EL LABORATORIO NÓMADA Y LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE POLÍTICAS CULTURALES

El Laboratorio Nómada y la Escuela Latinoamericana de Políticas Culturales

 

 

 

En un período histórico marcado por la policrisis civilizatoria, el campo cultural en América Latina se encuentra en una encrucijada estratégica. Frente a la amenaza de ser instrumentalizado o de quedar atrapado en roles meramente asistenciales y administrativos, este artículo argumenta la urgencia de una repolitización radical de la gestión cultural. Para trazar el camino hacia una narrativa relacional contrahegemónica capaz de disputar el sentido y la soberanía en la región, examinaremos la rica tradición de pensamiento crítico que daré a llamar la Escuela Latinoamericana de Políticas Culturales. Este análisis no solo revisará la génesis del campo y sus contradicciones, sino que culminará en la presentación de una respuesta situada y en red: el Laboratorio Nómada. Concebido como un dispositivo de acción política en Ameroibérica, el Laboratorio busca transformar esta herencia crítica en una praxis concreta de democracia cultural. 

Según la investigadora e intelectual argentina Maristella Svampa (2025), esta  policrisis  no  consiste  en  una  mera  suma  de  crisis,  sino  en  un entramado de factores críticos profundamente interrelacionados: Crisis ambiental, que es además económica, y por lo tanto, también, política y social. América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta, con una una importante acentuación de este fenómeno a partir de la pospandemia. Al agotamiento de los procesos progresistas que inauguraron el siglo XXI le siguió esta fase del capitalismo tecnofinanciero o tecnofeudalismo (Yúdice, 2025), que viene acompañada de una tendencia hacia la organización social más autoritaria y conservadora con regímenes de gobierno de derecha elegidos por el voto popular, lo que configura un escenario más complejo de acción, ya que pareciera existir cierto consenso sobre la aceptación para el recorte de derechos en pos de cierto bienestar económico, o al menos, en pos de la promesa de éste. 

Según Svampa, existen al menos cuatro narrativas que permiten interpretar este momento: la narrativa “distópica” o “cultura de la resignación”; la narrativa  “capitalista-tecnocrática” que en nombre de la economía verde busca salvar al capitalismo con más capitalismo; la narrativa “pan-capitalista del fin” que no solo niegan el cambio climático, sino que proponen aumentar  la  explotación  de  bienes  naturales; y la cuarta, enfrentada a estás, la narrativa “relacional contrahegemónica”, heredera de la tradición de resistencias latinoamericanas.

2Si bien es una narrativa  marginal,  ha  ido  ganando  terreno  a  partir  del  cruce  entre tres líneas de fuerza: el discurso ecológico, el saber comunitario de los pueblos originarios y los feminismos. En nuestra región, la creatividad de los movimientos sociales ha sido clave para acuñar categorías que abren escenarios alternativos. Estas expresan lo que llamo un giro ecoterritorial, que se manifiesta con especial fuerza en los últimos veinte años. Categorías como las  de  Buen  Vivir,  Derechos  de  la  Naturaleza,  Sociedad  de  los  cuidados,  Soberanía  energética,  cuerpo-tierra-territorio,  transición  justa  y  popular,  con  conceptos-horizonte  elaborados  en  el  marco  del  pensamiento  crítico  latinoamericano,  en  diálogo  constante con las luchas sociales.2 (Svampa, 2025)

 

Tal como menciona la autora, la narrativa contrahegemónica relacional es marginal, pero presenta al menos un camino para pensar alternativas a las narrativas dominantes que solo agravan la situación. Esta narrativa contrahegemónica es parte central de la batalla cultural y necesita amplificarse con todos los recursos posibles, y en ese sentido, la gestión cultural tiene mucho para brindar. 

Jazmín Beirak Ulanosky (2025), investigadora y gestora cultural española de orígen diaspórico argentino, llama la atención sobre el peligro del “acantilado de cristal”, un concepto acuñado por profesores británicos Michelle K. Ryan y Alexander Haslam (2004) que refiere a las oportunidades de crecimiento que encuentran las mujeres en cargos de conducción empresarial en los momentos crisis, es decir, la posibilidad de trascender el “techo de cristal” solo cuando las “papas queman” y otros no quieren hacerse cargo, lo que puede homologarse al auge de la cultura en estos momentos. Aquí aparece un tema interesante en torno a la cultura como recurso (Yúdice, 2002), ya que no se trata de esperar que la cultura aporte soluciones mágicas contra todos los males que provoca el neoliberalismo – que muchas veces son sustentados por las prácticas de los mismos agentes – sino que funcione como condición de posibilidad de un diálogo más diverso y plural. 

Pensar que la cultura permite o posibilita un nuevo diálogo social nos sitúa una dimensión ciudadana de la cultura, lo que implica “el derecho a enunciar, a narrarnos, a construir nuestras memorias y sentidos desde las experiencias concretas de nuestras comunidades.” (Sticotti, 2025). Esta “ciudadanía cultural” nos permite introducir la perspectiva de derechos culturales, o de políticas culturales con enfoque de derechos, superando los tradicionales enfoques restrictivos vinculados a las artes, el patrimonio o a miradas economicistas de las industrias culturales. Tal como la define la intelectual brasileña Marilena Chaui “ponemos en primer lugar la idea de Ciudadanía Cultural, esto es, la cultura como derecho de los ciudadanos, sin confundirlos con las figuras del consumidor ni del contribuyente.” (Chaui, 2013, pág. 81). 

Pero para operar en este paradigma de derechos y fortalecer la ciudadanía cultural, es necesario adoptar un modelo de gestión que supere los enfoques tradicionales. La complejidad del escenario de la policrisis y los riesgos como el “acantilado de cristal” exigen una gestión que se (re)politice, promueva la justicia climática y social, y fortalezca activamente la narrativa contrahegemónica. Este es el camino hacia la Gestión Cultural Crítica.

 

Gestión cultural crítica y comunitaria

 

En su investigación sobre arte y transformación social en Argentina, Julieta Infantino (2019) reflexiona sobre los usos de la cultura como recurso y la necesidad de contextualizar la mirada sobre estos usos. La autora alerta que no es lo mismo pensar en políticas culturales de carácter preventivo-asistencial que otras vinculadas a un paradigma de derechos, en su caso poniendo especial énfasis en el análisis del binomio arte y transformación social, pero que perfectamente puede puede ampliarse al campo más amplio de las políticas culturales y sus modelos de gestión. 

Esta necesidad de contextualizar los modelos de gestión, diferenciando entre enfoques preventivo-asistenciales y de derechos, se fundamenta en el marco teórico de la interdependencia entre los conceptos clave del campo cultural. En este sentido, tal como lo ha presentado el antropólogo argentino Ricardo Santillán Guemes (2009), es importante recordar que existe una tríada entre los conceptos de cultura, política y gestión, que conforma una totalidad, con una relación de interdependencia entre los mismos. Así la política está condicionada por la cultura, pero determina la gestión, que a su vez puede modificar la política a partir de sus procesos, también condicionados por la cultura. 

En el mismo sentido, el investigador argentino Pablo Mendes Calado afirma que el resultado de la gestión de las políticas culturales nunca responde a una sola voluntad, sino que es “el resultado de un proceso en el que tienen su parte categorías como los intereses sectoriales, la negociación, la burocracia o los recursos, pero también  imitación, imponderable, desidia o casualidad tienen su cuota de responsabilidad.” (Mendes Calado, 2014, pág. 14). 

Ante esta multiplicidad de factores que inciden en el resultado de la gestión, la investigadora ecuatoriana Paola De la Vega Velastegui profundiza al señalar la necesidad de un enfoque crítico:

«La gestión cultural se repolitiza cuando posibilita conflictos, pero también demandas colectivas; cuando se cuestiona a sí misma, y cuando es capaz de afectarse, transformarse y desbordar instrumentos racionales-técnicos. Solo así, aparece esta relación dialéctica: las instituciones producen sujetos, pero los sujetos también producen instituciones» (De la Vega Velastegui, 2019, Pág. 123)

 

Esta visión repolitizada y dialéctica de la gestión subraya que la interdependencia de la política y la gestión no solo permite un análisis más amplio de las políticas culturales, sino también el reconocimiento de la capacidad de acción de los trabajadores y trabajadoras, agentes, colectivos y organizaciones del sector cultural, para incidir sobre ellas. Para comprender el alcance y las limitaciones de esta capacidad de incidencia en nuestra región, es crucial examinar su trayectoria histórica.

En América Latina, y siguiendo las categorías propuestas por el maestro Néstor García Cancliní (1987), podemos afirmar que la tradición de gestión de las políticas culturales ha oscilado entre los paradigmas de la “privatización neoconservadora” a los de “democratización cultural”, pero siempre más bien con un sesgo de políticas preventivo-asistenciales, o con un marcado enfoque para garantizar el acceso; pero también podemos encontrarnos con algunas experiencias más vinculadas a los paradigmas de derechos, o de ciudadanía cultural, aunque siempre en un lugar marginal y cercadas por las conceptualizaciones neoliberales más vinculadas a las economías creativas. 

Esto tal vez pueda explicarse debido a que la génesis del campo profesional de la gestión cultural en América Latina tiene una marca indeleble de orígen neoliberal y colonial, sobre la que es necesario reflexionar y actuar. Diversos autores y autoras (Bayardo, 2019; Castiñeira de Dios, 2007; Wortman, 2009; De la Vega, 2019) han explicado la genealogía de esta forma de entender el trabajo cultural nacida en el apogeo del new public management, y las ideas de eficacia, eficiencia y efectividad, que incluso, han pretendido reemplazar la noción misma de políticas.

Dado que con la implementación de políticas neoliberales, el Estado intervino en la acción cultural más débilmente, comenzó a ampliarse el alcance de los espacios desde donde se formulan acciones culturales, así se hicieron más visibles otras instancias sociales. Quizás es la palabra políticas la que resulta incómoda; entonces es ahí, con la emergencia de una nueva concepción de la acción cultural, donde emerge la idea de gestión cultural.  La cultura durante el predominio de los Estados atravesados por políticas económicas de corte neoliberal fue concebida más en términos de administración que de política, de ahí el cambio de palabra y de concepción paralelamente. (Wortman, 2009, pág. 23)   

 

En línea con esta concepción que relega lo político a lo administrativo, el intelectual argentino José Luis Castiñeira de Dios llama la atención sobre el carácter colonial y de base económica que tomó la instalación de la gestión cultural en América Latina, a partir de tres ejes interrelacionados por la ideología neoliberal: Mercado, multiculturalismo y tecnología de las comunicaciones.  

«Nacida a la luz de las experiencias estatistas francesas de la posguerra, la gestión cultural se instala como disciplina académica formal en los ´90, tras la caída del Muro y el anuncio del fin de la historia. Por lo tanto, su estructura de base incluye las principales certezas de esa nueva era: la fe en la ciencia económica como reguladora de las relaciones sociales, el respeto a la diversidad –surgido como mea culpa europeo después de dos siglos de racismo y construido sobre los esqueletos de 40 millones de muertos– y la creencia en un marco legal universal que hiciera posible toda suerte de transacciones en un mundo ligado por la tecnología comunicativa.» (José Luis Castiñeira de Dios, 2007, pág. 79)

 

Además, Castiñeira señala la intensa actividad de la cooperación española en la instalación de la gestión cultural, especialmente a partir de los festejos del V centenario y los procesos de privatizaciones de empresas públicas de comunicaciones en América Látina. Por otro lado, Rubens Bayardo víncula la emergencia del campo con cierto proceso modernizador y profesionalizante, que intenta barrer con todas las formas del trabajo cultural precedentes, mencionando también la acción española para transferir ese modelo de gestión.

 

«En un siglo de tránsito de los misioneros culturales a los gestores culturales, en América Latina han mediado distintas reformas administrativas y enfoques organizacionales, últimamente inspirados por las teorías de la gobernanza, el New Public Management y la planificación estratégica. Abrevando en ellas la gestión cultural cubrió como un paraguas a formas precedentes de la animación sociocultural, la promoción cultural, la mediación cultural, la administración cultural, bajo una etiqueta de adecuación modernizadora y de marca profesionalizante. La transferencia de conceptos, prácticas y políticas especialmente desde España interactuó con perspectivas latinoamericanas que dieron lugar a nuevas discusiones y encuadres.»  (Bayardo, 2019, pág. 28).

 

En este marco de transferencia y nuevas discusiones, quien más ha trabajado la instalación de la gestión cultural en nuestra región es Paola De la Vega Velastegui. En su libro “Genealogías para una gestión cultural crítica” se adentra en los orígenes y contradicciones de la gestión cultural en Iberoamérica abordando sus raíces en la Barcelona de los años ochenta y su expansión hacia América Latina. A partir de su investigación la autora define una categoría para referir al modelo de gestión cultural de base neoliberal exportado por España, como gestión cultural iberoamericana, pero también, analiza esas nuevas discusiones y encuadres que menciona Bayardo, o las “repolitizaciones”, usando sus propias palabras, producidas por los propios agentes en los territorios. 

«Es indudable que aún en la actualidad el concepto imperante de gestión cultural en países latinoamericanos responde a una configuración que se reconoce en los legados conceptuales y herramentales de la gestión cultural iberoamericana. Sin embargo, he sostenido que esta escuela, resultado de un nuevo orden global neoliberal y de políticas neocoloniales de la cooperación española al desarrollo, produjo una borradura parcial de trayectorias de acción cultural vinculadas a la educación popular, el trabajo social, la animación y promoción cultural y sociocultural, la militancia cultural, la organización popular y comunal, el activismo político y diversas prácticas emancipatorias y de transformación social, precedentes a la gestión, que se entraman y son visibles hoy en experiencias culturales situadas. A estas trayectorias genealógicas propongo agruparlas en la categoría de gestión cultural crítica, a la que defino como prácticas de utopismo concreto que alumbran en el presente modos de hacer que resisten a lo que Wilder (2022) define como un pesimismo categórico: aquel que declara la imposibilidad de cualquier cambio en sintonía con el triunfalismo del fin de la historia proclamado por el orden neoliberal.» (De la Vega, pág. 299, 2024)

 

En su trabajo, De la Vega Velastegui analiza cómo un campo que surgió para administrar y profesionalizar la cultura, terminó transformándose en un instrumento de poder con implicaciones económicas y políticas que, en muchos casos, perpetúa desigualdades a partir una trama colonial y neoliberal que sostiene la disciplina en el sur global, proponiendo la alternativa de gestión cultural crítica, vinculada a otras tradiciones del trabajo cultural en los territorios, como alternativa para desmantelar esas estructuras de dominación. Tal como describe la autora, esta forma de entender el trabajo en el campo de la organización de la cultura está directamente vinculada con los procesos comunitarios y necesita de un fuerte componente de participación social para su desarrollo. A nível de políticas, esta inclusión de la participación podría llevarnos a transitar hacia un modelo pleno de ciudadanía cultural, o en palabras de García Canclini (1987), a un paradigma superador de la democratización, la democracia participativa o cultural, donde la ciudadanía tiene un rol central en la activación de sus derechos culturales. 

Este modelo de “democracia cultural” ha sido puesto en operación exitosamente en el marco de las políticas culturales de base comunitaria (PCBC), expresadas en las acciones vinculadas a la Cultura Viva Comunitaria y los Puntos de Cultura, conformando un modelo paradigmático de política cultural en América Latina. Y si bien las PCBC vienen generando cierta incidencia en la enunciación de políticas culturales en un paradigma de derechos (que pareciera estar en auge en el golpeado ámbito multilateral), su modelo se encuentra aún en una disputa bastante asimétrica en el ecosistema de las políticas culturales, hegemonizado principalmente por las ideas de la economía creativa y el mercado como gran regulador. 

Estás tensiones entre los enfoques – liberalismo procesal o sustantivo –  según el profesor Alexandre Barbalho (2020), han generado intensos debates en el campo académico. La investigadora brasileña Renata Rocha (2016), señala que la mayoría de los trabajos adopta posiciones alineadas con lo que denomina “corriente crítica de políticas culturales”, un tipo de “reflexión teórica producida en América Latina (Brizuela y Rocha, 2019; Lima, 2011; Rocha, 2016; Rubim, 2019), que es claramente decolonial (Rocha, Costa y Rabelo, 2024) y afrodiaspórica (Biriba, 2021; Freitas, 2019)”, que tensiona el estudio teórico al incorporar categorías como la de gestión cultural crítica propuesta por Paola De la Vega Velastegui.

Dentro de este registro de la corriente crítica y su afán por la innovación teórica, podemos citar la propuesta de desculturizar la cultura del investigador peruano Víctor Vich, desde la cual piensa en la función social de las políticas culturales. 

«Con “desculturalizar la cultura” hago referencia a una larga estrategia de pensamiento y acción que se promueve en América Latina desde hace décadas y que debería consistir al menos en dos proposiciones: posicionar a la cultura como un agente de transformación social y revelar las dimensiones culturales de fenómenos aparentemente no culturales.» (Vich, 2014, pág. 85)

 

Sin dudas, y siguiendo las advertencias de Julieta Infantino, podemos ver en la proposición de Vich los vínculos entre cultura y poder, que desde un posicionamiento situado en nuestra reciente historia política regional podemos traducir como el vínculo entre cultura y democracia. En esa línea, la propuesta hacia el democratizar cultural del investigador chileno Tómas Peters (2025), se propone como síntesis dialéctica de la tensión entre democratización y democracia cultural, buscando superar las limitaciones de ambos enfoques en una acción que fortalezca la ciudadanía cultural desde una perspectiva amplia, y por ende, más política.

«En suma, la idea de democratizar cultural busca ampliar la función de las políticas culturales tradicionales a nuevos registros de acción —un hacer en una zona de conflictos—, donde se encarnen valores e ideas de sociedad que gatillen un compromiso social por provocar la democracia o por afectarla.» (Peters, 2025, pág. 59)

 

Esta idea de provocación o afectación de la democracia a partir de la acción cultural es la base desde la que parte Jazmín Beirak Ulanosky (2024) en su propuesta de políticas culturales que fomenten la ingobernabilidad de la cultura, como forma de radicalización de la democracia. En su trabajo, la autora aborda la necesidad de recuperar la dimensión ordinaria de la cultura como primer paso para una apropiación y justiciabilidad de los derechos culturales, que muchas veces son dejados de lado por el mero desconocimiento de su existencia, y se pregunta sobre la función pública de las políticas culturales y cual debe ser el rol de las instituciones que las gobiernan.

«Pero, desde lo público, solo puede hacerse política cultural teniendo presente que la cultura siempre excede, supera y desborda las instituciones, y que la misión que deberían plantearse las políticas culturales no es otra que la de facilitar e intensificar esa fuga y proliferación permanente. Favorecer la autonomía de la cultura no consiste en reafirmar el estatuto autónomo de lo cultural como una esfera separada del resto de los campos, sino en potenciar su carácter vivo, transversal, mutante e indeterminado.  

Gobernar la cultura es generar las condiciones para su ingobernabilidad.» (Beirak Ulanosky, 2024, pág 87)

 

Así, pensar en políticas que fomenten la ingobernabilidad de la cultura permitiría un desborde crítico, que ayudaría en la dinamización social y al fortalecimiento democrático. Pero hay algo más en la cita. Es que sí bien Beirak plantea la necesidad cierta autonomía de lo cultural, aclara que también es necesario que está no sea endógena y que busque potenciarse, transversalmente, con otras esferas. 

Estos aportes teóricos conceptuales parten de una base de investigación-acción-participación propia del carácter anfibio y del compromiso situado de los agentes que los elaboran (entre la investigación, la gestión y la militancia) que de alguna forma configuran una forma de acción política interseccional en la construcción de pensamiento sobre políticas culturales desde el espacio latinoamericano.

En esta matriz de pensamiento situado, propongo la categoría de hackeo cultural para referirme a una intervención deliberada y estratégica en la arquitectura de las políticas culturales. La propuesta de hackeo, que vengo sosteniendo en torno a la acción política en el campo de la cultura (Fuentes Firmani, 2022, pág. 176), busca subvertir las lógicas neoliberales y coloniales heredadas. Se trata de una acción política que utiliza la teoría crítica como palanca para forzar un desborde institucional y situar las agendas de los movimientos sociales, los feminismos y los giros ecoterritoriales en el centro de la gestión.

Esta concepción resuena con la postura de la investigadora brasileña Renata Rocha (2016), quien señala que es necesario un vínculo más estrecho aún entre producción de conocimiento y agendas políticas, y aprovechar todas las instancias de incidencia

 

«El debate teórico sobre política cultural debe, por lo tanto, activar y fortalecer su legitimidad para operar con conceptos y métodos capaces de dialogar y exigir agendas políticas comprometidas con temas como la sostenibilidad, el medio ambiente, la participación social, las demandas de los pueblos tradicionales, las periferias, las comunidades y los colectivos, y, en particular, con la lucha contra la explotación bajo el modelo capitalista. 

Como ya afirmó hooks (2019, p. 86), “la teoría no es intrínsecamente sanadora, liberadora ni revolucionaria. Solo cumple esta función cuando se lo pedimos, y orientamos nuestra teorización hacia este fin”. Por lo tanto, abogamos por una teoría que contribuya, siguiendo la propuesta de Krenak (2019), a posponer el fin del mundo.» (Rocha, 2025, págs. 56-57) 

 

En este vínculo entre pensamiento y acción política – entre producción teórica y gestión cultural crítica; entre la ingobernabilidad y un (re)democratizar cultural – se articulan cruces y experiencias innovadoras que dotan de vida a una rica y larga tradición. Esta tradición, que combina la investigación situada con el compromiso político, es la que desde algún tiempo, junto con otros colegas, vengo referenciando como Escuela Latinoamericana de Políticas Culturales. Para el investigador argentino Juan Brizuela (2020), existen dos características que pueden reconocerse en  una “escuela latinoamericana”: la amplitud de territorios, historias y memorias de los que se nutren los procesos de políticas culturales, que atraviesan países y regiones, y un fluido proceso de pensamiento e intercambio entre personas dedicadas a la investigación que dialogan y debaten con sus trabajos. A mi entender, se podría agregar como tercer y cuarto elemento la profesionalización de la gestión cultural y la creciente participación de cuadros militantes con formación técnica en las áreas de gobierno dedicadas a las políticas culturales. 

 

La Escuela Latinoamericana de Políticas Culturales 

En los últimos 25 años los estudios sobre políticas culturales han ganado un importante volumen en nuestra región, especialmente desde esa corriente crítica señalada por Renata Rocha, pero no puede desconocerse el importante trabajo de articulación y cooperación que la intelectualidad latinoamericana ha venido impulsando desde hace más de 50 años. Víctor Vich (2014) menciona desde los trabajos de Paulo Freire, Orlando Fals Borda y Augusto Boal, a los aportes desde la academia y los estudios decoloniales de Néstor García Canclini, Jesús Martín Barbero, George Yúdice, Doris Sommer, Catherinne Walsh, Walter Mignolo y entre otros. Si bien la lista de referentes es extensa, este análisis se centrará en revisar aquellas iniciativas que se han propuesto desde la cooperación cultural o el trabajo en red, y que en mi criterio, y usando la metodología de Paola de la Vega Velastegui, sirven para construir unas genealogías de la Escuela Latinoamericana de Políticas Culturales. 

Así, existe cierta coincidencia en referenciar a la constitución del primer espacio de articulación de los estudios de las políticas culturales en la creación del Grupo de Trabajo de Políticas Culturales de CLACSO (Bayardo y Lacarrieu, 1998; Yúdice, 2002; Logiodice, 2012; Rocha, 2016) coordinado por Néstor García Canclini y que ha basado su aporte tomando en cuenta la Mondiacult 82 y las ampliaciones conceptuales y políticas que surgieron de su declaración (Fuentes Firmani, 2022)

 

«Por esos años se crea el Grupo de Trabajo sobre Políticas Culturales en CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), una de las principales expresiones a nivel continental de la generalización de investigaciones en este campo. Conformado inicialmente por Brunner, García Canclini, Landi, Miceli, Antonio Augusto Arantes, Carlos Catalán y Luis Peirano; dicho grupo desarrolló una investigación comparativa sobre las relaciones entre política cultural y consumo en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Tal vez el hecho más significativo de esta etapa, por el nivel de citación que luego alcanzaría, sea la publicación en 1987 de «Políticas culturales en América Latina», coordinada por García Canclini y que reúne textos de Jean Franco, Sergio Miceli, Guillermo Bonfil, Oscar Landi y José Joaquín Brunner.» (Logiodice, 2012)

 

La investigadora argentina Julia Logiodice menciona la creación del grupo en el marco de la creciente importancia de los debates intelectuales sobre cultura durante la transición democrática, y referencia una serie de eventos como la realización del Simposio Estado e Cultura no Brasil coordinado por Sergio Miceli en 1982, de un primer encuentro de políticas culturales, realizado en 1985 Chile entre el CEDES (Argentina), el INTERCOM (Brasil) y CENECA (Chile); además de algunas publicaciones como Culturas populares y política cultural, de Guillermo Bonfil Batalla (1983) o Política y cultura popular: la Argentina peronista (1946-1955) de Alberto Ciria (1983); o avances institucionales, como la creación del Ministerio de Cultura de Brasil en 1985. Estos hechos ayudarán a la consolidación de este espacio, que como menciona la autora, encontrará su ápice con la publicación del libro Políticas culturales en América Látina coordinado por García Canclini en 1987. 

Desde el punto de vista institucional, no podemos desconocer la importancia de la cooperación cultural. Más allá de la centralidad de la Unesco, a partir de la década de 1990, y bajo el mantra neoliberal, América Látina comenzó a vivir un proceso de cooperación cultural de alta intensidad con un marcado protagonismo de España. Nuevos organismos de cooperación como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Convenio Andrés Bello (CAB) en un inicio, o la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) a posteriori, han posibilitado tanto la circulación, como el encuentro y la producción, aunque con cierto sesgo ideológico y alguna asimetría entre los agentes, colectivos y organizaciones provenientes de la metrópoli y las de los países latinoamericanos. Esto puede verificarse a partir del año 2000 con la realización de los Campus Euroamericanos de la Cultura, organizados por la Fundación Interarts (Con la OEI y el CAB) y coordinados por el gestor e intelectual catalán Eduard Delgado; o con la ejecución de las capacitaciones del programa ACERCA de la cooperación cultural española;  o desde 2008, con los Congresos Iberoamericanos de Cultura. Como marca de la época, en 1997 el CAB lanza el programa “El pensamiento renovado de integración”, un espacio de investigación liderado por el intelectual chileno Manuel Antonio Garretón para pensar la integración regional. En 1998, el proyecto organizó en Sevilla el seminario Hacia la consolidación de un Espacio Cultural Latinoamericano y conformó un grupo de trabajo integrado por Jesús Martín-Barbero, Marcelo Cavarozzi, Néstor García Canclini, Guadalupe Ruiz-Giménez y Rodolfo Stavenhagen que, con la colaboración de personas expertas sectoriales, elaboró un documento base para la discusión sobre la integración del espacio cultural latinoamericano. En una segunda instancia se conformó una red de más de 60 intelectuales de los países miembro a los que se les envió el texto para que lo revisaran e intervinieran. El producto final del proceso es el informe El espacio Cultural Latinoamericano. Bases para una política cultural de integración, publicado en 2003 por el Fondo De Cultura Económica.

 

«La tesis central de este documento es que el mundo en este siglo no se constituirá en torno a lo geopolítico ni a lo geoeconómico, sino principalmente en torno a lo geocultural. Será apropiado, construído, distribuído entre diferentes espacios culturales y América Latina debe ser uno de ellos. En la primera parte se definen el espacio y el posicionamiento latinoamericano en esta problemática. En la segunda, se abordan los ámbitos del espacio cultural como son las identidades, el patrimonio cultural, como son las identidades, el patrimonio cultural, la educación, la ciencia y la tecnología y las industrias culturales. En la tercera parte se estudian las dimensiones económica, social, política e institucional del espacio cultural tanto en sus aspectos de integración latinoamericana como de interacción con otros espacios culturales.» (Garretón, 2003, págs. 14-15) 

 

Es posible que el informe estuviera imbuido del clima de época, pero resulta resulta notable la relativa desatención a la primacía de los factores económicos y políticos en los procesos de integración, y cómo éstos configuran la estructura de dominación sobre la cual se cimienta la cultura latinoamericana. 

Aunque desde una arista diferente, tampoco pueden soslayarse las acciones del Grupo de Trabajo sobre Cultura y poder (o Cultura y Transformaciones Sociales en Tiempos de Globalización) de CLACSO coordinado por Daniel Mato desde 1999 como otro de los espacios de relevancia en la estructuración de la Escuela Latinoamericana de Políticas Culturales. El GT tuvo una prolífica producción y debate, con la participación de más de 60 intelectuales y tres publicaciones producidas entre 2000 y 2002, entre los que se encuentran importantes trabajos de Néstor García Canclini, Jesús Martín-Barbero, Lourdes Arizpe, Alejandro Grimson, Martín Hopenhayn, Elizabeth Jelin, Ana María Ochoa Gautier, Nelly Richard y Ana Wortman, entre otros. Actualmente existe en CLACSO un nuevo Grupo de Trabajo en Cultura y Políticas Culturales, coordinado por Albino Rubim Canelas, Eduardo Nivón Bolán y Susana Dominzain, que integra más de 50 investigadores y que ha publicado un trabajo regional analizando la actualidad de las políticas culturales en 8 países.  También es importante destacar los ejercicios producidos previamente por algunos miembros de este grupo de trabajo, especialmente Albino Rubim y Rubens Bayardo, quienes organizaron en 2008 y 2016, dos publicaciones sobre políticas culturales y gestión cultural en Iberoamérica en el marco del Centro de Estudios Multidisciplinares en Cultura de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) y que desde hace más de 15 años coordinan el grupo de trabajo de América Latina en el Encuentro de Estudios Multidisciplinares en Cultura (ENECULT) de la misma Universidad.  

En nuestros días, gran parte del trabajo crítico en políticas culturales en América Latina viene siendo puesto en circulación a partir de dispositivos descentrados, tanto institucionales como independientes, como el trabajo de la  editorial y consultora RGC – Redes de Gestión Cultural de la cual formo parte; en algunas colecciones de editoriales universitarias, como las de la UFBA o las impulsadas por la Universidad de Guadalajara; en revistas científicas como Pragmatizes y Políticas Culturais em Revista, de Brasil; Corima de México; MGC de Chile o la persistencia en el tiempo de encuentros como el ENECULT, en Salvador de Bahía; el Seminario Internacional de Políticas Culturales de la Cátedra Unesco de la Fundación Casa de Rui Barbosa en Río de Janeiro; o los más recientes Congresos de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural, o el Seminario Internacional Cultura Viva Comunitaria. Una Escuela Latinoamericana de Políticas Culturales, organizado por RGC, el Instituto Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria y Trànsit Projectes. 

Aquí me gustaría destacar dos puntos. El primero es que si bien los procesos de cooperación cultural actuales mantienen una fuerte hegemonía española en su conducción, existen otros procesos, a nível de agentes, colectivos y organizaciones, que proponen una cooperación más horizontal entre las experiencias de España y sus ex colonias, posibilitando ejercicios más ricos y simétricos. El segundo tiene que ver con la importante incorporación de Brasil al proceso de integración regional. En los últimos 20 años han existido diversas instancias de diálogo y encuentro, pero también, una activa política de traducción y publicaciones, principalmente del portugués al español, aunque pareciera que lentamente comienza a revertirse esa tendencia. 

Esté fenómeno, de cooperación más horizontal y de una integración más plena de Brasil en el diálogo regional, constituye un espacio regional con una identidad política que aquí llamaremos Ameroibérica. Así, el espacio ameroibericano puede ser una plataforma más amplia, o un laboratorio, desde la cual poder posicionar el modelo de políticas culturales de ciudadanía cultural característico de la Escuela Latinoamericana de Políticas Culturales. Es en respuesta directa a esta necesidad de vincular pensamiento y acción en la geografía ameroibericana que se propone la creación del Laboratorio Nómada.      

El Laboratorio Nómada

El Laboratorio Nómada es un espacio de construcción colectiva y participación activa, nacido para identificar y movilizar las problemáticas globales que convocan a la región. Es un espacio de pensamiento crítico y acción política que busca repensar la gestión cultural desde una perspectiva decolonial y situada en Ameroibérica. No es un lugar físico, sino un «artefacto» de encuentro que reúne a activistas, gestores, investigadores y trabajadores de la cultura de toda la región. Se define como una «trinchera» y un posicionamiento ético-político orientado a la acción, que busca disputar sentidos, infraestructuras y subjetividades en el campo de la cultura desde el posicionamiento crítico en los estudios sobre políticas culturales. Su propósito es incidir en debates internacionales, con un mandato específico para Mondiacult 2025, para que la región llegue con «voz propia» y no como un mero anexo técnico de discursos globales. Pero además, el Laboratorio viene funcionando como una usina de pensamiento o una “aula viva” de la Escuela Latinoamericana de Políticas Culturales.  El dispositivo fue diseñado por RGC – Redes de Gestión Cultural (Argentina), en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria (Brasil) y Trànsit Projectes (España). El Laboratorio no funciona como un centro de investigación tradicional, sino como un «dispositivo/artefacto» que se desplaza y sesiona de forma híbrida, nómada, porque su metodología es procesual e itinerante, e implica participar en paralelo a diferentes eventos de políticas culturales en toda la región. No tiene una sede fija; busca habitar los territorios y las redes ya existentes para fortalecer la democracia cultural desde la base. Este dispositivo nació bajo la premisa de que la cooperación cultural no es neutral, sino un campo de disputa donde se debe pasar del lenguaje tecnocrático a la construcción horizontal desde la diferencia y el conflicto. 

El Laboratorio reúne a una red diversa de especialistas, investigadores, gestores culturales, activistas y representantes de organizaciones de Ameroibérica. Entre sus más de 50 integrantes activos se encuentran referentes clave como Rubens Bayardo, Mónica Lacarrieu y Marcela País Andrade (Argentina); Lia Calabre, Alexandre Santini, Ivana Bentes, Luana Vilutis, Deborah Rebello Lima y Albino Rubim (Brasil); Tomas Peters, Julieta Brodsky y Fabiola Leiva (Chile); Sylvie Durán y George Yúdice (Costa Rica/Miami); Juan David Correa, Jorge Melguizo y Adriana Molano (Colombia); Paola De la Vega Velastegui y Ramiro Noriega (Ecuador); Jazmín Beirak Ulanosky y Ángel Mestres (España); Lucina Jimenez, José Luis Mariscal Orozco, Eduardo Nivón Bolán, Marissa Reyes y Gerardo Padilla (México); Victor Vích, Gloria Lescano, Santiago Alfaro y Guillermo Valdizan (Perú); Danilo Urbanavicius y Rosario Radakovich (Uruguay), entre otros. Su funcionamiento es el de una comunidad de praxis basada en el trabajo colaborativo, la participación activa y el cuidado. 

A lo largo de 2025, el Laboratorio ha mantenido una agenda de sesiones críticas en diversas sedes: Ciudad de México (11 de abril), dónde se presentó el dispositivo y la matriz de principios (decolonialidad, feminismo, pluralismo epistemológico); Santiago de Chile (16 de mayo), donde se realizó un análisis situado de la cumbre Mondiacult 22 y se presentó una propuesta metodológica; Montevideo (20 de junio), donde se trabajó con el foco en los derechos culturales y los bienes comunes, abordando la justiciabilidad y la dimensión digital; Río de Janeiro (5 de julio), donde se debatió sobre la cultura digital, diversidad e Inteligencia Artificial desde un perfil soberano; Salvador de Bahía (14 de agosto), donde se trabajó sobre las teorías críticas de la cultura y del (des) desarrollo; Buenos Aires (6 de septiembre), donde se abordó el vínculo entre la democracia y la ciudadanía cultural frente a los nuevos autoritarismos glocales; Bogotá (20 de septiembre), donde se elaboró el primer borrador del Manifiesto Nómada; y finalmente Barcelona (27 de septiembre), donde se realizó la sesión final en el marco del evento Ameroibérica. Caminatas compartidas en América Latina y se presentó el Manifiesto del Laboratorio Nómada. 

El laboratorio tuvo una sesión más, en el mes de noviembre de 2025, en donde se realizó una evaluación del proceso y se fijaron nuevos horizontes de trabajo para 2026. 

Conclusiones. La democracia cultural como eje de la soberanía en Ameroibérica

El Laboratorio Nómada se posiciona en la ruptura con el modelo ilustrado de «democratización cultural», el cual históricamente ha operado bajo una lógica top-down, asumiendo una carencia cultural en las comunidades que el Estado debe «llenar». Frente a esto, el Laboratorio propone la democracia cultural como una praxis de soberanía. En el contexto de Ameroibérica, esto implica un giro epistemológico: no se trata de llevar la cultura a los territorios, sino de reconocer y potenciar los ecosistemas simbólicos, saberes ancestrales y redes de cuidado que ya sostienen la vida en común. El Laboratorio actúa, entonces, como un dispositivo de visibilización de estas soberanías, transformando la gestión cultural en un ejercicio de ciudadanía activa y crítica.

Esta apuesta por la democracia cultural en la región exige una redistribución del poder de enunciación. Especialmente después de la intervención de Estados Unidos del 3 de enero de 2026 en Venezuela y del avance bruto de los imperialismos que ya no disfrazan sus intereses económicos y políticos. Por ello, el Laboratorio no solo busca documentar prácticas, sino que busca también disputar la arquitectura misma de las políticas públicas. Al situar la cultura como un Bien Común dentro de la geografía de Ameroibérica, se interpela la rigidez de las instituciones nacionales para que transiten hacia modelos de gestión cultural del cuidado, regenerativa y compartida (Yúdice, 2025). Así, el proyecto se convierte en un laboratorio de incidencia política donde la participación no es una consulta cosmética, sino la base de una nueva institucionalidad cultural, descentrada, híbrida, ingobernable y radicalmente democrática.

La potencia del Laboratorio Nómada reside, precisamente, en su capacidad para articular esta rica tradición teórica latinoamericana —que incluye la gestión cultural crítica de Paola De la Vega Velastegui, el llamamiento a desculturalizar la cultura de Víctor Vich, y la propuesta de ingobernabilidad de Jazmín Beirak Ulanosky— y convertirla en acción política situada. Frente a los modelos neoliberales de gestión cultural, importados y colonialistas, este artefacto nómada reafirma la necesidad de una soberanía intelectual que nazca desde Ameroibérica para disputar la agenda global, garantizando que la voz de la región sea contrahegemónica, autónoma, feminista y constructiva. 

Pero además, el Laboratorio es una red de afecto y cuidado. Un espacio de construcción de conocimiento y debate, pero también, un lugar de encuentro, apoyo y acompañamiento en el que sus miembros activan vínculos solidarios y sororos, en una verdadera “gestión del cuidado por el bien común” (Yúdice, 2025, pág 26). En última instancia, la democracia cultural, o el “democratizar”  que propone el Laboratorio Nómada es un proyecto de largo aliento, una defensa activa de la vida frente a la gestión del colapso. 

El camino a seguir en 2026 y más allá implica profundizar la investigación-acción-participación, actuando como una «comunidad de praxis» que no solo postula la utopía concreta, sino que la practica a diario, tejiendo redes de cuidado y militancia cultural capaces de resistir los nuevos autoritarismos glocales y de «posponer el fin del mundo» a través de la gestión cultural crítica, regenerativa e insurgente.

 

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