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En una sociedad “libertaria” o radicalmente tutelada por las normas del mercado, el tiempo de la cultura pierde jerarquía social y valor intrínseco.

Javier Milei juró la presidencia de Argentina el pasado 10 de diciembre. La breve, pero disruptiva, trayectoria política del economista de ultraderecha se ha servido de un argumentario inspirado en la Escuela Austriaca de Economía y en el anarcocapitalismo de mediados del siglo XX. Cabe preguntarse qué representa este nuevo marco ideológico político para la agenda cultural del país.

El esquema profundo para la acción

Pensadores influyentes de la Escuela Austriaca como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek interpretaron lo social desde el individualismo metodológico. Es decir, desarrollaron tesis que implican que los fenómenos sociales son, en última instancia, el resultado de intereses, elecciones y acciones individuales. La coordinación de las personas en el mercado se deriva, en parte, de una interminable serie de valoraciones subjetivas (Hayek, 1990).  El equivalente jurídico a dicha perspectiva sitúa el derecho a la vida (propiedad propia), la propiedad privada y la adquisición de activos –por medios legítimos–, en el centro del concepto de justicia (Herrera, 2020).

Milei y el núcleo de sus seguidores sostienen que los mercados libres coordinan las acciones de los individuos de manera más eficiente que un control centralizado y planificado de la economía. En dichos mercados, las empresas competirían no únicamente en precios, sino también en una adaptación constante a los cambiantes intereses de los consumidores y a los avances tecnológicos. Hayek introdujo su famoso “problema del conocimiento” para respaldar dicha hipótesis, arguyendo que los planificadores centrales carecen del conocimiento tácito, fragmentario y disperso que poseen los individuos (Hayek, 2022: 62). De aquí se deriva que la institución del mercado, bajo control mínimo, sería más eficaz que el Estado a la hora de coordinar el enorme conocimiento distribuido en la sociedad. Milei lleva al extremo dicho enfoque en El Camino del Libertario (2022). Al describir su recorrido por el estudio de la teoría económica en esta obra autobiográfica, el actual presidente llega a la conclusión de que los fallos de mercado no existen.

Las implicaciones político culturales de estos postulados en la actualidad son múltiples. Por ejemplo, desde esta mirada, el valor del trabajo artístico lo determinarían subjetivamente los individuos en un “mercado libre” en función de sus preferencias y necesidades, lo que condiciona las diversas formas de intervención pública en la promoción del trabajo cultural, como los estatutos del artista. Además, declarado como “filosóficamente anarcocapitalista”, Milei sigue a Rothbard cuando se opone a “la expropiación de la propiedad privada a través de los impuestos” (Rothbard, 1978: 191). El papel del Estado en la promoción directa de la producción y el consumo culturales se ve, bajo esta perspectiva teórica, reducido a su mínima expresión.

¿Una política de lo cultural en Milei?

La política cultural constitutiva de Milei, es decir, aquello referido a su dimensión antropológica, ideológica e identitaria, ha involucrado una narrativa que distingue entre la llamada “gente de bien” y la “casta” político empresarial y sindical. Induciendo este discurso, una maquinaria en las redes sociales buscó reducir lo nacional popular a una telaraña de likes y memes, atrayendo diversas sensibilidades, perfilando determinadas pretensiones aspiracionales y captando la atención de una base electoral social, ideológica y culturalmente heterogénea. A menudo, dicha estrategia de comunicación opuso los valores de autosuficiencia y mínima interferencia estatal en las vidas de los ciudadanos a artistas concretos o manifestaciones vinculadas al patrimonio cultural nacional. Por ejemplo, recientemente, el presidente atacó la figura del fallecido actor Hugo Arana, respondiendo a la viralización de un video donde Arana criticaba la llamada “teoría del derrame”.

En contraste, la política cultural sectorial parece presagiar el barrido de más de un siglo de institucionalidad cultural, comenzando por el Ministerio de Cultura, que fue transformado en una Secretaría. Esta reforma administrativa vendría acompañada de cientos de cesantías y anticipa una caída de la actividad cultural en un contexto de grave crisis económica. Apenas llegó al poder, el ejecutivo también envió una Ley al Congreso (Ley Ómnibus) que propone derogar la Ley 24.800 de Creación del Instituto Nacional del Teatro (1997) y el Decreto Ley 1224, que dio inicio al Fondo Nacional de las Artes (1958). Además de eliminar estos organismos centrales para el sistema de promoción de las artes, el articulado de dicha Ley modifica las bases de la Ley de Cine y, como consecuencia, limita la autonomía del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), motor público del sector. Finalmente, el texto elimina el precio único de los libros (Art. 60) y restringe el financiamiento a las Bibliotecas Populares, fundadas en 1870 por uno de los fundadores del liberalismo argentino, Domingo Faustino Sarmiento.

La política cultural de Milei en el marco internacional de las nuevas ultraderechas

En la posguerra, John Maynard Keynes impulsó la creación del Arts Council of Great Britain, una de las primeras agencias oficiales de la política cultural a nivel internacional. El entonces renombrado economista defendió dicha política del siguiente modo: “No está lejano el día en que el Problema Económico pase a un segundo plano, donde le corresponde estar, y el espacio del corazón y de la cabeza sea ocupado o reocupado por nuestros verdaderos problemas: los problemas de la vida y de las relaciones humanas, de la creación, el comportamiento y la religión” (The Arts Council of Great Britain 1945:1). Los años cincuenta vieron avanzar en Europa una visión que posicionó a la cultura como servicio público. Desde los setenta esta política se fue afianzando a nivel mundial en una orientación de derechos culturales, ya presente en la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre (1948). En las últimas dos décadas, Latinoamérica ha sido pionera en nuevas lecturas democratizantes de la gestión cultural pública. En este marco, Argentina ha diversificado su capacidad de acción y líneas de actuación en este ámbito, que abarcan desde programas de promoción empresarial, como el Mercado de las Industrias Culturales (MICA), hasta otros de corte comunitario como Puntos de Cultura (Zamorano, 2023)1.

A contracorriente, Milei parece querer remitir lo cultural a un mero objetivo de transacción mercantil. Esta visión decimonónica de la acción cultural pública no forma parte del avance de otros movimientos de ultraderecha a nivel mundial. Bajo diferentes modelos nacionales, las llamadas políticas culturales iliberales suelen ser activas, intervencionistas y presentan algunos ejes comunes como el uso nativista de la identidad nacional (Bonet y Zamorano, 2021). Así, los gobiernos de Hungría o Polonia han compartido un nacionalismo excluyente promovido a través del revisionismo histórico y la acción patrimonial. Este discurso invoca un contraste entre los “valores externos” representados por el Islam, el comunismo, la llamada “ideología de género” o la “plaga LGTBI”. En términos de gobierno cultural, los nuevos regímenes de extrema derecha en diversos países han sostenido o incrementado su presupuesto cultural y han desarrollado políticas discrecionales orientadas hacia instituciones aliadas, artistas o intelectuales orgánicos. La censura indirecta o delegada –mediante coerción implícita o acción judicial–, así como políticas de control sobre las instituciones y los profesionales culturales han sido utilizadas en este marco.

Bajo una estrategia populista compartida, cada fuerza conservadora ha encontrado una forma de resolver la relación entre unidad y diversidad dentro de su propio marco estratégico. En Francia, las políticas culturales xenófobas del Frente Nacional a nivel local han fomentado la exclusión cultural bajo una concepción monolítica de la cultura nacional (Almeida, 2017). Fuerzas de extrema derecha en los países nórdicos, en cambio, han promovido la preservación del patrimonio nacional en nombre del “etnopluralismo” que supuestamente busca preservar los “caracteres únicos de diferentes pueblos” (Niklasson y Hølleland, 2018). Así, diferentes “cadenas de equivalencias” (Laclau, 2005), es decir, marcos discursivos que articulan demandas populares ya existentes bajo un significante común que respalda un fuerte antagonismo con los poderosos, se refuerzan mediante la acción cultural.

Siguiendo la estela de Orbán, Abascal o Meloni, Milei manifestó en la Feria del Libro de Buenos Aires (2022) que en su gobierno “no habrá marxismo cultural. Este término define a una vaga tesis según la cual una gran batería de intervenciones y debates públicos de corte progresista, desde las políticas de género al ambientalismo, persiguen debilitar la cultura cristiana y occidental. Es una parte central del instrumental discursivo con el cual estos movimientos disputan hegemonía, es decir, buscan encarnar las ideas centrales y consensuales en la sociedad y fijar las condiciones para delimitar posiciones subalternas. En términos gramscianos, Milei también parecería adoptar esta estrategia para transformar el poder ya acumulado en una posición que sea tanto dirigente como dominante (Gramsci, 1981: 107).

Política cultural anarcocapitalista, tiempo y capital cultural

Al contrario que Vox en España, al reducir el disfrute de las artes a una “libertad negativa”, es decir, a una simple elección emergente de una voluntad individual sin interferencias, Milei cuestionaría tanto la noción de derechos culturales como cualquier intervención estatal directa sobre la vida cultural. En términos de Isaiah Berlin (2001), el nuevo gobierno renegaría de ciertas políticas públicas que suponen el establecimiento de condiciones sociales y materiales para el ejercicio de una libertad positiva (con “posibilidad de actuar”) en el campo cultural, por estatistas o censoras. Por tanto, el acercamiento de Milei al discurso populista iliberal puede verse como un dispositivo para devaluar lo estatal y debilitar su capacidad redistributiva, incluso más allá del campo cultural. Pero esta posición teórica cuasi anarquista deja en evidencia la contradicción libertario (i)liberal, que ya se asoma, por ejemplo, en las primeras medidas del Ejecutivo, tendentes a interferir decididamente en la libertad de expresión.

En cambio, entre las condiciones que habilitan una “libertad positiva” en torno a las prácticas culturales se encuentra la disposición de tiempo para la cocreación, el encuentro comunitario y la circulación de capital cultural. En línea con las tesis de Bourdieu (2000), las personas de entornos privilegiados suelen tener un mejor acceso al capital cultural (sea incorporado, como el conocimiento, habilidades o hábitos internalizados por las personas, o institucionalizado, como títulos educativos) que confiere estatus y ventajas en un campo cultural específico. Atendiendo a esta realidad, muchas democracias liberales han promovido su circulación y habilitación. Esto va más allá de la política cultural institucional, como por ejemplo las iniciativas clásicas de acceso al patrimonio literario, histórico o artístico. Supone, por ejemplo, asumir esta política como acción social y facilitar la disposición de tiempo vital para las artes.

Pero en una sociedad “libertaria” o radicalmente tutelada por las normas del mercado, el tiempo de la cultura pierde jerarquía social y valor intrínseco, y podría verse como deseable únicamente en aquellos casos en que pueda traducirse en capital económico. Este imaginario se advierte en la novela El Manantial, donde Ayn Rand (1943) describe la vida del joven y emprendedor arquitecto Howard Roark, quien encarna la lucha contra la mediocridad del establishment. La voluntad y prédica individualista de Howard se traduce en una lucha contra un colectivo pleno de mediocres tradicionalistas o “parásitos”, que contrasta con las ideas de productividad económica e innovación estética, técnica o tecnológica. Bajo esta ética, el tiempo representa un terreno en disputa de todos contra todos para la acumulación y ejercicio del poder.

Desde esta concepción hobbesiana de las relaciones sociales, sin lapso para dedicar a la cultura legitimada y popular, y sin los recursos materiales que lo promuevan, una “libertad completa” es inviable. La reducción de lo cultural a un medio instrumental para el éxito capitalista nos dirige a una sociedad zombie donde una ya débil democracia cultural podría desvanecerse en mercados regidos por aquellos privilegiados que definen los márgenes del intercambio. Es decir, sin políticas culturales públicas plurales, activas y eficientes, la búsqueda desigual y voraz del capital simbólico adecuado para ser “gente de bien” podría dejar a unos sin tiempo para liberarse de la exclusión y a otros ciegos frente al patrimonio cultural comunitario y la verdadera riqueza del mundo que los rodea.

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Referencias

Almeida, Dimitri (2019). “Cultural retaliation: the cultural policies of the ‘new’ Front National”, International Journal of Cultural Policy, 25:3, 269-281.

Berlin, I. (2001). Mi trayectoria intelectual. Dos conceptos de libertad y otros escritos. Madrid: Alianza.

Bonet, L., & Zamorano, M. M. (2021). “Cultural policies in illiberal democracies: a conceptual framework based on the Polish and Hungarian governing experiences”. International Journal of Cultural Policy, 27(5), 559-573.

Bourdieu, P. (2000). Pascalian meditations. Cambridge: Polity Press.

Gramsci, A. (1981). Cuadernos de la cárcel. México: Era.

Hayek, Friedrich (1990) “El significado de la Competencia”, Libertas N° 13.

Hayek, Friedrich (2022). “Individualismo y orden económico”. Editorial Innisfree.

Herrera, A. A. (2020). “El libertarismo: su teoría del derecho y sus dificultades”. VerboRevista de formación cívica y de acción cultural, según el derecho natural y cristiano, (583), 291-339.

Laclau, Ernesto. (2005). La Razón Populista. Buenos Aires y México: FCE.

Milei, Javier (2022). El camino del libertario. Buenos Aires: Ed. Planeta.

Niklasson, Elisabeth & Hølleland, Herdis. (2018). “The Scandinavian far-right and the new politicisation of heritage”. Journal of Social Archaeology. 18.

Rand, Ayn. (1943). The Fountainhead. England: Modern Classics.

Rothbard, M. N. (1978). “Society without a State”. NOMOS: Am. Soc’y Pol. Legal Phil., 19, 191.

The Arts Council of Great Britain (1945). First Annual Report 1945. London: Belgrave Square.

Zamorano, M. M. ed. (2023). Tramas de la política cultural en Argentina. Buenos Aires: RGC Ediciones.


1. Apesar de esto, en 2021, el gasto total en cultura sobre el presupuesto total de la Administración Pública Nacional fue de un 0,55%; por debajo de la media de otros países de la región o de la OCDE. Por ejemplo, en 2019, la inversión gubernamental en servicios culturales representó, en promedio, el 1,2% del presupuesto gubernamental total en toda la OCDE. Véase: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/29f05369-en/index.html?itemId=/content/component/29f05369-en

Nota publicada originalmente en ctxt.

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