Proyecto, política e institucionalidad cultural

Foto: Daniel Berbedés

La historia de cómo se llegó a la creación del Ministerio de Cultura de la Nación en 2014, a la ampliación de la agenda de la gestión cultural pública y, finalmente, la elevación del presupuesto público, no fue producto de una evolución lineal, sino que, como diría Karl Popper en su teoría de los paradigmas, fue como el movimiento del caballo en el ajedrez: tres casilleros para delante, dos casilleros al costado; dos casilleros al costado, tres casilleros adelante. Algo entre los años que van del Primer Congreso de Cultura (Mar del Plata, 2006) al Segundo (San Miguel de Tucumán, 2008), cuando se produjo la asunción presidencial de Cristina Fernández de Kirchner (2007) y el llamado conflicto del campo y las patronales agropecuarias (2008). Y luego, entre el Segundo Congreso Argentino de Cultura y el Tercero (San Juan, 2010) ocurrió el debate, propuesta y sanción de la Ley 26.552 de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009), la realización de los festejos del Bicentenario (2010), y la apertura y expansión del Parque Temático Tecnópolis (2011).

¿Desde cuándo hubo institucionalidad cultural en Argentina? Las instituciones y organismos públicos que sostienen y llevan adelante la política cultural coexisten junto al Estado desde su fundación, incluso muchas de sus prácticas e ideales formaron parte de las encrucijadas culturales previas a su configuración. La política cultural, en este sentido, podría pensarse como el conjunto de valores que dota de sentido u orientación a la acción del Estado en un proceso histórico determinado. Pero también pueden pensarse a las políticas públicas culturales como el establecimiento de lineamientos, objetivos y planes de la gestión pública cultural aplicados a través de los respectivos organismos nacionales, descentralizados y programas específicos. En el caso argentino, podríamos tomar como primeras acciones de política cultural tanto la creación de la Gaceta de Buenos Aires el 7 de junio de 1810 como la inauguración de la primera Biblioteca Pública de Buenos Aires, el 16 de marzo de 1812. Ambas fechas serán recordadas largamente, la primera para la celebración en Argentina del Día del Periodista, la segunda porque allí nació la actual Biblioteca Nacional, quizás el primero de los organismos públicos de cultura. Con el tiempo, la institucionalidad cultural se amplió y diversificó. En 1870, se crea la CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). En la segunda parte del siglo XX surgen, por ejemplo, instituciones como el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Cinematografía, ambas de 1958.

Antes que nada, un recuerdo

Mar del Plata, Agosto, 2006. El Hotel Provincial y el Teatro Auditorium de la célebre ciudad balnearia argentina reúnen a los principales funcionarios públicos de las áreas y organismos de cultura de Nación y las provincias, además de especialistas internacionales, referentes culturales, universidades, organizaciones sociales culturales, y cientos de participantes. Es la primera vez que participa la mayor condensación del nivel político, intelectual y activistas culturales en Congreso abierto, convocados por el Estado nacional, una forma inédita para la gestión pública cultural argentina.

En aquel fin de semana del 25 al 27 de agosto, una división de tareas políticas demostró tener cierta significación en el momento, y tal vez otra más adelante. Mientras que en la Sala Astor Piazzola del Teatro Auditorium abren y cierran el Primer Congreso Argentino de Cultura el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Felipe Solá, el secretario de Cultura de la Nación José Nun y la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, a pocas cuadras de allí el presidente de la Nación Néstor Kirchner inaugura junto al ministro de Trabajo Carlos Tomada y al secretario general de la Confederación General del Trabajo Hugo Moyano, un nuevo hotel del sindicato de camioneros. En la ciudad de Mar del Plata, el presidente se ocupa del turismo sindical y la senadora nacional de la política cultural. Un año más tarde, ella ganaría las elecciones convirtiéndose en la primera presidenta mujer de la Argentina, y él la acompañaría como el “primer ciudadano” hasta su repentino fallecimiento a finales del 2010.

¿Qué sucedió en Mar del Plata en el Primer Congreso de Cultura? ¿Destellos de una argentina peronista anclada en el pasado? ¿Imaginerías de un deseo político que no terminaba de plasmarse? Un grupo de sociólogos, comunicólogos, economistas y geógrafos fuimos convocados para elaborar una serie de datos que pudieran darle sustento a los debates, charlas y diálogos que tendrían lugar durante el Congreso. Trabajamos intensamente durante los meses previos con Natalia Calcagno, Susana Velleggia, Mónica Lacarrieu y el grupo de funcionarios que desde el Consejo Federal de Inversiones y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires le estaban dando forma federal, nacional y metropolitana a esta pequeña epopeya. Todo me parecía importante y sorprendente, aún sin entender lo que estaba por suceder. No pretendo aquí narrar el recuerdo, la experiencia o las sensaciones, sí presentar al menos algunos destellos. En la tarde del domingo, cuando se acercaba la discusión y la firma del documento final, se produjo un acto simbólico, una suerte de homenaje del Congreso al artista mayor de la cultura popular. Lentamente, por bambalinas, ingresó al estrado de la Sala Piazzola el cantante popular y eximio cineasta argentino, Don Leonardo Favio, con su pañuelo colorido cruzándole la frente, y la emoción nos embargó a todos. Era el merecido homenaje, la figura adecuada y sintética que podría darnos el icónico que, aún los más jóvenes, apenas vislumbrábamos. La figura de un hombre del interior, huérfano, que se hizo de abajo, que hizo llorar a generaciones de latinoamericanos de México a Viña del Mar con la canción romántica, y que también hizo el mejor cine de autor de nuestro audiovisual, discípulo de Leopoldo Torre Nilson. Pueblo y modernidad, ése era el símbolo integral que nos ofreció Leonardo Favio en ese atardecer marplatense del 27 de agosto. Al terminar tan magno encuentro, su resolución recomendaba a la Nación la formación con apoyo de las provincias de un sistema de información cultural que le diera sustento estadístico e investigación a los tiempos culturales que se venían, de manera que esa noche nació el SInCA. O quizás fue el 4 de noviembre, cuando culminamos nuestro primer seminario nacional en el primer piso de la calle Alsina 1169. De ahí en adelante el tobogán, la hamaca y el péndulo se habían desatado todos juntos, en una plaza alocada, muy entretenida y profesional. Solo quedaba volar, y allá fuimos. También esa declaración solicitaba, aunque sin hablar de creación de Ministerio, la elevación jerárquica y presupuestaria del área nacional de cultura.

En 1979, la Secretaría de Cultura pasó a depender directamente de la Presidencia. En 1983, con el regreso de la democracia, la Secretaría de Cultura pasa a depender del Ministerio de Educación y Cultura. En 1996, la Secretaría de Cultura vuelve a ser Secretaría de la Presidencia, mientras que en 1999 se crea la Secretaría de Cultura y Comunicación, dependiente de la Presidencia de la Nación. De esta Secretaría depende la Subsecretaría de Cultura. Tras la crisis de 2001, en 2002 vuelve a autonomizarse la Secretaría de Cultura, cual depende de manera directa (y por tercera vez) de la Presidencia de la Nación. ¿Cómo se llegó al Decreto N°641 del 6 de mayo de 2014 que señalaba que, en reconocimiento de la trascendencia que representa la cultura como inductora del desarrollo y la cohesión social, se disponía la jerarquización administrativa de esa cartera, a través de la creación del Ministerio de Cultura[i]?.

La frutilla de la torta (¿o la conclusión?)

Las investigaciones sobre institucionalidad cultural en América del Sur abordaban hasta pocos años la gestión pública de manera fragmentada. Existía una escasa tradición de investigación exhaustiva que mostrara los modelos de gestión pública de la cultura en el mundo, el perfil institucional con que los Estados del continente encaran ese segmento de sus administraciones. Tras la crisis del estado neoliberal a finales de los años noventa, como una respuesta a veces defensiva o preservacionista, la mayoría de los países latinoamericanos adoptó en sus definiciones y declaraciones de principios una perspectiva de derechos de tercera generación, con objetivos y metas para las gestiones públicas en cultura. De este modo, se incorporó al discurso oficial sobre la política cultural la idea de revalorizar la identidad nacional, la construcción de ciudadanía y la inclusión social como tres ideas fuerza que impregnaran diversas acciones culturales por parte del Estado. Si se comparan esas definiciones con las de la década anterior, el rol que se le asigna a la cultura y a la gestión pública en cultura es notablemente distinto. En el caso de los gobiernos neoliberales, la función se mantenía en una visión conservacionista, ligada al patrimonio histórico como paquete inmovilizado, y a las bellas artes, como rasgo de la alta cultura a custodiar y difundir. Tales enunciados parecían aludir, de manera novedosa, no sólo a los fines de la propia gestión cultural sino a la motorización de un conjunto de acciones que, pudiendo derivarse de esos compromisos, podían verse plasmados en el despliegue de otras áreas transversales al Estado. En principio, resaltan la ampliación del campo de la cultura desde un concepto restringido de patrimonio y bellas artes a la incorporación de los derechos culturales y el acceso a bienes y servicios culturales, es decir, una apertura hacia las industrias culturales, la cultura comunitaria y hacia la inclusión social. La problemática de los fines y el alcance de las áreas culturales en América Latina ha sido analizada con creciente interés en las últimas décadas, casi siempre señalando la imprecisión de sus objetivos, la limitación de su estructura y sus funciones, y su aspecto subalterno o secundario, de baja intensidad, en el Estado.

El programa SICSUR publicó en 2011 “Los Estados de la Cultura, estudio sobre la institucionalidad de los países miembro del SICSUR”, como resultado de dos años de trabajo coordinado entre las instituciones de cultura de los diez países que integran el SICSUR, bajo la dirección del Departamento de Estudios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) de Chile, respondiendo a la necesidad continua de revisión de la institucionalidad en la construcción de los Estados. La investigación exploró los distintos modelos de gestión de la cultura en los 10 estados sudamericanos, para saber cómo determinan el campo de acción de la política pública en cultura. Por ejemplo, hasta hace pocos años, en los países de América del Sur la cultura era comprendida como una rama de la educación, esquema que aún mantiene la República Oriental del Uruguay. Este modelo de gestión encuadra la política cultural a la política educativa o la incorpora como complementaria. Sin suponer un juicio valorativo sobre los organigramas de los Estados, en el estudio realizado se resalta que durante un período considerable, que empieza a cerrarse recién a mediados de la década pasada, la arquitectura estatal consideraba a la cultura como una de las tantas columnas que sostenía el sistema educativo, por lo que correspondía su administración por parte de los ministerios de Educación. Los movimientos recientes dentro de las estructuras estatales demostraron que un modelo de gestión donde educación y cultura recaían en un mismo compartimiento era demasiado rígido para las transformaciones de la época. Así comenzó en el continente un periodo de discusión sobre el rol del Estado en la cultura.

Eran tiempos de cambio en el cono sur, y tanto en ámbitos constituyentes como en instancias de los poderes legislativos y ejecutivos, los organizadores y administradores de los países pensaban las maneras en que el Estado se debía relacionar con la cultura a través de la gestión y las políticas culturales. La redacción de las constituciones de Estado y sus reformas muestran los clímax en la reflexión de nuestras sociedades, su forma de organización, las fuentes de legitimidad política y las diversas formas de ejercicio del poder del pueblo, así como la organización de la administración de ese poder. Y, a su vez, tanto la sanción de leyes como de decretos presidenciales tienen poder constituyente de facto, el cual impacta directamente en la creación de los Ministerios de Cultura en América del Sur. De este modo, se observaba que tanto los países que están pasando por refundaciones de sus estados -como Bolivia, Ecuador y Venezuela- como quienes se inscriben en una corriente reformista de la institucionalidad heredada -Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Uruguay-, han abierto canales para reflexionar y operar sobre la cultura (o las culturas) de su pueblo. Sin embargo, ambos grupos de países no operaron del mismo modo ni al mismo tiempo. El primer país en sancionar una ley que crea su Ministerio de Cultura fue Brasil en 1985. También en Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Venezuela los Ministerios de Cultura fueron creados por ley. En cambio en Argentina, Ecuador y Bolivia los organismos rectores de la política pública en cultura nacieron de decretos presidenciales. Por su parte, la Secretaría de Cultura del Uruguay se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, que también fue creada por una ley en 1975. La importancia de la distinción entre la creación por debate parlamentario o sanción de decreto se vincula con las formas de participación ciudadana. En el debate parlamentario, previo a la sanción de una ley, la ciudadanía tiene oportunidades de participar de la discusión sobre las competencias y alcances de la institución en cuestión, a través de sus representantes políticos y/o mediante audiencias públicas. En la sanción de un decreto ese espacio se circunscribe a un estamento técnico que depende directamente del poder central y, si bien pueden generarse mecanismos de apertura y consulta, el espacio decisorio se acota al partido gobernante.

La creación de los ministerios vincula la gestión cultural con lo más alto de la política nacional. En nueve de los 10 países, el responsable de cultura es directamente designado por el presidente. De este modo, se crea una relación de responsabilidad política sobre la gestión cultural que antes no existía, igualando en jerarquía a la cultura con otras áreas de competencia pública, como lo son la Educación, la Economía y Defensa. El resultado de este proceso termina en un conjunto de instituciones con objetivos diversos. Lo que todavía queda abierta es la evaluación de la forma en que esta política cultural ampliada generó, en el marco de una suerte de modernidad tecnológica, un espacio de acción mayor para el Estado, que todavía requiere sistematización y una serie de regularidades que impliquen una valorización de las prácticas sociales que este giro a la inclusión supone. Aún huérfana de una formulación más sistemática en términos político- culturales, la inclusión social implica para esta concepción el acceso a bienes y servicios materiales, pero también la construcción social culturalmente hablando de una nueva cualidad. Consolidar el resurgimiento de un estilo de ilustración popular, de una nueva expresión de lo popular, es condición necesaria para la reinscripción de la ciudadanía pueblo desde una respiración estatal que intenta conducir los resortes técnicos, los recursos simbólicos y la renta económica, en un contexto histórico de mayor igualdad y libertades públicas.

Sin este contexto latinoamericano, donde la mayoría de los países de la región pusimos en discusión por primera vez en mucho tiempo la trama cultura, medios, Estado y políticas públicas, instituciones que instituyen y son instituidas, no hubiese sido posible que el área pública nacional de la gestión cultural llegase a tener el rango de Ministerio de Cultura de la Nación en 2014, por primera vez en toda la historia. Fue casi la frutilla de una torta gigante que venía cocinándose por lo menos desde una década antes.

Tampoco fue casualidad que el evento público donde se estrenó el nuevo rango de institucionalidad cultural de Argentina fuera la primera edición del MICSUR (Mercado de Industrias Culturales del Sur), organizado por los diez ministerios de Cultura de América del Sur. Ese fin de semana estuvieron allí autoridades, representantes y referentes de la gestión pública cultural de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y los propios compradores, vendedores, panelistas, artistas e invitados de cada uno de sus países. Realizado en el Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata del 15 al 18 de mayo de 2014, exactamente en el mismo sitio que el Primer Congreso Argentino de Cultura, pero ocho años después. Con la asistencia de más de dos mil delegados y participantes de los diez países más público local y llegado a la ciudad desde distintos lugares, el MICSUR llegó a congregar a miles de personas en cuatro jornadas únicas. En la noche de gala, presidida por Teresa Parodi y los ministros de la región, en la misma Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium donde se había homenajeado años atrás a Leonardo Favio, el Combinado Argentino de Danza presentó una coreografía aggionarda del tema Canción con todos de César Isella, quien le puso su voz allí, con imágenes e ilustraciones de cada país presente que animaban desde la pantalla, en una estética que podía llevar desde el muralismo mexicano hasta el hip hop y Calle 13. Salgo a caminar, por la cintura cósmica del Sur, vivo en la región más vegetal del tiempo y de la luz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede, ser canción en el viento.

Un camino no lineal sino indirecto, que intentamos repasar en este artículo a modo de mapa de un proceso que tuvo varias etapas, como el movimiento del caballo en el ajedrez. Quizá no fue del modo que imaginaron aquellos otros expositores, referentes, funcionarios y técnicos que habían poblado de entusiasmo el primer Congreso de Cultura realizado en Mar del Plata en agosto de 2006. Pero el Ministerio y la gestión cultural pública de esa época sí tuvieron una historia que todavía debe ser escrita, y el aliento y el ideario de figuras como Leonardo Favio, quien falleció el 5 de noviembre de 2012, cuando pudo reencontrarse con un país soñado.

[i] El Ministerio de Cultura de la Nación se mantuvo como tal hasta fines de 2017, en que el gobierno de Macri lo degradó nuevamente a Secretaría. El área nacional de Cultura ha vuelto a nuevamente a Ministerio con el gobierno de Alberto Fernández, partir de diciembre de 2020.

Fragmento del Capítulo 6 del libro La comunidad futura. El artículo original fue publicado por primera vez en la revista virtual de cultura de la UNPAZ (Universidad Nacional de José C. Paz):  https://publicaciones.unpaz.edu.ar/OJS/index.php/ic/article/view/500/452.