Crisis económica, sector cultural y estrategia comunitarista en Perú ante el COVID-19

En lo inédito de estos tiempos, las dos caras de la humanidad están atizando su antigua disputa de gestos dramáticos. El egoísmo y la solidaridad han desbordado frente a la pandemia del COVID-19, sacudiendo los cimientos más sólidos de la convivencia entre humanos y no humanos sobre un horizonte incierto que asedia al planeta. Queda claro que no volveremos a la “normalidad”, entendida como la trama de formas de vida organizada desde el neoliberalismo, pero no es igual de nítido lo que viene después. Serán las decisiones y acciones que estemos dispuestos y dispuestas a concretar las que definan el día siguiente.

Para quienes apostamos por un destino solidario y en armonía con la Madre Tierra, es tan vital pulsear la crisis como identificar aquellas experiencias que anteriormente han dado salidas colectivas en contextos convulsos para articularlas con las actuales condiciones, re-imaginando y ensayando hoy otras formas de vida y producción de cara a los tiempos que vendrán. Con ese ánimo, el siguiente artículo busca revisar los principales impactos económicos del Coronavirus (COVID-19), enfatizando sus consecuencias en el sector cultural y dialogando con la trayectoria histórica de las economías solidarias en el Perú del siglo XX y XXI, para esbozar una posible estrategia comunitarista ante la incertidumbre desde las políticas culturales de base comunitaria y las experiencias de producción basadas en la reciprocidad, cooperación y solidaridad.

1. Los efectos económicos de la pandemia y el sector cultura

En principio, el escenario de la economía capitalista globalizada previo al COVID-19 no era nada alentadora. Golpeada por la crisis de 2008 y sus repercusiones (contracción de la economía real, actividad comercial disminuida, baja productividad, masivo endeudamiento y excesiva volatilidad especulativa) [1], la economía global no tenía suficiente capacidad para contener el repliegue de la actividad económica que suponen las medidas de prevención y contención del virus. La financiarización de la economía mundial ha dejado en situación de debilidad a las empresas y países pobres y emergentes que, para entonces, ya se encontraban sobreendeudados. La embestida del COVID-19 ha provocado el colapso del mercado financiero estadounidense (caída histórica de su Bolsa de Valores) y su impacto a nivel internacional: salida de capitales de empresas y países, cierre de empresas, despidos, devaluaciones, disminución del poder adquisitivo y retracción de la actividad económica).

Las consecuencias son negativas para Nuestramérica, en tanto región caracterizada por la subordinación al orden financiero internacional debido al creciente aumento de la deuda externa y sostenidos déficits de cuenta corriente, un nivel de pobreza actual de 30,8% y una informalidad laboral de 53% de ocupados. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL [2], entre 2010 y 2019 la tasa de crecimiento de PBI regional disminuyó del 6% al 0.2%, siendo el período 2014-2019 el de menor crecimiento económico desde 1950 (0.4%). Además, prevé que este año la economía mundial tendrá una contracción del producto bruto en torno al 2% [3]. Asimismo, el volumen del comercio mundial está en colapso (la Organización Mundial del Comercio indica que éste caerá entre 13% y 32% en 2020).

En este escenario, se proyecta que la región tendrá una contracción de actividades de 5,3%, lo que generará 30 millones más de pobres (en Perú se proyecta en -4%); una tasa de desempleo de 11,5%, llegando a 37,7 millones; un aumento de la desigualdad de género debido a las medidas sanitarias (cierre de escuelas, distanciamiento físico y aumento de personas enfermas, en tanto acentuará la carga de trabajo no remunerado de las mujeres); una tasa de pobreza de 34,7% en 2020, lo que implicaría un incremento de 28,7 millones de personas en pobreza; y una tasa de pobreza extrema de 13,5%, implicando un incremento de 16 millones de personas en tal situación.

En el frente interno CEPAL distinguen tres grupos de sectores productivos según la intensidad en la que se verían afectados: los menos afectados (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca), los medianamente afectados (explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, suministro de electricidad, gas y agua, construcción, intermediación financiera, inmobiliarias, servicios empresariales y de alquiler, administración pública, servicios sociales y personales) y los más afectados (comercio al por mayor y al por menor, reparación de bienes, hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, servicios en general).

A lo ya mencionado se suma que durante marzo del presente año estamos enfrentando la devaluación de las monedas de Chile, Colombia y México, lo cual repercutirá en inflación y recesión económica; la caída de los precios de las materias primas (que afecta principalmente a Sudamérica y México) retraerá el ingreso de divisas en economías primario-exportadoras; y el debilitamiento de la capacidad de los Estados para brindar protección social (solo en salud, la región invertía cuatro veces menos que el promedio de los países de la OCDE) y asegurar estabilidad y derechos laborales [4].

1.1 Impacto económico en el sector cultura

En lo referido al sector cultura, el impacto del COVID-19 está siendo duro debido, por un lado, a las consecuencias del distanciamiento físico para el desarrollo de iniciativas culturales que tienen como premisa central la presencia física y la interacción corporal. Festividades, conciertos, exposiciones y otras plataformas de intercambio cultural tiene como premisa la congregación de cuerpos y, en estas condiciones, ello es imposible. Lo más grave es que dicho distanciamiento será una pauta de interacción social en el mediano plazo [5]. Ello debilita progresivamente las dinámicas económicas del sector con diferentes repercusiones según la composición económica de cada país y el peso que el sector tenga en dicha composición. Por ejemplo, Kreative Sachsen, organización alemana, señala que en Europa un negocio cultural puede sobrevivir sin apoyo estatal entre 4 y 8 semanas. En países latinoamericanos, marcados por desregulación económica, Estados débiles y altos niveles de precariedad, ese tiempo que podría reducirse [6].

Por su parte, UNESCO indica que el 89% de países en el mundo han cerrado al público, de manera parcial o total, sus sitios arqueológicos y patrimoniales [7]. Igual situación ocurre en galerías, centros culturales, cines, museos y afines; implicando un freno para las economías directamente relacionadas a las artes, cultura y turismo (por ejemplo, se prevé una reducción de entre un 20% y un 30% de llegadas de turistas en el mundo, impactando en la reducción del PBI y afectando el empleo, ingreso de hogares e ingresos gubernamentales, en particular en las micro y pequeñas empresas), así como una profundización de las desigualdades propias de la Nueva División Internacional del Trabajo Cultural entre el Norte y el Sur Global, planteada por Toby Miller, con énfasis entre los países que producen tecnología y aquellos que solo la consumen.

Por otro lado, si bien esta crisis está evidenciando “la importancia de los contenidos culturales, con una fuerte hegemonía de lo digital” [8] y la capacidad de adaptación de las iniciativas culturales, como señala Emiliano Fuentes, también está demostrando la fragilidad de un sector principalmente conformado por trabajadores precarios [9] que se desenvuelven entre la falta de reconocimiento institucional, inestabilidad laboral y desprotección social; y que hoy han quedado sin posibilidades de trabajar. Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, el 58% de este contingente laboral vinculado a las Industrias Culturales y Creativas (ICC) manifestaba no generar un ingreso suficiente para vivir de su trabajo antes del brote del COVID-19 [10]; y en estimaciones del Índice de Calidad del Empleo del sector Privado de EEUU, “más de 37 millones de empleos en este país son vulnerables a despidos a corto plazo” [11] (entre los más vulnerables se encuentran los sectores de gastronomía, moda y entretenimiento). Todo ello indica que, en este escenario, se agudizarán las condiciones negativas para la economía en el sector cultura y, al mismo tiempo, se reconfigurarán sus formas de trabajo, creación, gestión y autogestión.

 

En Perú, el Presidente y el Premier han adelantado que no se podrán realizar durante este año –por lo menos– actividades deportivas, culturales, artísticas y actividades afines que congreguen a un gran número de personas. A ello se suma que la Asociación Nacional de Salas de Cine está proyectando una paralización de sus salas en los siguientes 15 a 18 meses, afectando a un promedio de 10,000 familias que laboran en dichas salas [12]. Asimismo, desde el ámbito teatral, la Asociación Cultural Playbill ha estimado en cifras los impactos económicos del COVID-19 (3239 funciones canceladas, 15025 entradas devueltas, 344919 soles devueltos de preventa, entre otros) y la Red de Creadores y Gestores Culturales Independientes del Perú realizó una encuesta virtual no representativa en la que el 73% son trabajadores independientes y no pertenece a algún colectivo u organización, el 72% no está afiliado a ninguna AFP u ONP, el 55.4% no cuenta con ningún tipo de seguro de salud y el 93% indicó necesitar el bono de S/. 380 que el Estado ha destinado a independientes [13]. Así este escenario afecta y afectará negativamente no solo a las costumbres y hábitos culturales de peruanos y peruanas, sino también a la subsistencia de trabajadores y empresas de cultura, deporte, turismo y encadenamientos afines de bienes y servicios.

1.2 Respuestas estatales ante la crisis para el sector cultura

Finalmente, sobre la base de un monitoreo de respuestas ante la crisis de los Estados hacia el sector cultura, UNESCO ha identificado cuatro tipos de ayuda estatal de carácter financiero: 1) fondos de apoyo a nivel nacional (Tunes, Chile, Colombia, Noruega, Singapur, Italia, Francia y China, en algunos casos focalizándose en artes escénicas, sector audiovisual, música, libros, artes visuales y artes corporales), 2) fondos de apoyo para artistas (México, Irlanda, Polonia, Suiza, Francia y Luxemburgo han priorizando pagos por seguridad social a artistas independientes; Nueva Zelanda ha lanzado fondos para artistas y asociaciones culturales; Corea del Sur brinda acceso preferencial a préstamos y España créditos de bajo interés; Alemania ha liberado subvenciones para independientes y pequeñas empresas), 3) mecanismo políticos innovadores o flexibles para el sector (Australia ha pospuesto el reembolso de préstamos, flexibilizando obligaciones administrativas y reasignando fondos para las necesidades actuales; Corea del Sur ha reducido obligaciones fiscales para cines y disminuyó alquilar de locales para conciertos) y 4) apoyo privado y social (en EEUU fundaciones y asociaciones culturales han establecido fondos de emergencia para las artes; Netflix ha dispuesto fondos para profesionales del sector audiovisual).

En Nuestramérica las respuestas estatales han sido dispares en velocidad y en intensidad de las medidas en la etapa inicial de la crisis. En líneas generales, se puede identificar las siguientes medidas vinculada directamente al sector cultura [14]: Argentina ha otorgado apoyo económico y técnico para organizaciones y colectivos comunitarios, fondos de emergencia para centros cultuales, contratación de artistas para presentaciones en medios digitales oficiales; Chile ha distribuido un fondo nacional para el sector creativo, ha prorrogado convenios, ha dado extensión de seis meses para las rendiciones y flexibilidad ante motivos de fuerza mayor, ha implementado trabajo sectorial y de consulta online para necesidades urgentes; Colombia ha destinado fondos para cubrir la seguridad social de artistas y gestores, ha brindado fondos para actividades de creación, formación virtual, producción y circulación de espectáculos públicos de artes escénicas durante los próximos 18 meses; Ecuador ha realizado una convocatoria para pagar a artistas por transmitir espectáculos y presentaciones desde sus casas; Jamaica ha implementado un paquete de estímulos para ayudar a individuos y negocios creativos registrados formalmente, están protegiendo los sitios patrimoniales y están construyendo iniciativas de acceso digital; México ha creado un “banco de funciones” para contratar en un lapso de tiempo definido a ciertos trabajadores culturales, ha creado una plataforma digital de libre acceso que permite a artistas teletrabajar y mantener el vínculo social; Uruguay ha habilitado una plataforma virtual gratuito con actualización diaria para promover el acceso a propuestas culturales nacionales y reforzar las pautas sanitarias; Costa Rica ha iniciado un proceso de consulta pública para formular acciones frente al COVID-19, con énfasis en la protección social de las y los trabajadores culturales; Brasil ha elaborado un subsidio a trabajadores independientes (incluido artistas) por tres meses; Panamá ha elaborado programación cultural y formativa a través de plataformas digitales y medios masivos, está elaborando una encuesta sobre el impacto del COVID-19 en el sector, están elaborando plan de alianzas público-privados; otros países de la región están en proceso de definir y/o implementar sus propuestas [15].

Frente a este panorama de impactos económicos y respuestas estatales, es crucial identificar los puntos críticos y los puntos potenciales. Hasta el momento el freno económico en el sector cultura está siendo enfrentado con medidas urgentes para paliar los efectos de la falta de ingresos en hogares, empresas e instituciones culturales (fondos de apoyo a nivel nacional, fondos de apoyo para artistas, mecanismo políticos innovadores o flexibles para el sector y apoyo privado y social). Sin embargo, la escasa información de las condiciones productivas culturales (en comparación con la vasta información sobre las condiciones del consumo) y la apresurada digitalización de ciertas dinámicas culturales de producción-distribución-consumo, hacen difícil proyectar salidas hacia el mediano y largo plazo. Del mismo modo, se requiere identificar los aportes sociales del propio sector cultura en la búsqueda de soluciones en un marco que nos permita articular las condiciones actuales con las hebras históricas de proyectos alternativos en momentos de crisis. A continuación, haremos dicho ejercicio partiendo de las economías solidarias en Perú.

2. Breve historia de la economía solidaria en el Perú del siglo XX

Siguiendo el esquema analítico de las relaciones económico-sociales basadas en la reciprocidad, cooperación y solidaridad desarrollado por el sociólogo Luis Montoya y el Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM [16], es posible identificar como antecedentes de estas ideas y experiencias los aportes del anarquismo y el anarcosindicalismo promovido por Manuel González Prada, Manuel Caracciolo Delfín Lévano entre fines del siglo XIX e inicios del XX; y las luchas feministas encarnadas en nombres como María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara y Clorinda Matto de Turner en la misma época señalada.

Ya en las primeras décadas del siglo XX, estos debates se orientaron a los problemas y posibilidades de las comunidades indígenas y campesinas. Montoya distingue cuatro posiciones al respecto. La posición liberal de Francisco Tudela y Varela, proveniente de los núcleos de la burguesía comercial y terrateniente de la costa (representada por el Partido Civil), concebía a dichas comunidades como rezagos de sociedades primitivas y del orden colonial, y requería su disolución para el progreso social y económico. La posición tutelar, de la Asociación Pro-Indígena, expresión de la pequeña burguesía limeña y provinciana, se solidarizaba con las luchas campesinas y sostenía una voz de denuncia y defensa paternalista ante el abuso latifundista, exigiendo la tutela estatal. La posición socialista-reformista, encabezada por Hildebrando Castro Pozo, apostaba por el fortalecimiento comunitario y la modernización de dicha economía para su ingreso al mercado capitalista. La última fue la posición revolucionaria, desarrollada por José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de La Torre que, desde proyectos políticos distintos, coincidieron en relevar la lucha por la tierra como la clave de análisis sobre las comunidades indígenas y en señalar como contradicción principal al latifundismo.

Tras las consecuencias internacionales y nacionales de la crisis de 1929, que debilitó el régimen oligárquico desde sus bases económicas y reforzó el papel del Estado, se abrió otro horizonte social y posibilidades para el desarrollo de cooperativismo. Se resalta la labor de Francisco Alvariño Herr entre fines de las treinta y cuarenta, fundador del Instituto Cooperativo del Perú, que proponía a una inserción al mercado capitalista del cooperativismo e industria agrícola; los sindicalistas afines al APRA que en las mismas épocas buscaron la articulación entre cooperativas, sindicatos y partido; y el sacerdote Daniel Mclellan, promotor de las cooperativas de ahorro y crédito, fundador de la Central de Cooperativas Parroquiales (1954), que luego se convertiría en la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (1958). En la siguiente década el Perú inicia un nuevo período de movilización social y política, producto de procesos como la industrialización, la urbanización, las migraciones internas, la concentración de la tierra, entre otros; mientras se crean instituciones como la Oficina Nacional de Fomento Cooperativo (1964) y se fomenta la educación cooperativa.

El cierre de los sesenta e inicios de los setenta es marcado por la radicalización de movimientos sociales y su enlace con la irrupción de Juan Velasco Alvarado, al mando del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968), que inicia un conjunto de reformas que golpean las bases políticas y económicas de la oligarquía. Este gobierno desarrolló formas asociativas de gestión empresarial en el marco de un modelo capitalista (cooperativas agrarias de producción, sociedades agrícolas de interés social, comunidades industriales y empresas de propiedad social) que, pese a encuadrarse en un programa de cambios sociales, no lograron consolidar procesos económico sociales de autogestión hacia un proyecto nacional. Por el contrario, terminaron reproduciendo desigualdades y jerarquía [17]. Este proceso fue interrumpido por la muerte de Velasco y la traición de parte de la élite militar a cargo de Francisco Morales Bermúdez (1975).

La década de los ochenta fue precedida por históricos paros impulsados desde las fuerzas sindicales y populares que derivaron en la Asamblea Constituyente, la salida de los militares y las Elecciones Nacionales de 1980 que dan la entrada al gobierno demoliberal de Fernando Belaúnde Terry, en medio de las consecuencias de los masivos despidos de los últimos años de la dictadura militar, contracción del mercado interno, altas tasas de desempleo y el descenso del proyecto velasquista de industrialización por sustitución de importaciones. En ese marco se empiezan a indagar formas asociativas como las “unidades económicas de pequeña escala” y el surgimiento de los comedores populares autogestionarios y redes de economía solidaria promovida por la Iglesia católica. A ello se suma la dramática crisis económica del primer gobierno aprista (1985-1990), inicio del Conflicto Armado Interno (1980-2000), migración interna, aumento de asentamientos humanos en las urbes y surgimiento de “un conjunto heterogéneo de unidades económicas de pequeña escala que aportan al empleo y los ingresos de sectores populares urbanos” [18], que pronto se dará a llamar “sector informal”.

Aquí el economista Hernando De Soto plantea que este sector informal está compuesto por empresarios que no pueden transformar en capital sus activos por impedimentos jurídico-institucionales del Estado y que, por tanto, la salida a ello es cambiar este sistema jurídico para concretar la formalización de los informales. Esta interpretación jurídica de la informalidad cala en el sentido común, convirtiendo a las unidades económicas de pequeña escala en nuevas “empresas y emprendimientos”, dando el fundamento técnico e ideológico del neoliberalismo de los noventa con la llegada de Alberto Fujimori a la Presidencia, el autogolpe de Estado (1992), el cambio de la Constitución Política (1993) y la implementación del Consenso de Washington. Así, la promoción de las pequeñas y microempresas sirvió como muro de contención para frenar las consecuencias sociales del modelo económico de liberalización de mercados, acompañado del discurso “todos somos empresarios”.

Entretanto, las iniciativas cooperativas se encasillan en tácticas de subsistencia. Autores como Humberto Ortiz Roca caracterizan a las organizaciones económico-populares de consumo (comedores populares y autogestionarios, comités de vaso de leche), de comercio (vendedores ambulantes y asociaciones de comerciantes) y de producción (microempresarios y empresas autogestionarias de pequeña escala). Asimismo, César Germaná identifica patrones estructurales que reorganizan el trabajo (el capital, la pequeña producción mercantil simple y la economía de la reciprocidad) [19], articuladas entre sí de manera conflictiva y contradictoria dentro de la acumulación capitalista. Aníbal Quijano retoma el tema atendiendo a las formas de reciprocidad que, si bien se ubican de manera ambigua entre relaciones de reciprocidad comunitaria y de capital, forman parte de la estructura global del poder del capital, conformando una economía de carácter popular, protagonizada por aquellos que no son propietarios de los medios de producción ni tienen posición determinante en el Estado o mercado.

Por otro lado, autoras como Narda Henríquez, Guzmán y Yañez, Barrig, Valdivia y Mansilla, Guillén Chueca, Blondet, Cardeña, Lora, entre muchas otras, empiezan a señalar la importancia en estas economías del trabajo de las mujeres urbanas y rurales, la división sexual del trabajo, las desigualdades de género en el mercado laboral urbano, el peso del trabajo doméstico en la vida de las mujeres y su protagonismo en las organizaciones sociales y comunidad (comedores populares autogestionarios y barrios surgidos de tomas de tierra). Cierra el siglo la conformación del Grupo Red de Economía Solidaria del Perú (GRESP), plataforma sobre experiencias de economía solidaria dentro de un proyecto y discurso crítico al neoliberalismo.

En pleno auge neoliberal, el considerable aumento de los precios del petróleo y los minerales a nivel internacional provoca un crecimiento económico durante la primera década del siglo XXI, la reducción de los índices de pobreza a costa del estancamiento de los niveles de desigualdad, la precarización laboral y el aumento del sector terciario. Las iniciativas de economía solidaria son golpeadas y se repliegan aún más a lógicas de subsistencia. No obstante, aparecen otras experiencias: cooperativas de servicios de producción agraria (cafetaleros y cacaoteros), asociaciones de artesanos y artesanas, intercambios en lógica del comercio justo, microfinanzas solidarias, bancos comunales y servicios financieros afines, turismo sostenible a cargo de comunidades campesinas, entre otras. Asimismo, se identifica la ausencia de investigaciones sobre sector cultura y economías solidarias (con excepción de asociaciones artesanas y artes escénicas).

3. Conclusiones provisionales y propuestas

Después de revisar los impactos económicos de la pandemia y su correlato en las respuestas estatales dirigidas al sector cultura, así como la trayectoria de las relaciones económico-sociales de reciprocidad, cooperación y solidaridad en Perú; precisamos re-imaginar y ensayar propuestas de otras formas de vida en el tiempo de la conmoción. Para ello, pondremos en mesa cuatro conclusiones provisionales.

1) Los impactos económicos serán negativos y perdurables; acentuarán las desigualdades previas a nivel global, regional y nacional; e incluirán al sector cultura entre los más afectados, lo cual derivará en cambios sobre sus sistemas de producción-distribución-consumo, orientándolos a la hegemonía de medios digitales y circuitos económicos menos dispersos geográficamente.

2) Dichos impactos desencadenarán modificaciones radicales en el modelo de globalización, organización de la producción y comercio, así como un replanteamiento económico y geopolítico basado en la puesta por estrategias de regionalización de carácter político, económico, social y cultural.

3) En Nuestramérica las políticas culturales y del conocimiento tienen las condiciones necesarias para cumplir un rol trascendental en la integración regional de diversas formas de vida y producción.

4) En Perú existe una robusta raigambre de trayectorias economía solidaridad surgidas de movimientos sociales en períodos de crisis, como fruto de los sectores descartados por el Estado y mercado de orientación capitalista; no obstante, “estas experiencias no podrán reproducirse sin generar un “sentido común” propio, una subjetividad solidaria, es decir, necesitan, para perdurar, de una transformación de la subjetividad, no bastando su eficiencia puramente material como estrategia de sobrevivencia” [20].

Partiendo de estas conclusiones podríamos indicar las siguientes propuestas:

• Los impactos económicos poscoronavirus, como apunta CEPAL, nos orientarán hacia una economía mundial regionalizada que disminuya la dependencia productiva, comercial y tecnológica de los polos centrales de la economía global; construida sobre un pacto social redistributivo, expresado en sólidas políticas de protección social universal (superando la focalización de las políticas sociales neoliberales). Para nuestra región implica cambiar el modelo primario-exportador y de turismo, encontrando en el sector cultura un pilar alternativo.
• Desde Nuestramérica la estrategia de regionalización de carácter político, económico, social y cultural debe reorientar los actuales regímenes de integración regional, con objetivos más sustanciosos que los meramente comerciales (Alianza del Pacífico) o los abiertamente pro-imperialistas (Grupo de Lima); con políticas que promuevan el afianzamiento de una identidad regional basada en la plurinacionalidad y pluriculturalidad, arraigadas en el horizonte civilizatorio del Buen Vivir; y un plan de intercambios culturales tecnológicos, educativos y de conocimientos orientados a la integración política, económica, social y cultural. Ello requiere de la participación protagónica del sector cultura en el cultivo de políticas culturales, nacionales y regionales. En tal sentido, las políticas culturales deben encabezar una coalición por la diversidad ecológica, cultural y productiva, articulando a los sectores de producción, agropecuario, ambiente, educación e inclusión social.
• Complementando las propuestas dirigidas hacia el Estado y el mercado, es de suma importancia re-imaginar y ensayar un nuevo modelo de globalización desde la fuerza productiva de los pueblos en resistencia y celebración de la vida. Para ello, desde el sector cultura, se precisa articular las experiencias de economías solidarias con las políticas culturales de base comunitaria [21]. Asimismo, el emprendimiento individual precario (forma laboral mayoritaria del sector cultura en el modelo neoliberal) no es una opción sostenible frente a la recesión económica, el aumento del desempleo y la disminución de ingresos que se prevé en lo inmediato. Frente a ello se necesita crear o fortalecer las iniciativas ya existentes del sector cultura basadas en dinámicas asociativas y productivas, articulándolas con otras estrategias nacionales que atiendan las consecuencias de la crisis (en salud, educación, comunicaciones, etcétera) y fortaleciendo la protección social de las y los trabajadores del sector.

De esta manera será posible atender las consecuencias urgentes del escenario económico señalado y, al mismo tiempo, sentar las bases para el florecimiento de otras formas de vida saludables y en armonía con la Madre Tierra, transformación de las subjetividades neoliberales, constitución de un sujeto comunitario con autonomía política y económica, y reorganización de la producción cultural en el mediano y largo plazo. Estos puntos pueden ser los pilares para una estrategia comunitarias para enfrentar la crisis y macerar el tiempo que vendrá.

 

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NOTAS:

 [1] SERRANO, 2020.

[2] CEPAL, 2020.

[3] Con mayor contracción en economías desarrolladas (se promedia en EEUU una caída de casi 4% (ante el crecimiento de 1,9% en diciembre de 2019), en China un crecimiento menor al 2% (5,8% pronosticado en diciembre), en la eurozona una caída de casi 6% (1,2% de crecimiento pronosticado en diciembre) y en Japón una contracción de más de 4%.

[4] WAHREN, 2020.

[5] GUERRERO, 2020.

[6] “En el Perú, donde abundan organizaciones culturales sin fines de lucro, trabajadores independientes y, en general, el 98,7% de las unidades económicas de servicios son microempresas (INEI, 2018), ya no queda oxígeno” ALFARO, 2020.

[7] UNESCO, 2020.

[8] “En este sentido se ha verificado un gran esfuerzo por parte de los gobiernos, como así también de colectivos, organizaciones y artistas diversxs, en vehiculizar, gestionar o en algunos casos producir, contenidos que puedan ser compartidos por internet y que permitan el encuentro en esa maravillosa ágora digital que las redes nos proponen” (FUENTES, 2020).

[9] También llamados “trabajadores independientes”, “emprendedores culturales”, “freelancers del sector creativo” desde los parámetros ideológicos de la neoliberal Economía Naranja que, además les caracteriza como principalmente “jóvenes que aprendieron a hacer negocios durante el proceso mismo de gestación de sus empresas, arrancando sus negocios con dinero propio” (LUZARDO, 2020).

[10] BID, 2018.

[11] LUZARDO, 2020.

[12] GESTIÓN, 2020.

[13] EL COMERCIO, 2020.

[14] Esta información está en desarrollo y constante variación.

[15] Información recogida de la Página Web interactiva: https://cuarentenacultural.org/ de TRAZA.MX e información de la Página Web de UNESCO.

[16] UNMSM, 2017.

[17] “Desde los primeros estudios e investigaciones comienza a ser evidente que las reformas animadas por el Gobierno militar muestran profundas limitaciones; particularmente, la creación de formas asociativas de gestión empresarial promovidas desde el Estado, confirman sus restricciones para generar empleo y niveles de productividad de acuerdo a la expectativa del Estado y los propios trabajadores. Además, reproducen relaciones de desigualdad y nuevas formas de jerarquía, antes que relaciones basadas en la autogestión o una economía de participación, noción que formó parte también de la jerga usada como parte del discurso oficial” (UNMSM, 2017, pág. 52).

[18] UNMSM, 2020, pág. 60.

[19] A decir de Germaná: “el primero, el capital, en diversos niveles y modalidades (monopólico y competitivo, formal e informal), donde existe una fuerza de trabajo adecuada a las necesidades de acumulación y una superpoblación relativa; el segundo, la pequeña producción mercantil simple, que incluye trabajadores que no venden su fuerza de trabajo ni tampoco compran fuerza de trabajo, sino que producen individual o familiarmente para el mercado; y el tercero, la economía de la reciprocidad. Estos patrones están vinculados de manera contradictoria y conflictiva y constituyen una totalidad donde la lógica histórica de su desarrollo corresponde a la acumulación capitalista”. (UNMSM, 2020, pág. 65).

[20] Rita Segato, rememorando los aportes de Aníbal Quijano sobre economía solidaria y popular: “Este camino presupone vida comunitaria, en el sentido de control democrático sobre la autoridad; reciprocidad en la distribución del trabajo, productos y servicios; y una ética social alternativa a la del mercado y del lucro colonial/capitalista” (SEGATO, 2018, pág. 61).

[21] Actualmente, en gran parte de países de Nuestramérica, ese rumbo está siendo recorrido por las políticas culturales de base comunitaria, impulsadas por el Movimiento Continental de Cultura Viva Comunitaria, contando con leyes nacionales y ordenanzas locales aprobadas, un programa iberoamericano (IberCultura Viva), programas nacionales y locales, congresos latinoamericanos, diversos procesos de incidencia política, espacios formativos, publicaciones y más.

 

REFERENCIAS:

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Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL (publicado el 21 de abril de 2020). Informe Especial COVID-19 N° 2. Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/1/S2000286_es.pdf

FUENTES, Emiliano (revisado el 20 de abril de 2020). Las políticas culturales y el COVID-19 en América Latina. Página Web de RGC Ediciones. http://rgcediciones.com.ar/politicas-culturales-y-covid-19-en-america-latina/

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GUERRERO, Gonzalo (publicado el 13 de abril de 2020). Ya va a venir el día. Retos del sector cultura tras el Coronavirus. Página Web de la Revista Ojo Zurdo. https://revistaojozurdo.pe/2020/04/13/eldia/

LUZARDO, Alejandra y ZALDIVAR, Trinidad (publicado el 15 de abril de 2020). ¿Qué necesita la Economía Naranja en medio de la crisis del COVID-19? Kreatópolis Industrias Creativas. https://blogs.iadb.org/industrias-creativas/es/economia-naranja-en-la-crisis-del-covid-19/

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