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La Conferencia Mundial de la Unesco sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mondiacult 2022, en sus consultas regionales preparatorias, determinó como uno de sus ejes centrales a la cultura como motor de la cohesión social y la paz. Pero, ¿qué significa actualmente comprender a la “cultura como motor de paz”? ¿Qué representación de paz promueven los poderes instituidos en tiempos de extrema polarización, de crisis democrática y de representatividad política, de regresividad de derechos, de supervivencia individual absorbida en una “vida-trabajo” —como menciona Remedios Zafra—, sin tiempo para el encuentro común? ¿Qué es la paz hoy en un país como Ecuador que se desangra a diario por una violencia fría que se vuelve costumbre? ¿Es posible la paz en sociedades con profundas inequidades sociales, atravesadas en sus prácticas y relaciones por una matriz colonial racista y patriarcal? ¿De qué paz se habla cuando cada vez son más perceptibles los discursos que promueven identidades defensivas, de culpabilización de los problemas sociales —desde la inseguridad hasta la falta de trabajo— que recaen en personas estigmatizadas y racializadas en situación de movilidad humana? ¿Se puede hablar de paz cuando el Estado está ausente y debilitado y cuando en sus programas la cultura no pasa de ser una muletilla más cercana al asistencialismo que a la garantía de derechos? ¿Políticas que fomentan proyectos culturales para la paz mientras al mismo tiempo se retiran de la agenda pública otras garantías para una vida plena? Reconozco que la cultura moviliza deseos individuales y colectivos, provoca cuestionamientos y activa cambios, y en efecto puede ser un tránsito hacia procesos de paz social y cohesión, pero a la vez reconozco también que la retórica salvacionista de la cultura, que se promovió a finales del siglo XX e inicios del XXI en varios países de la región, me resulta problemática para plantear una gestión cultural y unas políticas culturales del presente.

En 1997, cuando en Colombia se creó el Ministerio de Cultura, la institución promovía, como su razón de ser, un ideal de paz cimentado en “la aceptación de la diversidad entendida como la convivencia entre la diferencia” (Ochoa, 2003, p.  48). La convivencia, como valor supremo de la cultura, sustituiría a la violencia y al conflicto. Ana María Ochoa advierte sobre la banalización de este ideal y la identificación simplista y automática entre paz y cultura. Además, deja claro que esta relación no es un asunto de eventos y declaraciones públicas sino de procesos culturales profundos y complejos. En este marco de ideas, en proyectos de neoliberalización del Estado —como los que se instauraron en Latinoamérica en las décadas del ochenta y noventa—, el automatismo de la fórmula “cultura igual paz” operó a través de la promoción de la diversidad en “modo festivo multicultural”, de la mano de la desideologización de las agendas sociales y un proyecto de consenso desconflictuado. Esta celebración identitaria donde todos, todas y todes nos adherimos a un reconocimiento como “sujetos culturales”, si bien permitió construir desde las bases organizadas una esfera de agenciamientos globales de otros derechos a partir de la cultura, utilizándola como recurso —según lo teorizado por George Yúdice (2002)—, también evadió formas de conflicto y dio lugar en las retóricas gubernamentales a una asociación facilista entre la diversidad cultural y la paz social, por supuesto necesaria para implementar duros ajustes económicos. Habría que preguntarnos, además, en qué medida estos encasillamientos identitarios de las políticas de la diversidad, propios de esta perspectiva culturalista, han significado desde entonces candados para la emergencia de sujetos complejos, para pensar-hacer la cultura entendida como problema, el conflicto como posibilidad de transformación, y comprender a los sujetos culturales también como sujetos políticos y económicos.

Hoy, en 2022, en América Latina el neoliberalismo conservador y populista también puede celebrar la diversidad y la inclusión, designar propuestas identitarias como “proyectos emblemáticos” de la política de Estado, o utilizar categorías como barrio, comunidad, arraigo y territorio. La diversidad es políticamente correcta: interesa cuando no estorba, no protesta, no se queja, no remueve ni cuestiona estructuras, no demanda condiciones materiales de existencia. Es decir, cuando identidad es reductible a un signo abstracto y genérico sin agencia política, autodeterminación y deseos. Me refiero a programas públicos que se adornan de discursos con destellos de equidad e inclusión, y que pueden ser, precisamente en estos tiempos, el espacio de reproducción del orden y de los límites, de la quietud y el silencio. Siguiendo las ideas de Marina Garcés (2013, p. 71), son programas de participación y no de implicación, donde “nos ofrecen un lugar a cada uno que no altere el mapa general de la realidad (…), un mapa de opciones, no de posiciones. Un mapa de posibles con las coordenadas ya fijadas”. 

En ausencia de políticas de Estado se suele adjudicar un poder redentor a las artes y la cultura, muchas veces promoviéndolas desde un autoritarismo moral y clasista. En varias ocasiones he escuchado pronunciamientos de las más altas autoridades de la materia en Ecuador, que sostienen que la cultura aleja a los jóvenes de la violencia y el narcotráfico, pero no “a todos los, las, les jóvenes” sino solo a aquellos que curiosamente habitan territorios con menor inversión pública, los lugares más abandonados, vulnerados y sin derechos. Las intervenciones culturales guiadas por imperativos morales pretenden adjudicar a la cultura un sentido solucionista, cuando, por el contrario, el lugar de la cultura y su potencia transformadora está en la elaboración de problemas, el trabajo con el conflicto, la contradicción permanente y las dudas. En una sociedad dominada por el productivismo y el solucionismo del prototipo y el modelo, no hay nada más radical y político que esta afirmación.

En definitiva, la confusa y peligrosa identificación de cultura con paz, que parte de su idealización y de un “culto a la cultura”, como advertía Jesús Martín Barbero (2004, p. 306), actualiza “la anacronía de una cultura cuya intrínseca fuerza civilizatoria sería la única capaz de integrar o cohesionar a los ciudadanos venciendo a la violencia ya sea en sus figuras de guerra o de intolerancia. (…) Del culto a la cultura o de la racionalidad económica a la funcionalización o instrumentalización política de lo cultural no hay más que un paso”. Durante las últimas décadas hemos sido testigos de esta instrumentalización. Los usos políticos de la cultura resurgen en momentos de crisis sociales y económicas como la que vivimos actualmente en los países latinoamericanos. Alejandro Grimson decía que se trata de la pretensión de saldar simbólicamente aquello que la economía o las instituciones no hacen. 

La cultura de paz, además de la diversidad, ha usado como otra de sus fuentes retóricas a la “cultura ciudadana”, una noción romantizada que busca un determinado comportamiento social para superar problemas multidimensionales. El concepto “cultura ciudadana” ha sido teorizado por Eduardo Restrepo (2016), quien da luces para entenderlo desde la biopolítica, es decir, desde su hegemonización en el imaginario social y político y no por los beneficios que traería para solucionar problemas. Dice el autor (2016, p. 27): “La cultura ciudadana debe entenderse como una tecnología para corregir comportamientos ‘inadecuados’, una especie de ‘ortopedia ciudadana’ en nombre de un supuesto ‘bienestar común’ a través de la ‘convivencia’ y el ‘respeto’ que obnubila cualquier discusión sobre las relaciones de dominación y de despojo que reproducen la desigualdad social y los múltiples privilegios de unos pocos”. Las acciones gubernamentales para el buen comportamiento y las buenas costumbres remiten históricamente a políticas de educación y cívica de inicios del siglo XX, dirigidas a cuerpos y sujetos que carecían del estatus de “ciudadanía”. En el neoliberalismo contemporáneo, el de la economía trasnacional vinculada al narcotráfico, el despojo intenso de territorios, las políticas extractivas y los trabajos precarios, las políticas y la gestión de la cultura para lograr un “buen comportamiento ciudadano” pretenden ser usadas una vez más como “aspirina” (Lacarrieu y Álvarez, 2002, p. 9). Quizás esta ha sido la única forma de uso y valor de lo cultural que ha permeado realmente en las agendas de múltiples gobiernos de la región. Mientras tanto, como ha quedado claro en este escenario pandémico, la cultura continúa siendo un “no lugar” en la agenda dura de muchos de ellos. Algunos ni siquiera se han convencido del todo de su aporte a la economía, menos aún de su valor social y de la condición de trabajadores de miles de gestores y artistas.

Por otra parte, la cultura también se fue estructurando desde los noventa como un espacio estratégico de derechos ciudadanos donde, como he mencionado, tuvieron un peso fundamental las políticas del reconocimiento y la diversidad. Sin embargo, y más allá de ellas, una gestión cultural “ciudadana” hoy trataría de crear procesos para el replanteamiento del sentido mismo de la política y el surgimiento de nuevos tipos de sujeto político (Martín Barbero, 2004), de modo que el ejercicio plural y diverso de ciudadanía cultural pueda tensionar las relaciones entre cultura y hegemonía, y los sujetos políticos complejos que se construyen en ese ejercicio excedan la reproducción de órdenes simbólicos, posibilitando otros modos de vivir culturalmente. Esta premisa se distancia de imperativos morales y salvacionistas tanto de la cultura como de la gestión cultural e invita a pensar-accionar intervenciones para la agencia e imaginación política que, en lugar de inocular valores dados por correctos, abran “espectros y vértigos que permitan generar otras enunciaciones y promover actos inimaginables que tal vez las personas deseen elaborar” (Gutiérrez, 2015).

En este sentido, el fomento de las prácticas facilitadoras de procesos comunitarios, transformadores y de cohesión social, rehúye de direccionamientos moralizadores y apunta, más bien, al cuidado de espacios con autonomía política, potencia simbólica y pedagógica, espacios para la experimentación de lo que culturalmente podríamos ser. Esta postura se aparta también de representaciones asistenciales que suelen operar en situaciones de regresividad de derechos (políticos, económicos, de la naturaleza, la salud o la educación), implementación de agendas económicas devastadoras de la vida y alta conflictividad social. Observemos, por ejemplo, aquellos proyectos que fomentan expresiones identitarias (que tienen como centro al sujeto cultural) pero que a la vez vulneran otros derechos, como el derecho a la consulta previa para la extracción minera o petrolera en territorios muchas veces ancestrales, poblados de bosques, fuentes de agua, ríos o animales. Como si la relación de las culturas con la naturaleza estuviera separada de sus prácticas culturales. Es decir, se fomenta la cultura descentralizada “en territorio”, de carácter patrimonialista e identitario, mientras los gobiernos buscan concesionar esos mismos territorios a trasnacionales y empresas mineras.

En un escenario de pandemia larga, cuando las voces institucionales pregonan la “cultura de paz”, me parece escuchar en su trasfondo una política del olvido, de un consenso forzado y vuelta no procesada a la “normalidad”. No hemos tenido tiempo para el recogimiento y el dolor por nuestros muertos, ya nadie recuerda a tantos cuerpos enterrados por un sistema de salud pública inoperante, a las decenas de trabajadores de la cultura que murieron en la informalidad, sin tener seguridad social pública, siendo un no dato para el Estado, es decir, sujetos inexistentes y sin derechos. La “cultura para la paz” no es una fórmula o una solución, no es un imperativo moral, no es una respuesta dada, sino una elaboración problemática y conflictiva, hondamente atravesada por una mirada interdependiente de derechos. Si queremos “cultura de paz”, un punto de partida podría ser una pausa para reelaborar socialmente y en común lo que la pandemia develó y arrasó. Convivir en diversidad es hoy un problema interseccional y de justicia social, donde la cultura es un problema y no una certeza moral. No podemos olvidar, además, que la paz hoy se disputa en lo radicalmente material. ¿Qué más decir? Jacques Lang en el encuentro Mondiacult 1982, hace cuatro décadas, enunció el lema “Economía y cultura, mismo combate”. Si hoy quisiéramos promover “la cultura como motor de paz y cohesión social”, ¿cuál sería el lema?

 

Bibliografía 

Martín Barbero, J. (2004-2005). Ciudadanía, democracia y diálogos sociales en América Latina. Tablero. Revista del Convenio Andrés Bello, 69. 

Martín Barbero, J. (2004). Metáforas de la experiencia social. En La cultura en las crisis latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO. 

Garcés, M. (2013). Un mundo común. Barcelona: Ediciones Bellaterra.

Gutiérrez, D. (2015). Una narrativa redentora: inquietudes acerca de la sensibilidad en las prácticas artísticas comunitarias. En La Junta. Cuaderno Pedagógico. Gestión Cultural Comunitaria. Arte y Comunidad. Quito: Gescultura, Red Cultural del Sur.

Lacarrieu, M., y Álvarez, M. (2002). La plaza y la caverna. Dilemas contemporáneos de la gestión cultural. En M. Lacarrieu y M. Álvarez (Comps.), La (indi) gestión cultural. Una cartografía de los procesos culturales contemporáneos. Argentina: Ediciones La Crujía.

Ochoa, A. M. (2003). Entre los deseos y los derechos. Un ensayo crítico sobre políticas culturales. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Restrepo, E. (2016). “Cultura ciudadana” en Bogotá: biopolítica, hegemonización y pánico cultural en la época del culturalismo. Polisemia, 21.

Yúdice, G. (2002). El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global. Gedisa: Barcelona.

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