, primera titular de Cultura de la administración de Enrique Alfaro, quien en una carta de motivos dirigida al gobernador expresó la imposibilidad de seguir de manera digna en el puesto considerando la crisis en el sector y el histórico recorte presupuestal.

Otra crisis enfrentaba el estado en ese momento, la de la violencia y el desmoronamiento de la credibilidad de las instituciones de seguridad. Luego de los hechos ocurridos el 4, 5 y 6 de junio de 2020, en el que elementos de la Fiscalía de Jalisco desaparecieron a decenas de manifestantes, y a partir de las observaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Gobierno de Jalisco se vio obligado a establecer un diálogo con un grupo de víctimas para establecer mesas de trabajo en las que se revisara el modelo de seguridad pública en Jalisco y se avanzara hacia un modelo de seguridad ciudadana con perspectiva de derechos humanos. Por petición de las víctimas, una de las mesas estaría enfocada en trabajar propuestas desde el arte, la cultura y la filosofía para la construcción de paz y la prevención de las violencias. Estas propuestas, elaboradas por especialistas, funcionarios públicos, representantes de organizaciones sociales y de la academia, fueron entregadas al ejecutivo y al legislativo el día 12 de abril de 2021 en el Palacio de Gobierno. En el presídium se encontraba Susana Chávez, encargada de despacho de la SCJ, quien en ese momento tenía su agenda orientada a la reactivación de los espacios culturales y a la entrega de despensas para ayudar a cientos de agentes culturales afectados por el hambre y la desprotección social.

El equipo de la SCJ y de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC) prometieron dar seguimiento al decálogo de propuestas entregadas como parte de los compromisos por los “1000 Días por la Seguridad Ciudadana”, sin embargo, muchas de estas propuestas quedaron fuera de la planeación y del presupuesto en 2021. Entre las propuestas olvidadas destacan la articulación de una red de organizaciones culturales comunitarias (Puntos de Cultura) y la capacitación a agentes culturales y grupos vecinales en técnicas de mediación y animación sociocultural (Agentes de Paz). Con la llegada de Lourdes González a la SCJ se avanzó en el fortalecimiento del programa Ecos y el impulso a las políticas culturales de base comunitaria a través de la restitución del Fondo Jalisco de Animación Cultural. Por su parte, el legislativo no ha mostrado mayor interés en el cumplimiento de estos compromisos con la ciudadanía, pues queda pendiente la discusión para la creación de un estímulo fiscal y un fideicomiso para promover la cultura de paz a través del arte, la cultura y el deporte.

Un acierto de Giovana Jaspersen, además de promover un Programa Estatal de Cultura con perspectiva de derechos, fue reconocer que las políticas culturales, la legislación cultural y el funcionamiento de las instituciones públicas de cultura en el estado requerían de una profunda revisión. Es por ello por lo que en 2019 la SCJ estableció un convenio con el British Council en México, institución que en los últimos años ha promovido el fortalecimiento de la gobernanza de las organizaciones culturales y el impulso de las empresas creativas. El convenio tuvo como objetivo la realización del proyecto Innovación para la Cultura, el cual estaría dividido en tres etapas: (1) la realización de un diagnóstico sobre el estado actual de las políticas culturales en Jalisco, (2) el desarrollo de propuestas de cambios en la política cultural, (3) el desarrollo de propuestas de cambios en la legislación cultural. Luego de la primera etapa, y con el cambio de titularidad en la SCJ, el proyecto paró y finalmente fue cancelado al no renovarse el convenio.

Lamentablemente la normatividad local está desfasada del marco jurídico internacional. Si bien el Programa Estatal de Cultura reconoce derechos culturales y señala las necesidades más apremiantes, las políticas locales no cuentan con un marco legal que les permita transversalizar y descentralizar las actividades, presupuestos, procesos de gestión y la toma de decisiones, no sólo para la atención de las diversas necesidades de un sector de artistas y agentes culturales auto reconocidos, sino para garantizar los derechos culturales de todas las personas en un contexto de desigualdad agravado por la violencia y la reciente emergencia sanitaria. Si bien la nueva titular de la SCJ ha respondido a la urgencia de los gremios por reactivar al sector y restituir los servicios culturales públicos, el problema de fondo sigue ahí, la crisis de gobernanza que afecta la democracia cultural y el ejercicio de derechos.

Perspectivas del desarrollo cultural en el gobierno de Enrique Alfaro

El 28 de mayo de 2018, el entonces candidato a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro, prometió a la ciudadanía un nuevo sistema de cultura con menor burocracia, mejores esquemas de mecenazgo empresarial, amplios beneficios fiscales a emprendedores de las industrias creativas, descentralización de las actividades culturales, posicionamiento de Guadalajara como Capital Cultural de Latinoamérica y orientar por lo menos el 1 por ciento del presupuesto del gobierno estatal hacia las políticas del sector Cultura. Con el programa Cultura Cardinal se ha avanzado un poco en la descentralización, así como en el posicionamiento Guadalajara como capital cultural, sin embargo, la mayoría de las promesas del actual gobernador se han quedado sin cumplir.

El recorte presupuestal justificado por la pandemia, el cambio de titularidad en la SCJ, el desinterés de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en el congreso, la salida de consejeros del CECA, la falta de coordinación con la Secretaría de Cultura del gobierno federal y en general la falta de espacios de observancia, participación y diálogo intersectorial, han promovido el incumplimiento de las promesas de campaña y sobre todo la desatención del sector cultural y de la agenda de derechos culturales. A pesar de ello la SCJ logró plasmar en el Programa Estatal de Cultura Visión 2024 una mirada mucho más amplia sobre la cultura y el desarrollo sostenible y sobre la responsabilidad del Estado en la garantía de derechos culturales, esto en comparación con el Plan Estatal de Cultura 2013-2018.

El fin de la cuarentena y la llegada de Lourdes González a la SCJ generó una sensación de optimismo y tranquilidad a buena parte del sector cultural. Se entiende que su gestión esté enfocada en mejorar el funcionamiento de la SCJ, impulsar la reactivación del sector y descentralizar las actividades y programas culturales, prioridades que además de atinadas están ayudando a recuperar la confianza y la cercanía con los gremios. Presupuestalmente, en 2022 se recuperaron los fondos de las Casas de Cultura, el fondo Proyecta, el apoyo a la infraestructura cultural municipal, además de una inyección de recursos públicos y privados para el programa Ecos y la OPD que maneja las galerías y museos del Gobierno de Jalisco.

Lourdes González y su equipo están probando y lanzando nuevos programas que tal vez no cuentan todavía con mecanismos administrativos y operativos adecuados, o con presupuestos suficientes para el logro de los objetivos que se plantean, pero que definitivamente están apuntando hacia áreas de política cultural que estaban descuidadas o que simplemente no se reconocían. Este nuevo repertorio de programas se nutrió además de los aportes vertidos en diversas mesas de trabajo que la SCJ celebró a nivel regional para acompañar el proceso de construcción e instalación de las cinco estaciones de la estrategia de descentralización Cultura Cardinal.

Entre estos nuevos programas destaca el Laboratorio de Economías Creativas y su convocatoria Laboratorios Móviles a través de la cual se busca apoyar el desarrollo de 25 emprendimientos culturales fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, ofreciendo capacitación y un pequeño estímulo económico para cada proyecto beneficiado. Otra iniciativa para destacar es la convocatoria Cuentos Artesanales que busca difundir los saberes y la memoria de la artesanía tradicional de Jalisco a través de cuentos infantiles ilustrados. También vale la pena destacar la convocatoria Tomar las Calles, orientada a impulsar las artes circenses y a los profesionales del circo social como parte de una estrategia para promover la convivencia y la construcción de paz.

La importancia de estos nuevos programas, más allá de los beneficios que otorgan o de las soluciones que proponen, es la identificación de problemáticas, sujetos y de derechos. A la vez, el gran problema de estos programas es que no alcanzan a tener el rango de política pública, son apenas acciones emergentes con recursos muy limitados, lo cual restringe también sus alcances poblacionales y territoriales. Estos programas son una buena muestra de lo que podría hacerse de manera más amplia, pero no están generando las capacidades suficientes, ni dentro ni fuera de la institución, para orientar el desarrollo cultural hacia ese rumbo. 

Reflexiones finales

Han sido años difíciles para el sector cultural y para la población en lo general. Todavía no logra reconocerse el impacto real que tuvo el COVID-19 en la cultura (cierre permanente de espacios, interrupción de procesos formativos, desencadenamiento productivo, pérdida de acceso a bienes patrimoniales, atraso en procesos de desarrollo comunitario, etc.), pero lo que sí ha quedado claro es que las instituciones culturales que tenemos están lejos de ser las instituciones culturales que necesitamos. En Jalisco todavía no hemos logrado construir una gobernanza que permita promover y defender los derechos culturales de manera efectiva, y tampoco contamos con una legislación cultural que respalde ese propósito.

Las grandes problemáticas y necesidades culturales en Jalisco están bien identificadas, pero las instituciones no logran abordarlas con los mecanismos y recursos adecuados. Existen limitaciones legales, operativas y administrativas, pero también cierta resistencia por parte de las y los funcionarios en el proceso de imaginar nuevos esquemas de colaboración intersectorial y de diseñar políticas de manera transversal. El proyecto de Innovación para la Cultura apuntaba hacia ese rumbo, pero lamentablemente fue interrumpido; pareciera que la actual titular de la SCJ tuvo que priorizar lo urgente y dejar de lado lo importante. Y ahí los gremios y los agentes culturales también quedamos en deuda, porque no logramos organizarnos de manera sostenida y continuar con los procesos de incidencia.

¿Necesitamos salir de la crisis para organizarnos, dialogar y avanzar? ¿O necesitamos organizarnos, dialogar y avanzar para salir de la crisis? No es fácil y no es sencillo, pero necesitamos avanzar y evitar pasos hacia atrás en temas que, tal vez no parezcan urgentes, pero sí que importan, por ejemplo:

• Impulsar la armonización legislativa en materia de derechos culturales, pero no solo en la enunciación de derechos, sino también en el establecimiento de los mecanismos de garantía y exigibilidad;
• adoptar un discurso diferente desde las instituciones culturales, uno con énfasis en la ampliación de las políticas públicas para el reconocimiento de diferentes formas de ciudadanía cultural;
• transversalizar las políticas culturales para la atención de problemas sistémicos (igualdad de género, cambio climático, construcción de paz, etc.);
• revertir las prioridades a nivel presupuestal, otorgando los mayores recursos al impulso de los procesos que articulan la cultura y el desarrollo a nivel municipal;
• entender la descentralización como parte de un proceso más amplio para la construcción de una democracia cultural participativa, y a su vez,
• repensar la participación ciudadana en cultura y las diferentes modalidades de colaboración y cogestión que pueden y necesitan formularse para sostener el desarrollo cultural a nivel local.