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Comunicación pública para sociedades democráticas: el papel de los movimientos sociales

El cambio de época que se inició en Latinoamérica en 2015 -y también en países centrales como los europeos y Estados Unidos- con el ascenso al gobierno de partidos o alianzas de derecha por medio de elecciones o de golpes de Estado, no es una simple alternancia política, sino que implica amplias mudanzas económicas, sociales y culturales (González, 2015). Esta nueva dirigencia reorientó la intervención estatal para redistribuir la riqueza a favor del gran capital. Esto implica un incremento de beneficios para la clase dominante que integran y el retroceso en los derechos humanos laborales, sindicales, de protesta, libertad, etc. de las mayorías. La alternancia política y la reorientación en las políticas estatales, como dijimos antes (Segura y Prato, 2019), son acompañadas por modificaciones en el clima cultural. Avanzan grupos sociales conservadores, de ultra-derecha, anti-derechos de las personas y de los pueblos: defensores de genocidas, homofóbicos, misóginos, racistas, que percibien que el nuevo escenario político les ofrece una oportunidad. Esta reacción cultural pretende desandar algunos de los mayores logros sociales del período anterior. (Segura, 2015; Waisbord, 2018)

Dada la gravedad de lo sucedido en términos de retroceso de la democracia y puesta en cuestión de derechos y consensos sociales que parecían firmes (Segura, 2015; Waisbord, 2018; Dezzutto, 2019), el reto político y social, pero también y especialmente comunicacional y cultural, es enorme. Estos desafíos son especialmente urgentes en países como el nuestro en el que acaba de asumir una nueva gestión de gobierno que expresa la intención de reconstruir lazos de solidaridad social, fortalecer la intervención estatal para garantizar derechos, y profundizar la democracia. En este contexto regional y nacional, se torna imprescindible repensar el papel de la comunicación y la cultura para construir subjetividades con racionalidades y emocionalidades más democráticas para  hacer de nuestras ciudades y pueblos, lugares más habitables. Nos interesa especialmente aquí pensar en la capacidad de incidencia en la democratización de la comunicación pública, de los movimientos sociales progresistas en la llamada Era de la Post-Verdad en países de América Latina con altos niveles de desigualdad económica, autoritarismo social y político, e historias signadas por genocidios.

Problemas

En la comunicación pública en la región se sostienen los problemas relativos a la lógica mercantil que rige los sistemas mediáticos en Latinoamérica, la concentración de la propiedad de medios (Becerra y Mastrini, 2017), los usos gubernamentales de los medios públicos (Arroyo, Becerra, García Castillejo y Santamaría, 2012), la discriminación de los medios comunitarios (Segura, Linares, Hidalgo, Kejval, Longo, Traversaro y Vinelli, 2016), la falta de acceso a la información pública, los ataques a trabajadores/as de prensa, y la consiguiente escasa diversidad estructural e interna de los sistemas de medios de comunicación de masas. A estos, se suman hoy la difusión masiva, reticular e instantánea de noticias falsas, hechos alternativos, desinformación (Tumber y Waisbord, próximamente) y discursos de odio (Lesaca, 2019), el hostigamiento a través de las redes sociales y también fuera de ellas para enmarcar el debate público e inducir a la auto-censura (Amnesty, 2018), y la polarización (Aruguete y Calvo, 2019). En este escenario, sigue siendo central la responsabilidad de dos grandes polos de poder: los gobiernos y dirigentes políticos, y las grandes empresas de medios, de plataformas de redes sociales y otros intermediarios de Internet.

Esto pondría en cuestión los postulados sobre la pretensión de validez objetiva de los enunciados sobre los hechos –Verdad-, subjetiva de los enunciados sobre la propia experiencia y vivencias -Sinceridad o Veracidad-, y normativa sobre los enunciados acerca de la justicia –Rectitud-, que Habermas (1994) había propuesto. Se cuestiona la Verdad basada en comprobaciones empíricas de hechos objetivos y fundada en argumentaciones lógicas, al tiempo que se jerarquiza hasta el extremo la relevancia de la Sinceridad, incluso en los líderes políticos y con apreciaciones consideradas hasta hace poco “políticamente incorrectas”. Por ende, también se pone en jaque la Rectitud normativa que, hasta hace unos años sostenía un consenso acerca de la incuestionabilidad de los derechos humanos fundamentales y la democracia para regir nuestra vida en común social y política. Por eso, Waisbord (2018) caracteriza a la “Era de la Post-Verdad” como aquella en la que se habría roto el consenso social de la Modernidad en una comunicación pública basada en la “verdad” objetiva, basada en hechos, resultado de argumentación lógica y demostración empírica, vinculada al discurso científico y al periodístico.

Esta ruptura se debería a la extrema segregación social, cultural, etc. que impactaría también en la imposibilidad de un consenso único en materia de comunicación pública. Por lo tanto, estos problemas resultan particularmente acuciantes en sociedades, como las de la región, caracterizadas por una profunda desigualdad socio-económica histórica y estructural (Burchardt, 2012); en las que se registran importantes niveles de autoritarismo tanto en los gobiernos como a nivel social (Araujo, 2016), y con historias de “polarización” política extrema que han llevado al intento de exterminio de una parte de la población (genocidios, dictaduras, guerras civiles, conflictos armados, etc.).

Esto sin dudas constituye un problema para la democracia, si la entendemos como la profundización y radicalización del debate público para conocer las demandas, necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos, y así poder conjugar justicia e igualdad con libertad y derechos (Fraser, 2006; Mouffe, 2011), en la que es crucial fomentar tanto racionalidades democráticas –según los principios postulados por Habermas- como emocionalidades democráticas: empatía, solidaridad, confianza, compasión, respeto (Nussbaum, 2011). Si las disputas simbólicas son las luchas políticas por excelencia y son indisociables de las pujas materiales por la dominación (Bourdieu, 2000) porque se lucha por imponer cierta visión sobre el orden social deseable y construir sentido común (Gramsci, 1971) en esferas públicas centrales como alternativas (Fraser, 2006), la comunicación no es sólo necesaria para construir demandas y exigir derechos (Mata, 2002), sino también para construir sociedades y subjetividades democráticas (Tiburi, 2018). En consecuencia, las luchas por la democratización de la comunicación pública están indisolublemente ligadas a las pujas por la democratización de otras áreas de lo social y son indisociables de las relaciones sociales de fuerza (Caletti, 2005). La comunicación pública debería, por lo tanto, asegurar espacios de construcción de lo común y encuentro con lo diferente, además de expresión de grupos específicos (Waisbord, 2014).

Opciones

Para dar solución a los problemas mencionados en vistas a la democratización de la comunicación pública para construir sujetos y sociedades democráticas, se proponen, discuten y experimentan diversas alternativas. Estas opciones apuntan a la responsabilidad de diversos actores y cada una muestra potencialidades y limitaciones:

1. La acción de los gobiernos en materia de políticas de comunicación y regulaciones de los intermediarios de Internet: propuestas por organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, y expertos/as (Observacom, Intervozes, Desarrollo Digital e IDEC, 2019). Enfrentan el enorme poderío de las corporaciones transnacionales de internet frente a gobiernos nacionales con capacidades limitadas de acción, y los riesgos de abuso gubernamental.
2. La responsabilidad de los/as dirigentes políticos en el uso de estrategias de comunicación pública que respeten los principios de verdad, veracidad y rectitud, y fomenten emociones democráticas.
3. La autorregulación empresaria de las corporaciones mediáticas y de plataformas de redes sociales (Waisbord, 2019). En esta línea, son criticados los mecanismos de censura privada.
4. La pedagogía para fomentar el sentido crítico en el uso de las redes sociales, que no toca las estructuras.
5. Las iniciativas de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el derecho a comunicar y de profesionales del periodismo que, frente a la desinformación y las noticias falsas, impulsan la verificación de datos (Chequeado, 2014); colaboraciones nacionales e internacionales de periodismo de investigación; y periodismo de datos. Esto parece tener impacto sólo en sujetos altamente informados –como políticos/as, académicos/as, periodistas-.

Además, a la hora de pensar en la democratización de la comunicación pública, es preciso considerar otro actor poco atendido: los movimientos sociales que trabajan en otras áreas de lo social. Esto es importante porque estos colectivos producen y difunden conceptos, valores y significaciones alternativas con las que interpretar distintos temas de la vida social, que desestabilizan los significados culturales predominantes (Escobar, Alvarez y Dagnino, 2001); contribuyen a cambiar habitus arraigados, influyen en los modos de percibir la realidad y de relacionarse con otros (Margulis y otros/as, 2014; Botelho, 2001); no sólo expresan críticas a nuestras formas actuales de comunidad, sino que, “en muchos casos, performan, con sus prácticas, esos otros modos de comunidad posible” y pueden ayudar, por ende, a construir “socialidades alternativas” (Mercadal, Coppari y Maccioni, 2018: 183).

Por ejemplo, los movimientos de derechos humanos que promueven la memoria, verdad y justicia en relación a los delitos de lesa humanidad cometidos durante dictaduras y guerras civiles en América Latina y en otros lugares del mundo, apuntan a una de las cuestiones medulares de la fragmentación en nuestros países; enfrentan a los negacionistas de hechos históricos que buscan la aceptación social de hechos alternativos; y lo hacen reponiendo los tres principios de validez postulados por Habermas, al tiempo que fomentan emociones democráticas. En esta línea, Historias Desobedientes. Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, surgida en 2017 en Argentina, una de las pocas en su tipo en el mundo, es una de las novedades recientes y con importante impacto en nuestro país. Los feminismos en Argentina y tantos otros países también están haciendo un relevante y fortísimo trabajo comunicacional, cultural y pedagógico.

¿En qué medida, de qué modo y en qué condiciones los movimientos sociales en Latinoamérica contribuyen a la comunicación pública democrática impulsando racionalidades y emociones democráticas, y sosteniendo las modernas pretensiones de validez en la comunicación pública?

En la medida en que, las organizaciones e instituciones de derechos humanos, así como otros movimientos sociales, reponen las tres pretensiones racionales de validez en la comunicación pública –la verdad objetiva de los hechos, la sinceridad subjetiva sobre su experiencia, y la rectitud normativa-, así como también las emociones democráticas, su intervención incide en la democratización y robustez del debate público de manera complementaria a la de las organizaciones de verficación de hechos y periodismo de investigación y de datos; a las regulaciones y políticas públicas de comunicación y autorregulaciones corporativas y profesionales; la comunicación política responsable y la pedagogía crítica de usuarios/as.

Son, por lo tanto, actores fundamentales para construir nuevos horizontes de sentido. Para eso, es necesario el trabajo político, por el conocimiento y el pensamiento, pero también por  “una constante resistencia cultural explícita” (Tatián, 2019; Gramsci, 1971). Para ello, es imprescindible el paciente trabajo político realizado “con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad”, como enseñó Gramsci (1971); o, como dice Eagleton (2016), sin optimismo pero con esperanza. Sin el optimismo ingenuo, negador de la realidad, vacío, sin fundamentos; pero con la esperanza realista, que requiere reflexión y compromiso, que surge de la racionalidad lúcida, cultivada en la práctica y la autodisciplina, que implica asumir que ya se está en el fondo del abismo, que reconoce el fracaso y la derrota pero se niega a capitular frente a ellos.

Para revertir el avance de la derecha a nivel social y político, es urgente e imprescindible fomentar racionalidades y  «emociones democráticas”. En esta tarea, además de los Estados, los movimientos sociales progresistas tienen un papel crucial al impulsar valores y realizar un trabajo político-cultural paciente y cotidiano.

Referencias Bibliográficas:

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