El problema no es el precio, es lo que sostiene
El gobierno vuelve a intentar derogar la Ley 25.542 con el argumento de que así los libros van a ser más baratos. Es la tercera vez desde 2023 que lo pone sobre la mesa . Y es, otra vez, la misma operación: presentar como liberación de mercado el desmantelamiento de una simple regla que ayuda a sostener la infraestructura del libro argentino.
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La derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera, la que fija el precio único del libro en Argentina, aparece ahora en un paquete que el Ministerio de Desregulación quiere enviar al congreso con el aval de la Casa Rosada. Ya había aparecido en la Ley Bases de diciembre de 2023 y en el dictamen posterior. Federico Sturzenegger, reflotó el tema en 2024 llamando «anticultural» a la prohibición de descuentos, prometiendo que sin la ley los libros bajarían hasta un 40% y, ante la pregunta por las librerías que podrían cerrar, respondió que «tal vez deberían reinventarse». Hace pocos días defendió la iniciativa vía X diciendo que había que priorizar la libre elección de los individuos, ergo bajo las reglas del libre mercado.
La ley que insisten con derogar obliga a editores e importadores a fijar un precio uniforme de venta al público, que rige igual en la gran cadena que en la librería de la esquina o en Mercado Libre. Es apenas una regla, sin ningún costo para el Estado, que impide que quien tiene espalda financiera remate el libro más vendido por debajo de su costo para atraer clientela,y así vuelva inviable la sostenibilidad de cientos de comercios chicos y medianos que viven exclusivamente de vender libros y cuya importancia excede por lejos su dimensión económica.
Entre tensiones, transformaciones e historia
En un texto de Roger Chartier sobre las librerías y sus futuros cuenta que ya en 1732, en una entrada de un Diccionario, se evidenciaban las tensiones entre su lógica comercial y su función cultural, «la tienda o paraje donde se venden los libros» y donde se ejerce el “empleo y ministerio del Librero». Y también agrega en otras citas que la percepción social de ese oficio osciló siempre entre la profesión por extremo noble y el burdel de los libros.
Esa doble dimensión, económica y cultural, que le es propia a todos los bienes y servicios culturales que son puestos en circulación en la vida social mediante transacciones económicas, le genera reglas donde el libre mercado no funciona. Un simple ejemplo de esto se puede dar con el precio, cuyo descenso no garantiza que se estimule su demanda, ¿o acaso, usted, lector compraría un libro sobre teoría económica libertaria con decenas de páginas plagiadas de otros autores porque se lo vendieran a mitad de precio?
Parte de lo que hay que comprender de la gravedad del asunto es que, dentro de la industria del libro, la librería es el eslabón más débil de la cadena. Viene sobreviviendo a las transformaciones del libro y de su comercio con no pocas dificultades. La lista de competidores que le fueron apareciendo a lo largo de los siglos es larga: los gabinetes de lectura, las librerías de las estaciones de tren, la venta por correo, los clubes del libro, las grandes superficies que ponen libros al lado de las hamburguesas congeladas, las gaseosas y los vinos, y llegando a hoy las plataformas de comercio electrónico y los sistemas de impresión por demanda. (Al «Coloso» de Milei, que sugiere que las librerías «deberían reinventarse», se le puede decir que llevan siglos haciéndolo, lo que no les había pasado es tener enfrente un Estado que busque atacarlas bajo pretextos ideológicos).
El sostenimiento de las librerías importa porque son el lugar privilegiado donde el libro se encuentra con el lector. Conviven ahí los títulos que no son best sellers, los que pasan años en el estante hasta dar con quien los estaba esperando, una variedad de libros que no cabe en ningún algoritmo de rotación, y que llamamos bibliodiversidad. Además de las superficies de exhibición, el librero o la librera que conoce su fondo, que recomienda, que arma una mesa, que sostiene un club de lectura, cumple una función de vinculación y mediación que ninguna vidriera digital puede replicar, y sin esa mediación la bibliodiversidad termina trunca. Más aún en una librería de una ciudad chica de provincia, que suelen ser el único punto donde una comunidad accede a la cultura escrita y el único lugar donde parte de su producción local circula. Retirar la regla que sostiene ese tejido es aceptar que la cultura escrita se concentre donde ya está concentrado todo lo demás.
La Ley 25.542 no fue una imposición estatista, se sancionó a fines de 2001, (quien impulsa la derogación era en ese momento Secretario de Política Económica de la Nación Argentina, por las dudas haya algún desmemoriado) y con un amplio acuerdo de los actores del libro, las editoriales y los libreros. Es una de las pocas legislaciones sobre el libro que han funcionado en la historia de nuestro país, ya que no funcionan ni la ley del libro de 1973, ni la que fue vetada en 2001 por Cavallo vaciando su sentido económico parcialmente, ni los intentos de producir un INLA (Instituto Nacional del Libro Argentino, ¡que lejos que quedó esto!). Son muy pocas las políticas y legislaciones que han ayudado al fortalecimiento del sector (tarea pendiente para lo que venga por cierto).
Argumentos y ejemplos
El Gobierno tiene un argumento que podría ser válido pero existen bastantes ejemplos para contrastarlo, y en resumen dicen que no pasa lo que dicen que pasará.
La promesa de que un libro más barato mejora la vida del consumidor, el argumento que trajo nuestro ministro “campeón mundial de la desregulación”. En el caso de Reino Unido, que está muy documentado, el abandono del precio único a mediados de los noventa del siglo pasado no bajó los precios. Si bien la primera situación fue que los best sellers se abarataron, el precio medio de los libros subió por encima de la inflación al corregir, la competencia en descuentos concentró la venta y las cadenas exigieron márgenes cada vez mayores, eso hizo que las editoriales compensen subiendo los precios de tapa. El descuento en pocos títulos se financió encareciendo todo el resto. Las librerías independientes en ese proceso se redujeron a la mitad.
Del otro lado está el ejemplo de Francia, donde la ley de precio único rige desde 1981, y se sostiene desde entonces. Y a diferencia del ejemplo anterior, con niveles de población similares, sostiene una red de librerías que triplica a las de Reino Unido. Sucede lo mismo en España, Alemania y otros países, donde se sostuvieron las políticas de precio único y donde hasta las grandes cadenas lo defienden.
También está el estudio de Rhys Williams publicado en 2024 en el Journal of Competition Law & Economics de Oxford, y que ha sido citado en varios artículos por estos días, que es el primer análisis comparado en detalle sobre el tema, se midieron países europeos con y sin precio fijo entre 2008 y 2019. Y las conclusiones son que se venden más libros que en los países sin la regla, y que el precio promedio no sube. Lo interesante y de fondo que surge de esto es que cuando cierran las librerías físicas, la gente no migra a otro canal, directamente lee menos.
Las nuevas derechas y su ataque a la cultura
Por todo eso de que funciona, quizás sea justamente una de las que el experimento libertario quiere derogar. Desarmar esta ley no garantizará que circule la producción local, ni que el mercado crezca, ni que los libros sean más baratos. Solamente garantizará que los grandes catálogos y las plataformas digitales se instalen con más fuerza. La desregulación no será neutral, elige ganadores de antemano, y los ganadores no serán las librerías, ni las editoriales argentinas independientes que publican a los autores que nadie más publicaría.
Nos corren con falsa libertad del que promete un descuento hoy para entregarnos mañana un mercado más chico y más pobre. La pregunta no es cuánto cuesta un libro, en todo caso es si vamos a defender las condiciones materiales que hacen posible que una sociedad diversa siga produciendo, publicando y leyendo sus propias palabras, en todos sus territorios y con diversidad de voces. Y defenderla, cuando la disputa cultural es más que nunca una disputa política, es defender la posibilidad misma de una vida democrática donde quepamos todos.
Lo que ellos saben, y por eso insisten, es que la cultura no es un adorno de la vida democrática. La cultura, y toda la infraestructura material y simbólica que la sostiene, es el sistema a través del cual una sociedad se nombra a sí misma, discute sus modos, imagina futuros. Cuantos más puntos de producción, circulación y mediación existan, más posibilidades habrá de producir formas nuevas de enfrentar el devenir colectivo, y mayores posibilidades de soberanía para narrarnos en un mundo cada vez más gobernado por algoritmos y bajo las lógicas de los superricos que los controlan.
Por eso este gobierno, como casi todos los gobiernos neoliberales que hoy someten al continente, tiene en la cultura (en un sentido más diverso y amplio) un adversario. Parece sistemático, basta mirar las noticias en cada país. Y el motivo no es que la cultura los excluya, sino porque sus relatos no resisten el contraste, yendo a discutir con otros, se desarman solos. Su batalla cultural no se libra solo contra quienes no se someten, sino contra las infraestructuras mismas, contra las capacidades de producir sentidos. En sus lógicas, no alcanza con ganar la discusión es necesario desarmar los lugares donde la discusión puede darse, y donde se pueda construir vínculos, relaciones, pertenencia y comunidad.
Roberto Igarza, uno de los grandes especialistas sobre políticas de lectura de nuestro país, sostenía en un libro para el Cerlalc de hace unos años que la librería es el “eslabón más débil» y que su fragilidad «implica un debilitamiento colectivo que debería estimular la solidaridad de todos los actores sociales». Por suerte, eso está sucediendo, la resistencia se está haciendo sentir, existe un rechazo total del conjunto total de entidades gremiales y asociaciones ligadas al libro en toda su cadena. Se han pronunciado en contra de la desregulación con comunicados institucionales, acciones de prensa y comunicación en medios gráficos, radiales, televisivos y redes sociales, reuniones legislativas con legisladores del Congreso Nacional y otras autoridades. También han rechazado la iniciativa investigadores del campo editorial, periodistas y escritores (incluso algunos que comulgan con ideas del gobierno).
Todavía nos queda el laboratorio. Unos párrafos de cara a algún futuro
Hace algunas semanas publicamos un libro de Leandro Lacquaniti que da cuenta de la primera institución que fue creada en el estado argentino para el desarrollo de políticas culturales. En las primeras páginas del libro aparece esta cita sobre la situación posterior a la crisis del 30, que me viene rebotando en la cabeza hace varias semanas:
Bajo el diagnóstico de que el universo cultural había quedado vulnerable ante las fluctuaciones del mercado, se impuso la convicción de que el Estado debía asumir una función tutelar para garantizar su preservación y difusión. Así lo entendía en 1936 John Maynard Keynes al expresar que:
La explotación y destrucción incidental del don divino del artista público [public entertainer], al prostituirlo en pro de la ganancia financiera, es uno de los peores crímenes del capitalismo de la hora actual. Es difícil decir cuál sería la mejor forma de que el Estado desempeñara el papel que le toca. Debemos aprender por ensayo y error. Pero cualquier cosa sería mejor que el sistema presente. Hoy en día, la posición de los artistas de todas clases es desastrosa.
Adonde voy con este cierre es que después de las grandes crisis de la historia siempre hubo que arriesgar propuestas para salir adelante. La cultura en su conjunto, y en particular la escrita y el universo del libro, ha sido fundamental para eso. Por eso no puede quedar librada a las reglas del mercado ni a los dogmas de quienes creen que todo se resuelve solo, mucho menos si los guían Conan y unos mandamientos divinos. Para quienes tenemos la «esperanza racional» de un mundo distinto y menos desigual, la cultura es, todavía, nuestra herramienta más poderosa para imaginar ese futuro común, y la infraestructura que la sostiene es la condición para construir nuestra soberanía y nuestros derechos culturales. No podemos permitir que nos desarmen el laboratorio donde se piensan los futuros.



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