Cincuenta años después, los mismos objetivos Algunas imágenes de las políticas culturales de la dictadura
La derecha neoliberal tiene muy claro que la disputa política es, ante todo, una disputa cultural. En ese sentido, el 24 de marzo de 1976 no fue solo un golpe de Estado: fue el laboratorio donde se ensayó la destrucción de la infraestructura simbólica a través de la cual una sociedad se nombra, delibera y construye futuro común. Libros quemados, músicos censurados, teatros bombeados, editoriales desmanteladas, murgas vaciadas. Cincuenta años separan ese momento del presente. Y si bien los métodos cambiaron, muchos objetivos siguen presentes.
Escribe nuestro Director, Nicolás Sticotti, para conmemorar el 50° aniversario del golpe de Estado que instauró la dictadura cívico-militar-eclesiástica-empresarial más sangrienta de la historia de Argentina.
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Hay algo que la derecha reaccionaria entiende con claridad: la disputa política es, ante todo, una disputa cultural. No como metáfora ni como dimensión secundaria, sino como condición de posibilidad de todo lo demás. La cultura entendida como la infraestructura a través de la cual una sociedad se nombra, construye sentido común, imagina futuros posibles y sostiene los vínculos que hacen viable la vida democrática.
El régimen que asumió el poder el 24 de marzo de 1976 lo entendía. Por eso la dictadura fue también un laboratorio donde ese programa de imposición cultural se intento instaurar por la fuerza, incluso asesinando y destruyendo lo que se le oponía. El neoliberalismo que salió de ese laboratorio, y que hoy impulsa el gobierno de Javier Milei, también lo sabe. Cincuenta años separan ambos momentos y los métodos cambiaron pero sus objetivos no tanto.
La dictadura tuvo una política cultural orgánica
El régimen cívico-militar-eclesiástico-empresarial que asumió el poder en 1976 tenía una política cultural orgánica, planificada y documentada. No fue un conjunto de excesos ni de episodios aislados. Fue un proyecto. La confirmación documental llegó en el año 2000, cuando se encontraron en los subsuelos del ex Banco Nacional de Desarrollo documentos secretos y reservados de la dictadura sobre la represión cultural. El más relevante es el Informe Especial N° 10, elaborado por el Estado Mayor del Ejército en octubre de 1977: concebía la cultura argentina como un campo a refundar, amenazado por fuerzas que buscaban su desintegración. Para afrontarlo, dos ministerios coordinados ejecutaban el proyecto: Cultura y Educación dirigía el proceso cultural; Interior —a través de la Dirección General de Publicaciones— centralizaba la vigilancia de toda actividad cultural a nivel nacional.
En paralelo, el Operativo Claridad ponía ese proyecto en marcha dentro de las escuelas y universidades: agentes de inteligencia infiltrados entre docentes y estudiantes, redes de delación, listas negras de educadores, vaciamiento sistemático de los contenidos. El Operativo Claridad se conformó como correlato al plan sistemático de desaparición de personas: supuso la desaparición simbólica de aquellos bienes culturales bajo cuya sospecha podía encontrarse el fantasma del marxismo. El Equipo Compatibilizador Interfuerzas —donde confluían la Secretaría de Información Pública, la SIDE y las fuerzas armadas— clasificaba a artistas e intelectuales en cuatro categorías, llamadas «Fórmulas», según su grado de peligrosidad ideológica. En la categoría más grave, la Fórmula 4, figuraban quienes registraban “antecedentes ideológicos».
Los archivos desclasificados por la Side en los últimos días por el actual gobierno refuerzan esto mostrando los procedimientos utilizados por la central de inteligencia para descartar publicaciones que tuvieran contenidos marxistas, anarquistas, o de progresistas católicos. Para eso se creó una División de Asesoría Literaria en la órbita de la Aduana para revisar lo que entraba o circulaba.
Como escribieron Invernizzi y Gociol: no hubo incoherencia, fue sistematizado y hubo política cultural. Sobran ejemplos:
Los libros: quemas, allanamientos y exilios
La producción editorial argentina cayó de 50 millones de ejemplares en 1974 a 17 millones en 1979. Las librerías de la calle Corrientes, históricamente abiertas de noche, sufrieron cierres, clausuras, requisas. La editorial Siglo XXI fue allanada el 2 de abril de 1976; su jefe de correctores y su gerente de ventas fueron secuestrados. Daniel Divinsky, quien falleció el año pasado, fundador de Ediciones de la Flor, tuvo que exiliarse por publicar Cinco dedos, un libro infantil cuya tapa mostraba un puño en alto de color rojo. El propio Daniel lo explicó así “Un ejemplar de Cinco dedos fue comprado por la esposa de un coronel de Neuquén, que cuando vio el libro que tenían sus hijos se horrorizó. Una de las cosas que le había molestado era que la mano derrotada fuera verde, el color del uniforme de fajina del Ejército Nacional. De ahí surgió la prohibición”
El Centro Editor de América Latina, la editorial fundada por el mítico Boris Spivacow, fue hostigada gradualmente pero sin pausa. Hubo episodios de ataques en sus sedes donde grupos de tareas colocaban bombas. Pero el suceso más emblemático de esa persecución fue a través de un proceso judicial por «publicación y venta de material subversivo» que derivó en la quema de decenas de miles de libros en un descampado de Sarandí, en Avellaneda. (Vale la pena este video corto de dos trabajadores de la editorial que fueron testigos del hecho: https://www.youtube.com/watch?v=6-MuOTcBqgY&list=PL3Kx9L0ivOKWBuxBD0-j18XbxeVF-vuho&index=1)
De la intervención en la editorial Eudeba quedó un contrato secreto entre el general Harguindeguy —ministro del Interior de Videla—, la editorial y el general Corbeta. El acuerdo preveía publicar, bajo el sello de la editorial universitaria, una colección destinada a «formar las futuras generaciones de dirigentes políticos y referentes intelectuales de la cultura«. El propio borrador lo decía sin pudor: usarían el prestigio de Eudeba «para traficar nuestras ideas«. Buscaban promover los autores que serían la avanzada intelectual del neoliberalismo conservador. Los mismos autores e ideas que el presidente Milei recita de memoria, y sin matices.
Los escritores: secuestros, asesinatos, desapariciones
Haroldo Conti fue secuestrado el 4 de mayo de 1976. Volvía de cenar con su pareja cuando encontraron a una brigada del Batallón 601 esperándolos en su casa de la calle Fitz Roy. Lo golpearon, lo interrogaron horas, saquearon el departamento, y se lo llevaron. Está desaparecido. Francisco Urondo fue asesinado en Mendoza en junio de ese mismo año: no se suicidó con cianuro, como quisieron hacer pasar, sino que murió por el golpe de una culata de fusil en el cráneo, algo que pudo determinarse recién durante el juicio, hace poco más de una década. Rodolfo Walsh entregó su Carta Abierta a la Junta Militar el 24 de marzo de 1977 —que García Márquez llamó «obra maestra del periodismo universal»— y fue asesinado en la calle al día siguiente (Merece recomendación de lectura la Carta a los herederos de la Junta Militar del Comité de Revolución Imaginaria (CRI) que actualiza y revisita esa histórica de Walsh). Héctor Oesterheld —el autor de El Eternauta, cuya adaptación en Netflix acercó su nombre a una nueva generación hace pocos meses— fue secuestrado junto con sus cuatro hijas. Todos están desaparecidos, Elsa, su viuda los buscó durante décadas.
La música: listas negras y bombas en las casas
Con la música también sucedió. El Comité Federal de Radiodifusión —COMFER— mantuvo hasta el final de la dictadura una lista titulada «Cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión». La lista, publicada recién en 2009, contenía más de 200 canciones. La lógica de la censura era tan amplia como arbitraria: mezclaba lo político con lo sexual y lo simplemente demasiado festivo. Canciones sobre la libertad, sobre el deseo, sobre la fiesta. Junto a Mercedes Sosa, León Gieco, Víctor Heredia o María Elena Walsh, aparecían en la misma lista Queen, Eric Clapton y John Lennon.
Horacio Guarany fue uno de los primeros en pagar el precio: varios de sus discos fueron quemados, y en 1979 le pusieron una bomba en su casa. Desde ese día hasta el fin de la dictadura sólo dio shows en el interior del país. Mercedes Sosa resistió hasta que no pudo más. El 20 de octubre de 1978, mientras cantaba en el Almacén San José de La Plata, irrumpió la policía. La retuvieron 18 horas en la comisaría 2ª, le hicieron escuchar todas sus canciones y la humillaron. Ese episodio selló su exilio a Europa.
Víctor Heredia compuso en esos años Todavía cantamos —uno de los himnos de resistencia de la época— mientras su nombre estaba en las listas negras. Su hermana María Cristina Cournou, maestra de grado en Moreno, embarazada de cuatro meses, fue secuestrada junto a su esposo el 22 de junio de 1976. Una patota del Ejército irrumpió de noche en su casa. Su hija de dos años y medio, fue arrojada por la ventana a la casa de una vecina. María Cristina, su marido, y el hijo que esperaba están desaparecidos.
El cine: censura y propaganda como dos caras del mismo proyecto
Raymundo Gleyzer fue secuestrado en la puerta del Sindicato Cinematográfico Argentino y permanece desaparecido. Héctor Alterio, Fernando Solanas, Lautaro Murúa y Jorge Cedrón fueron forzados al exilio. En el Ente de Calificación Cinematográfica, Miguel Paulino Tato —apodado «el señor tijeras» por Charly García— fue el máximo censor de la historia del cine argentino: cortó parcialmente 1.200 filmes y prohibió 337.
Mientras tanto, el Estado financiaba un cine de propaganda a través de la productora de Palito Ortega, que realizó siete películas entre 1976 y 1983 destinadas a enaltecer la figura de los militares: escenas de ovaciones civiles, niños que declaran querer ser soldados cuando sean grandes. La censura y la producción propagandística no eran contradictorios: eran las dos caras del mismo proyecto. En un testimonio televisivo, Palito llegó a justificar al régimen con estas palabras: «Como argentino, me siento orgulloso por la firmeza que ha manifestado todo el país. Creo que seguir actuando de esa manera significará dejarles a nuestros hijos la mejor herencia que puedan recibir: un país libre y soberano.»
Los medios: repartidos como botín de guerra
La televisión y las radios fueron repartidas como botín. Tras el golpe, los canales porteños quedaron bajo control militar directo: Canal 7 pasó a conducción conjunta de las tres armas bajo la órbita de la Presidencia; el 9 al Ejército; el 11 a la Fuerza Aérea; el 13 a la Marina. Las radios siguieron la misma lógica: el Ejército operaba Belgrano, Argentina y El Pueblo; la Fuerza Aérea, Splendid y Excelsior; la Marina, Mitre, El Mundo y Antártida. Para consolidar ese diseño, en 1980 la dictadura sancionó la Ley de Radiodifusión N° 22.285, firmada por Videla y Martínez de Hoz. Esa ley reguló el sistema de medios argentino —con algunas modificaciones— hasta 2009.
El teatro: la bomba que multiplicó la resistencia
Con el teatro también ocurrió algo específico, desaparecieron más de 28 actores y actrices. Muchos más fueron clasificados en las listas negras, entre ellos: Norma Aleandro, Héctor Alterio, Cipe Lincovsky, Federico Luppi, Jorge Rivera López. En julio de 1981 nació Teatro Abierto donde 250 teatristas autoconvocados, desarrollaron 21 obras cortas de autores nacionales, con entradas a la mitad del precio del cine. Fue en parte una respuesta a la provocación de Kive Staiff, quien era director del Centro Cultural San Martín al afirmar que no había programación oficial de dramaturgos argentinos porque estos no existian. La respuesta de la dictadura a ese proyecto fue inmediata: en la madrugada del 6 de agosto, un comando paramilitar arrojó bombas sobre el Teatro del Picadero, cuyo escenario fue convertido en ceniza. Pero eso fue un catalizador que fortaleció al movimiento y a partir de entonces se creo un ciclo que funciiono en más de 17 salas. Ya en 1983 con el lema «Ganar la calle», su última función fue el 9 de diciembre de 1983, la noche anterior a la asunción de Alfonsín.
Las culturas populares y comunitarias: también en la mira
La Biblioteca Popular Constancio C. Vigil de Rosario era en 1977 una de las organizaciones comunitarias más extraordinarias de América Latina: 21.000 socios, 600 empleados, 80.000 libros, editorial propia, universidad popular, observatorio astronómico. El 25 de febrero de 1977, un operativo comandado por el genocida Agustín Feced irrumpió armado. Instalaron un interventor militar, secuestraron y torturaron a ocho directivos, destruyeron los libros. Más de 26 personas de su comunidad están desaparecidas.
El 9 de junio de 1976, 77 días después del golpe, Videla firmó la Ley 21.329 que eliminó los feriados de carnaval. Las murgas fueron vaciadas, si bien podían desfilar no podían cantar desde el escenario —se eliminaba así su dimensión crítica pública y social. Algunos grupos pagaron un precio aún más alto: la murga «Los Celestes del Sur» de Temperley, vinculada a la Juventud Peronista, perdió cerca del 75% de sus integrantes como desaparecidos. Recién en 2010, 34 años después, volvieron a ser declarados los feriados los días de carnaval.
Las Ligas Agrarias del Litoral — formadas por más de 30.000 familias campesinas, y organizadas, bajo ideas de pedagogía de Paulo Freire, con radio comunitaria, asambleas democráticas, etc— fueron arrasadas junto con sus dirigentes: desaparecidos, asesinados, exiliados. El dirigente Remo Vénica sobrevivió escondido en el monte: «Acá desaparecieron más de 20.000 familias agricultoras, el motor económico de esta provincia.« La cultura popular y comunitaria del campo y sus formas de organización, parece que eran tan amenazantes para la dictadura como otras expresiones culturales.
Las grietas: resistencia, memoria y búsqueda. Lo que el 24 de marzo nos sigue pidiendo
Para cerrar quiero traer que mientras la dictadura ejecutaba su programa cultural, hubo quienes encontraron las grietas. Teatro Abierto no fue aplastado por la bomba: se multiplicó en diecisiete salas. Los músicos censurados siguieron componiendo canciones. Y en la Plaza de Mayo, todos los jueves, un grupo de mujeres con pañuelos blancos en la cabeza llevaron una resistencia y búsqueda de justicia que aún nos guía convirtiendo su duelo en acto político de todos y todas. También las Abuelas que organizan desde entonces una búsqueda sistemática, científica y sostenida de los niños apropiados por el régimen y que continúa hoy. Hasta la fecha, se han recuperado más de 140 identidades pero hay cientos de personas que aún no saben quiénes son.
El ataque sistemático a un sistema cultural, a sus formas de circulación, sus artistas, trabajadores, productores, y a los modos del hacer cultural, produce un empobrecimiento de la infraestructura a través de la cual una sociedad se nombra, debate y construye futuro común. Para que los derechos culturales —garantía de la democracia— no sean una formalidad vacía, se necesita que haya efectivamente una vida cultural en la que participar. Sin esa infraestructura cultural que permite la circulación simbólica, el derecho a la vida cultural es una promesa sin objeto. Ellos lo supieron. Los de ahora también lo saben.
Hoy no hace falta una lista negra para silenciar una canción: alcanza con que el algoritmo no la recomiende. Los señores feudales de las industrias de la distracción controlan la distribución cultural global con más eficacia que cualquier censor del siglo XX. Su captura de preferencias no busca el debate sino su disolución: cada usuario habita un universo de contenidos curado para maximizar tiempo de pantalla, sin ninguna búsqueda de articulación del sentido común, tendiendo a reducir la conversación cultural a una distracción interminable y una adicción repetitiva.
A ese proceso lo acompaña el desfinanciamiento sistemático de la infraestructura cultural pública —institutos, museos, medios públicos— y la crisis económica que las mismas políticas de austeridad producen sobre el sector independiente y comunitario. El resultado buscado es siempre el mismo: el empobrecimiento del espacio donde una sociedad se reconoce a sí misma, delibera sobre su presente y construye futuro común.
Es un breve y gran artículo, con hechos concretos (algunos que desconocía) y con la cuota justa que nos permite pensar que «hay mucha tarea por hacer». No nos han vencido!