Declaración en defensa de la cultura como derecho humano y bien común.

Ante la segunda vuelta presidencial en Colombia

Las personas abajo firmantes, integrantes del Laboratorio Nómada, junto con investigadoras e investigadores en políticas culturales, artistas, gestoras y gestores, trabajadoras y trabajadores de la cultura, y organizaciones de la cultura viva comunitaria de América Latina y España, manifestamos nuestra profunda preocupación por lo que está en juego para la cultura colombiana ante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Colombia tiene una importante tradición en la materia y desarrolló especialmente en los últimos años una política cultural orientada por la democracia cultural con un enfoque biocultural, que entiende a la cultura como derecho, tejido comunitario, reconociendo de los saberes de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas y los territorios. Ese marco hoy está amenazado por un proyecto que concibe la cultura como mercancía y a las personas como «capital humano».

Cuando una política propone pasar «del asistencialismo a la inversión», reorganizarse con «mérito, auditoría y gerencia» y justificar la cultura como «motor económico», desconoce que estas consignas fueron recurrentes en el área con pésimos resultados. A la vez el Estado deja de ser garante de derechos para volverse administrador de activos. En esa lógica, los derechos se transforman en inversiones que deben rendir; lo que no produce ganancia «sobra»; la responsabilidad por la exclusión social se vuelve individual; y desaparecen los sujetos colectivos: el pueblo, la comunidad, las organizaciones de base. Es parte de la misma lógica de la «Economía Naranja» ya ensayada, que no resolvió la desigualdad cultural de las mayorías y acompañó prácticas violentas.

La promesa de reducir el Estado en un 70% y fusionar carteras amenaza directamente la infraestructura material y simbólica que hace posible el derecho a la cultura: el Ministerio de las Culturas, los medios públicos, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y Proimágenes, las casas de cultura, las escuelas de música y danza, los festivales de los pueblos y los saberes comunitarios. El achicamiento de un sector que ocupa uno de los renglones más exiguos del presupuesto público, tiene menos incidencia en el ajuste económico que en el efecto propagandístico de simular la resolución de problemas reales.

Ya vimos esta película en la región, y conocemos su final:

Argentina (Milei): rebajó el Ministerio de Cultura a secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano y desfinanció a los organismos de fomento del cine, el teatro, la música, el patrimonio y a las universidades nacionales. Actualmente el área es dependencia de la Secretaría de la Presidencia, con clara orientación hacia los negocios privados y el proyecto de armado político centralizador
Bolivia (Paz): recortó el gasto público en cerca de un 30% y suprimió carteras enteras. Se desarmó el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y se trasladó el área al Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía.
Brasil (Bolsonaro): degradó el Ministerio de Cultura a una simple secretaría, trasladada de una cartera a otra (Ciudadanía y luego Turismo), con desfinanciamiento y ataques sistemáticos al sector; el ministerio solo se reinstaló años después y aun está recuperándose de los impactos negativos de su desestructuración.
Chile (Kast): convirtió al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el área más golpeada por el ajuste, con un recorte cercano al 10% de su presupuesto. Además se ha amenazado el avance de los Puntos de Cultura y la idea de fusionar cultura con educación y ciencia
Ecuador (Noboa): fusionó el Ministerio de Cultura y Patrimonio con Educación y Deporte, reduciéndolo a viceministerio, de la mano de un recorte del Estado y un discurso de “eficiencia” pactado con el FMI, acompañado de despidos progresivos.

En todos los casos, la promesa de «ordenar» o «hacer eficiente» la cultura operó en la práctica como desmantelamiento institucional y como regresión de los derechos humanos establecidos.

Por eso sostenemos:

La cultura es un derecho humano, no es una mercancía.
Las culturas son bienes comunes, no son activos a rentabilizar.
El desmantelamiento de la infraestructura cultural pública es un ataque a las bases de la vida en común.
El valor de la cultura es social y comunitario, no puede ni debe medirse por su retorno financiero.
Defender la cultura es defender la democracia.

Llamamos a las comunidades culturales de Colombia, de América Latina y del mundo a suscribir esta declaración y a defender políticas públicas que garanticen el derecho a la cultura, la diversidad cultural y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

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