Seis compromisos intangibles para las políticas de la creación artística
En el marco del VII Seminario Internacional del Observatorio de Políticas Culturales, «Cultura 2050: el poder de la cultura», celebrado en Santiago de Chile los días 29 y 30 de octubre de 2026, el gestor e investigador cultural Yohann Turbet Delof participó en la mesa que abrió el encuentro, dedicada a repensar las políticas para la creación en un contexto de cambio permanente. Desde la experiencia francesa, marcada hoy por la protesta social y por una creciente desconfianza hacia las instituciones, su intervención va a contracorriente de la tendencia a responder a cada transformación con un nuevo plan. Propone seis compromisos intangibles, con los artistas, con las instituciones y con lo común, capaces de resistir a las alternancias políticas, a los ciclos presupuestarios y a las revoluciones técnicas. Publicamos aquí la versión escrita de esa intervención, junto con sus respuestas a las preguntas del público.
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Quisiera empezar por el lugar desde donde hablo. Desde septiembre de 2026, Francia vive una ola de protestas en la que estudiantes secundarios (liceanos) y universitarios bloquean sus establecimientos y qué, en octubre, tuvo cientos de miles de personas marchando contra las políticas del gobierno. Detrás de demandas muy concretas asoma la sensación de estar perdiendo un bien común, el servicio público, y una desconfianza bastante generalizada hacia instituciones que ya no logran hablarles a quienes deberían servir. Las instituciones culturales no escapan a ella.
En junio de 2024, tras la disolución de la Asamblea Nacional, la directora de teatro Ariane Mnouchkine hizo un examen de conciencia poco habitual en nuestro medio. Reconoció que el mundo de la cultura tenía parte de responsabilidad en el ascenso de la extrema derecha: «Soltamos al pueblo, no quisimos escuchar los miedos, las angustias». Dos años después, la pregunta sigue abierta: ¿qué hemos dejado de ver?
Con Tomás Peters solemos decir que se suele decir que las políticas culturales generan bienestar social. Pocas veces nos preguntamos lo contrario. Las políticas culturales también pueden ser fábricas de malestar, cuando refuerzan la desigualdad, alimentan el esnobismo y aumentan la distancia simbólica entre los espacios culturales y la población. El cambio permanente que nos ocupa no es solo tecnológico: es el de una sociedad que evoluciona y que sigue sintiéndose desconectada de la cultura, lo que produce una grave crisis de legitimidad. Los artistas, por su parte, también se sienten amenazados.
Frente a todo ello, la tentación sería producir una política nueva para cada sobresalto, y a menudo cedemos a ella, multiplicamos los planes para intentar reaccionar. Propongo lo contrario: definir seis compromisos intangibles, capaces de resistir tanto a las alternancias políticas como a los ciclos presupuestarios o a las revoluciones técnicas. Son compromisos que podrían ser universales si queremos dar una nueva importancia a las políticas de creación y reconectarlas con una sociedad en cambio permanente.
Un principio, sin embargo, solo se mantiene si viene acompañado de una ley o de una condición de financiamiento; por eso indicaré también, para cada uno, cómo hacerlo exigible. Los agrupo en tres pares: dos compromisos con los artistas, dos con las instituciones y dos con lo común.
1. Reconocer el tiempo creativo
El trabajo creativo requiere tiempos que no son productivos: investigar, ensayar, equivocarse, abandonar un proyecto. Nada de eso cabe en una factura ni en un indicador de resultados. Sin embargo, es ahí donde nace la obra.
Francia dispone de una respuesta singular: el régimen de los intermitentes del espectáculo, inscrito en el seguro de desempleo. Un artista o un técnico que acredita 507 horas de trabajo en doce meses recibe una indemnización durante los periodos sin contrato. Lo esencial no es el mecanismo, sino lo que reconoce: el tiempo entre dos contratos no es un tiempo vacío, es el tiempo en el que se escribe, se ensaya, se transmite. Permite además que el artista no organice su vida únicamente en torno en torno al trabajo que le da de comer, y que termina devorando la obra.
No presento este régimen como un modelo. Es costoso, se cuestiona en cada negociación y protege mejor a los técnicos que a los autores. Supone, además, un mercado laboral formal que no existe en todas partes. Lo que propongo retener es el principio, no la herramienta: financiar el tiempo y no solamente el producto, e inscribir ese reconocimiento en el derecho social antes que en un presupuesto cultural que se renegocia cada año.
2. Proteger la originalidad de la forma
El segundo compromiso consiste en proteger la originalidad de la forma, en particular frente a la inteligencia artificial. Sabemos desde hace más de un siglo que la destreza manual no es un requisito absoluto para crear una obra. Marcel Duchamp nos lo enseñó con bastante precisión, si se sabe leerlo: cuando expone un objeto industrial, muestra que la obra no está en la fabricación, sino en la elección. Duchamp no prueba que cualquier producción sea arte; prueba que el arte nace de un gesto humano de selección y de intención. La inteligencia artificial puede ser una herramienta de ese gesto, no su sustituto.
El mundo literario francés acaba de mostrar lo difícil que es trazar esa frontera. En septiembre de 2026, la Academia Goncourt retiró de su primera selección la novela de Thélyson Orélien, acusada de ser fruto de la inteligencia artificial, lo que el autor niega. La Academia recordó que su misión es premiar una literatura escrita por mujeres y hombres. El episodio revela nuestra incertidumbre: ya no sabemos muy bien qué es un autor, ni cómo probarlo.
El derecho de autor francés, como muchos otros, ofrece un punto de apoyo. Protege la forma, no la idea: lo que se protege es la materialización de una idea en una forma original, que lleva la impronta de la personalidad de su autor. Poco importa, en el fondo, de dónde viene la inspiración; el arte siempre ha sido un proceso de inspiraciones, ideas, copias y transferencias. Pero ese argumento es también, precisamente, el de las empresas de inteligencia artificial: si los artistas aprenden de otros artistas, ¿por qué no podrían hacerlo las máquinas?
La respuesta es que entrenar un modelo no es inspirarse. Un artista se inspira en obras que ha elegido. Un modelo absorbe millones de obras sin consentimiento para producir contenidos que compiten en el mismo mercado que sus autores. La escala, la sustitución y la ausencia de consentimiento cambian la naturaleza del gesto. Todo ello hace exigible un compromiso de transparencia. En 2050, proteger la originalidad de la forma será garantizar que los creadores sepan cuándo sus obras alimentan a las máquinas, y que reciban una parte del valor producido.
3. Separar el poder político de la programación
El tercer compromiso, primero de los dos que conciernen a las instituciones, es la separación entre el poder político y la programación. Un electo tiene toda la legitimidad para elegir las prioridades, los directores, los públicos y los presupuestos. Pero desde 2016, en Francia, la ley afirma que la creación y su difusión son libres, y sanciona penalmente su obstaculización. Es necesario, porque la amenaza es real: desde las elecciones municipales de 2026 se han producido casos de censura y de programaciones anuladas o bloqueadas.
Esos casos muestran que la censura contemporánea no necesariamente prohíbe: retira una subvención, no renueva una convención, modifica un calendario. Por eso la protección exige reglas: convenciones plurianuales, nombramientos por convocatoria abierta y jurado, autonomía de programación…
Pero la autonomía tiene una contrapartida. La figura del director demiurgo, a quien todo se le permitía en nombre del arte, ya no se sostiene. Ya no toleramos ni la arbitrariedad ni la violencia, y esperamos que las instituciones rindan cuentas. La separación de poderes no protege a un artista todopoderoso: protege un proyecto, a cambio de una ética de la responsabilidad. Eso supone nombramientos que evalúen la capacidad de dirigir tanto como el proyecto artístico, y una tolerancia cero frente a las violencias sexistas y sexuales, un tema muy presente en todos los países y hoy especialmente en el medio cultural francés.
Pierre Bourdieu mostró en Las reglas del arte (1992) que la autonomía del campo artístico fue una conquista histórica frente al poder político y al mercado: es esa autonomía la que protege la separación de poderes. Su antigua alumna, Nathalie Heinich, mostró su reverso en L’Élite artiste (2005). Desde el romanticismo, los artistas forman una élite de un tipo particular, fundada no en el nacimiento ni en el dinero, sino en la singularidad, la vocación y el talento: una élite que las democracias admiran y financian, pero que encaja mal en ellas, porque la excepción que celebra entra en tensión con la igualdad que las funda. Esa tensión es la que hoy debemos repensar. Las artistas y los artistas no son semidioses: si su singularidad se convierte en privilegio, si su libertad se vive como impunidad, pierden la confianza de aquellos a quienes se dirigen. La separación de poderes protege la libertad de crear; no protege ningún estatuto de excepción.
4. Organizar el territorio
Se suele presentar a Francia como un país centralizado, sin embargo, las colectividades territoriales, y sobre todo las comunas, financian hoy la cultura más que el Estado. La cultura es una competencia compartida entre todos los niveles de gobierno. Es una riqueza, pero también una fragilidad: no siempre se sabe quién es responsable, y eso alimenta la tentación de lo que llamo el «todo evento», en el que cada autoridad quiere sus propios eventos. El acontecimiento, la fiesta, el momento compartido hacen comunidad; lo que critico es la lógica que privilegia lo visible y lo fotografiable sobre lo duradero.
Frente a esa lógica, defiendo los proyectos estructurantes: un conservatorio, una biblioteca, un lugar de fabricación artística, una residencia, en suma, la infraestructura del tiempo largo. Las Olimpiadas Culturales de París 2024, que viví desde Saint-Denis, mostraron la fuerza del evento para movilizar, pero también su límite: una vez apagados los focos, ¿qué queda en el territorio?
Hace falta organización y compromiso para que haya confianza. Repartición de competencias y contratos plurianuales entre niveles de gobierno permitirían establecer, por fin, quién financia qué y a quién corresponde la responsabilidad de apoyar la creación artística.
5. Garantizar la representatividad y la accesibilidad
El quinto compromiso, primero de los dos que conciernen a lo común, es la representatividad. Setenta años de democratización y de acción cultural no han permitido que nuestras instituciones acojan públicos representativos de la sociedad.
Pierre Bourdieu y Alain Darbel lo mostraron hace sesenta años en El amor al arte (1966): el gusto por el arte no es un don natural, sino un aprendizaje social. Los museos acogen sobre todo a quienes ya poseen los códigos para descifrarlos, y luego presentan esa familiaridad como una sensibilidad personal. En La distinción (1979), Bourdieu mostró que el gusto funciona como una frontera de clase. Medio siglo de democratización cultural en Francia no ha borrado esa frontera.
Hay que abordar esta cuestión de manera mucho más concreta que hasta ahora, incluso mediante criterios exigidos a las instituciones. Debemos integrar en nuestras políticas oficiales las prácticas amateurs, lo que en Chile se llamaría prácticas comunitarias. En Francia somos bastante malos en este terreno: hablamos de excelencia, hablamos siempre de lo profesional, y la práctica amateur queda fuera de la política cultural oficial.
No basta, en efecto, con llevar la cultura legítima a quienes no la tienen, lo que Francia llamó democratización cultural. Hay que reconocer también las prácticas que ya existen, las de los aficionados, las de las diásporas, las de los barrios: es el paso hacia una democracia cultural.
Debemos pensar también en la accesibilidad física, para evitar las catedrales de la cultura; en la fiesta, la acogida y la alegría, creadoras de vínculos y que deberían ser omnipresentes en el medio cultural; en las acciones fuera de los muros, para ir al encuentro de quienes no vendrán solos; en las identidades locales, que no son folclore sino materia de creación. Y debemos terminar con los símbolos que alejan: el cóctel VIP, el código de vestimenta, el vocabulario de iniciados. Estos principios son factibles y pueden traducirse en criterios y exigencias claras.
6. Reconciliar la creación con la sostenibilidad
El último compromiso es quizá el más incómodo. Hay que decirlo con franqueza: el ADN de la cultura, tal como lo hemos construido, se opone en gran parte a los imperativos del desarrollo sostenible. Valoramos la novedad permanente, el estreno, la competencia, el éxito individual. Celebramos la circulación internacional de los artistas y de las obras. Medimos el éxito por la cantidad de público que se desplaza. Producimos escenografías para una exposición o unas pocas funciones y luego las desechamos.
En Francia, el think tank The Shift Project mostró en 2021, en su informe “Décarbonons la culture !”, que en el espectáculo en vivo y en los festivales la principal fuente de emisiones no son los edificios ni las giras, sino el desplazamiento del público. Dicho de otro modo: el corazón mismo de lo que llamamos éxito.
No se trata de renunciar a la circulación de artistas y de obras, ni de culpabilizar a los artistas, sino de aceptar que la política cultural también tiene que elegir. Lo que hace exigible este compromiso es la condicionalidad: vincular las ayudas públicas a un cambio profundo de prácticas, con series más largas en lugar de fechas únicas, giras pensadas a escala regional, escenografías reutilizadas y públicos de proximidad. Algunas herramientas ya existen: el Ministerio de Cultura francés impulsa el plan «Mieux produire, mieux diffuser», que busca alargar la vida de los espectáculos, y desde 2024 el Centro Nacional del Cine condiciona sus ayudas a la entrega de un balance de carbono de las obras.
Este compromiso cierra el círculo con los anteriores. Una creación que dispone de tiempo, anclada en un territorio y abierta a sus habitantes es también una creación más sobria. La sostenibilidad no es una restricción impuesta desde fuera a la cultura: puede ser la ocasión de reencontrar un ritmo más humano.
Conclusión
Se podría pensar que pedir más compromisos es pedir prudencia. Es lo contrario.
Hace algunos años en Lima, escribí en una columna del diario La República que los actores culturales debíamos ser «kamikazes de la cultura»: estar dispuestos a arriesgarlo todo, a programar lo que incomoda, a enfrentar las presiones, porque la cultura solo transforma la sociedad cuando acepta correr riesgos. Sigo pensándolo, con una precisión: el kamikaze arriesga su propio lugar, no reclama ningún privilegio. Artistas e instituciones tienen derecho a la audacia porque aceptan la responsabilidad que la acompaña.
Las reglas que propongo no están para domesticar la cultura, sino para que pueda arriesgarse sin que todo dependa del coraje aislado de unos pocos. Quizás hemos dejado de arriesgar, o arriesgamos solo desde la comodidad de nuestro estatuto. Una política para la creación sólida y flexible es una política que sabe qué no debe cambiar nunca, para que artistas e instituciones puedan atreverse a cambiar todo lo demás.
Algunas preguntas del diálogo con el público
¿Cómo pensar las políticas para la creación con un horizonte en 2050, incluyendo la creación territorial e indígena y los sectores menos centrales?
Francia tiene, sin duda, una de las políticas culturales más institucionalizadas y desarrolladas. A pesar de ello, arrastra tres grandes tabúes. El primero es la desconexión entre las prácticas culturales cotidianas y lo oficial, lo subvencionado, lo apoyado; dicho de otro modo, entre lo amateur y lo profesional. El segundo es la ausencia total de representación de la diversidad cultural regional: lo regional, y más aún lo folclórico, no existe en la política cultural pública. El tercero es la representatividad de la diversidad cultural. No puedo decir «étnica», porque en Francia no se habla en esos términos y está incluso prohibido elaborar ese tipo de estadísticas; pero somos un país profundamente multicultural, y esa multiculturalidad no está suficientemente representada en la política cultural pública.
No tengo una respuesta definitiva. Consagramos miles de millones de euros a la política cultural y, aun así, seguimos lejos de esos objetivos de representatividad. Creo que hay que cambiar en profundidad el ADN de nuestras políticas culturales: que la alta administración y los responsables políticos dejen de definir los criterios estéticos. La libertad de creación y de difusión está protegida, pero el Estado sigue definiendo, sin asumirlo, criterios estéticos a los que todos debemos ajustarnos.
¿Jurados populares? ¿Otras formas de conexión que aún no hemos sabido establecer? Ese es, en todo caso, el horizonte de los derechos culturales, que representan de algún modo la etapa posterior a la democracia cultural: establecer de manera muy concreta derechos que conecten la política cultural con las prácticas culturales de todas y todos, lo cotidiano de la práctica cultural con las políticas públicas.
¿Cómo conciliar la democratización del discurso y la desélitización del lenguaje con la búsqueda de financiamiento privado, que suele exigir visitas VIP para ejecutivos o experiencias exclusivas para clientes?
Es precisamente para estas situaciones que propongo compromisos intangibles. Es cierto que buscamos financiamiento privado y que los mecenas piden espacios VIP u otras contrapartidas. Pero estoy convencido de que, si pensamos la cuestión de manera clara y concreta, podemos encontrar fórmulas que combinen una atención particular que cumpla ciertas exigencias, con la atención al gran público. Muchos teatros mantienen su cóctel de estreno, pero abierto a todo el público presente: la relación privilegiada existe, pero el privilegio es accesible a todos.
Si no encontramos otras formas de hacer cultura, esta seguirá asociada a la sensación de estar reservada a unos pocos: unos pagan y otros no; unos tienen el cóctel con champán y otros no, y los que lo tienen son, además, los que no pagan. Esta pregunta casi nunca se plantea; parece un detalle de la política cultural. No lo es, y hay que enfrentarla: entender las necesidades, aceptar relaciones más personalizadas cuando hay intereses en juego, pero abrir los privilegios a todo el mundo.
Lo mismo ocurre con el lenguaje. Seguimos produciendo exposiciones magníficas acompañadas de textos incomprensibles. Hablar claro no es tan complicado: basta con pensar en el público.
La cultura es algo más que prestigio social. Si nosotros mismos seguimos alimentando esa imagen, se perpetuará. Romper el vínculo entre cultura y prestigio social es difícil, pero sin ello nada cambiará; y disponemos de muchos argumentos para hacerlo.
¿Qué transformaciones están modificando hoy las condiciones de la creación artística y qué desafíos plantean?
Veo cuatro.
- La falta de espacios. Las ciudades son cada vez más densas y faltan lugares, en particular espacios alternativos y urbanos.
- La aceleración de la sociedad. La creación necesita tiempo, y la sociedad actual ya no lo concede.
- La multiplicación de normas y criterios. Los artistas deben ser polivalentes: emprendedores, gestores, empleadores. Esa normativización complica enormemente la creación.
- Una desconexión ética, o al menos la imagen de una desconexión entre los creadores y los desafíos éticos actuales de la sociedad: género, ética sexual o moral, desarrollo sostenible. Esa imagen puede conducir a una deslegitimación de los artistas que afecta su capacidad creativa.


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