por

Hay un valor indiscutible en la georreferenciación. El mapa, que ya de por sí es útil, cuando hace las veces de lienzo sobre el cual superponer información, se convierte en una herramienta de verdad diversa que, a una ojeada simple, puede decirnos montones de cosas. Nos apasionan los mapas porque nos dan pistas del mundo en el que vivimos.

Total, que eso nadie lo niega.

Lo que hace que me rasque la nuca es cuando se propone al mapa como meta última de una política cultural de Estado, allí en ese contexto, es donde me parece que su utilidad pública se condena o mínimo, se antoja cortoplacista. A ver, se tienen que reunir varias condiciones para que esto pase, pero de hecho ni es tan difícil identificarlas, porque suelen ocurrir y porque el pasado ya nos ha ido dejando con experiencias amargas varias. Acá enlisto algunas que medio traigo presentes:

  1. Que detrás de la gestión del mapa sólo exista una parte involucrada, cosa que prende aún más alertas cuando esa parte es estrictamente gubernamental, detonando la duda sobre su continuidad o vigencia más allá de voluntades políticas trienales o sexenales.
  2. Muy ligado a lo anterior, que el mapa se soporte en una plataforma complejísima, manejable solo por aquellos pocos con la expertise técnica o con la tecnología. Cuando esto sucede, el alcance de la herramienta se limita de forma inmediata. Terminamos leyendo instructivos como «tú llena esta ficha, nos la mandas, acá nosotros te registramos y te avisamos cuando ya quedes mapeado».
  3. Que la información contenida no sea de datos abiertos o se encuentre bajó algún estándar de propiedad intelectual que restrinja su uso y aprovechamiento por terceros ¿entonces, mapear lo cultural, para qué?
  4. Más aún, que el desarrollo de un mapeo cultural se realice absolutamente fuera de esta perspectiva de los «mapas vivos». Esto es esencial porque si se está apuntando a la cultura, hay que recordar que ésta es un blanco complicado de atinar, al estar en constante movimiento.

Lo de los mapas vivos me suena porque hablan de una cartografía en beta, que parte de reconocer el estatus cambiante del territorio, asume que quienes dan significado a las cosas en las ciudades son las personas, vuelve al mapa menos una fotografía de un momento y más una transmisión en vivo y, sabe también, que hay capas de información cultural (entre espacios, dinámicas, ánimos, no-lugares, desplazamientos, etc.), por debajo de lo georreferenciado, probablemente inmapeables

Ya a estas alturas, si la lógica institucional se mantiene en mapear por mapear, vamos a terminar colocando un pin sobre todas las estatuas y recintos bellos, mismos que, quizá dentro de algunos años, ya no van a representar a nadie.

También no es una vertiente inexplorada ni mucho menos, hay respuestas ahí a lado y repositorios extensos con Buenas Prácticas. Geolocalizar como primer paso, sobre todo donde hay realmente ausencia drástica de información (etic), es importante, y la conformación de un atlas como componente de la política cultural, está bien, pero ojo, nunca como finalidad, aunque sí como medio y puente para conectar con mejores procesos y políticas culturales a futuro; a decir:

  • El mapeo puede favorecer la asociatividad, la vinculación entre agentes, organizaciones y colectividades culturales con el espacio público y la posibilidad de tejer o estrechar relaciones y aprender a leer juntos el entorno en que accionamos.
  • El mapeo cultural, entre otras capas de datos georreferenciados, puede dar nuevos sentidos a la información demográfica, socioeconómica, geopolítica, de suelo, de equipamiento, de conectividad, de frontera, de inventarios, de activos, etc., aproxima pues, a dimensionar el ecosistema cultural de la ciudad y permite identificar estado, ausencia o posibilidades de procomún y de gobernanza de los espacios públicos. Puede, pues, ayudar a tomar mejores decisiones.
  • El mapeo cultural es capaz de contribuir a fortalecer la memoria histórica y colectiva, pudiendo ser (el mapa) incluso, instrumento auxiliar de agenciamiento para la incidencia y defensa de derechos culturales. Adicionalmente, puede animar la necesaria discusión sobre lo que concebimos como herencia y patrimonios.

A mi ver, es justo desde las organizaciones civiles y desde las iniciativas ciudadanas que empujan la visibilidad de sus procesos territoriales, que el registro, el entrelazado o la caracterización espacial alcanza estas y otras escalas. Es allí donde cualquier cartografía, producto de la exploración comunitaria del hábitat y del espacio humano, se relaciona estrechamente con el ejercicio colectivo del derecho a la ciudad.

Al Estado en todo caso lo que le toca es facilitar la existencia, actualización, acceso y democratización de estas prácticas y herramientas, quizá desde la mirada del derecho de acceso a la información pública, por ende, derecho a garantizar desde su quehacer institucional diario, de forma proactiva y obligatoria; no como proyecto extraordinario, costoso y estrafalario, que requiere la intervención forzosa de un ente privado y una presupuestación espectacular para lograrse, pensando al mapa o en algunas ocasiones todavía, al directorio, como el gran y único objetivo a alcanzar en implementación de una política cultural “innovadora” (léase innovadora entre comillas), en ese truco ya nadie cae, menos en la era del software libre, gratuito y colaborativo.

Los equipos que fueron desarrollando el contenido de la Carta y del Reglamento de Derechos Culturales de San Luis Potosí, México, entre 2019 y 2021, ya arrojaban una serie de nociones bien interesantes al respecto, que amplían hoy un poco más el panorama.

En la declaración internacional, por ejemplo, se enuncian como derechos de toda persona: 

“A la Ciudad, para co-diseñarla, intervenirla, acceder y participar en sus espacios cotidianos y de la vida cultural, es decir, en los recintos físicos o en los sitios de significancia personal o colectiva, en los entornos digitales, virtuales y también en puntos y rutas emergentes o transitorias, como escenarios que potencializan la libre creación y las distintas formas de expresar la diversidad y la identidad, la construcción de ciudadanía, el desenvolvimiento de la cultura viva, el reconocimiento mutuo, la convivencia, el intercambio y la comunalidad”, y «A conocer y difundir información sobre equipamientos, lugares y recintos de resguardo de la memoria, patrimonios e iniciativas culturales, mediante sistemas de información abiertos por los que sea posible identificar espacios para el ejercicio de la ciudadanía cultural».

Ese último fue importantísimo porque lleva al mapeo y a la investigación sobre los recursos culturales locales hacia al plano del derecho cultural, volviéndoles, por tanto, exigibles y atándoles características para, incluso, su posible justiciabilidad.

Por otro lado, en la normatividad local quedaron enlistadas al menos un par de disposiciones claras sobre lo que el Estado tiene que hacer de forma inaplazable en esta materia:

«Elaborar y actualizar inventarios, catálogos, mapeos, directorios y/o relevamientos de datos socioculturales, ya sea directamente o mediante acuerdos de articulación para el aprovechamiento de sistemas públicos y abiertos de información en materia de cultura», así como «Proponer, formular y ejecutar estrategias y acciones tendientes al reconocimiento, registro, promoción y fortalecimiento de agentes y organizaciones de la cultura viva, comunitaria y autogestiva existente en el territorio municipal».

Las que realmente destacan, en definitiva, son las Ordenanzas de Cultura Viva en Latinoamérica, algunas con procedimientos vinculantes muy bien detallados. La de Córdoba, Argentina; por ejemplo, da pistas sobre la creación de un Registro Municipal de Organizaciones Culturales, de actualización permanente, edición libre y de acceso público físico y virtual, ya suscribiendo la finalidad explícita de fortalecer y facilitar beneficios a todas aquellas agrupaciones comunitarias en éste autoregistradas.

Puntos así van abonando de a poco, pero a paso firme, al asunto de la progresividad y no regresividad en Derechos Humanos y a que la cosa vaya más allá de las voluntades que un gobierno, durante su periodo administrativo, pueda tener.

La invitación es, pues, a pensar esto de los procesos de relevamiento y entrelazado territorial, en el ring del derecho a la ciudad y de los derechos culturales.

Cuando nosotrxs mismxs podemos dibujar los mapas de nuestras ciudades, se abren alternativas frente a prácticas extractivistas, unilaterales y verticales de análisis del territorio, hacia una cartografía más bien de afectos, de significados y de asuntos que le son verdaderamente importantes a la gente; posibilidad que, entonces sí, construye políticas culturales más sólidas y de largo aliento, donde una aplicación tan simple como un mapa, juega precisamente un papel orientativo, de mediación, descentralización y conecte hacia horizontes de anhelo común.

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

20 − 7 =