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No se hizo esperar. A menos de veinte días de haber asumido, el rejunte improvisado de la coalición libertaria neoliberal que gobierna temporalmente la Argentina, con su clásico manual bajo el brazo, vino a imponer de forma abrupta, sin diálogos y ningún consenso, la lógica de mercado a todos los aspectos de la vida social. Es un ataque masivo a años de luchas y debates que construyeron derechos humanos, culturales, ambientales, laborales, previsionales, de salud, económicos y sociales, y que ahora se pretenden borrar sin pruritos en nombre del libre mercado y a favor de las corporaciones, incluso ignorando la Constitución y varios pactos internacionales firmados por nuestro país. Se intenta imponer un estado de excepción y desdemocratización que remite a los momentos más oscuros de nuestra historia. 

En esa lógica el sector cultural no ha quedado exento. Además de los despidos masivos de trabajadores estatales, se proponen eliminar las instituciones públicas más antiguas, desfinanciar otras más nuevas, derogar leyes antimonopolios, entre otras afrentas, pero el objetivo fundamental y dogmático parece ser que todo recaiga en la lógica del libre mercado, en la lógica neoliberal. También hay que decir que ha sido muy rápido y masivo el repudio en redes sociales de vastos sectores (algunos organizados y otros en medio de ese proceso) del mundo cultural, desde artistas, cámaras empresariales, colectivos autoorganizados, sectores políticos, etc. Confío en que esos rechazos se transformen en procesos de resistencia que limiten el desguace que se pretende imponer.

No es objeto de esta nota entender la letra chica de las propuestas libertarias. Hay ya algunos análisis preliminares, que seguramente se multiplicarán y ganarán profundidad en los próximos días. Lo que sí me interesa es historizar algunas de las relaciones entre el neoliberalismo y la cultura, dar cuenta de cómo la lógica de mercado transforma el sector cultural, y, por sobre todo, argumentar cuáles son las consecuencias de retirar el Estado como garante de los derechos culturales en su rol de intermediario y regulador de la producción, circulación y consumo de los bienes y servicios culturales. Además, marcar una preocupación mayúscula por el proceso de crisis económica generada por las políticas actuales, que lastimarán gran parte de la producción cultural independiente de nuestro país.

A nivel global, las últimas décadas estuvieron marcadas por una aceleración de los flujos de contenidos simbólicos a partir de internet y de tecnologías que bajaron los costos de producción y acceso. Dicho proceso —sin dudas revolucionario— de hipercirculación tiene consecuencias democratizadoras, como nunca antes en la historia, en el acceso a la producción, circulación y consumo de los bienes y servicios culturales. 

En dicha masificación, la mayor parte de los flujos de contenidos circulan bajo el paraguas de corporaciones transnacionales (GAFAM + Netflix + Spotify), generando una transferencia multimillonaria de ingresos, y capacidades y usos de información social que aún están lejos de ser legisladas, mucho menos en países como el nuestro. También, desde finales de la década del setenta, grandes flujos financieros globales han ido adquiriendo empresas del sector cultural en procesos de concentración transversales a todas las cadenas de valor de los sectores de la cultura, generando monopolios nacionales y transnacionales con un control y concentración de los mercados cada vez mayor. Abundan ejemplos, pero lo fundamental es que su lógica es la del mercado: maximizar ganancias a partir de la producción y venta de bienes y servicios culturales, homogeneizando a su paso la oferta de productos y narrativas culturales que aportan a la reproducción y sostenibilidad del sistema.

En contraposición con estos procesos, aparecieron en escena (y en nuestro país con mucha fuerza) miles de proyectos culturales locales donde la producción encontró actores sociales, comunitarios, independientes, autogestivos, que a veces pueden tener objetivos económicos, pero que sobre todo están ligados a los territorios desde donde producen. Ese anclaje es fundamental, no solo por su cercanía a las comunidades en donde habitan, sino porque su función social encuentra sentido cuando estas representan las experiencias y realidades específicas de sus territorios, cuando construyen narrativas auténticas que ayudan a fomentar el diálogo social, tejiendo nuestras identidades arraigadas y descentralizadas, y contribuyendo a la construcción de ciudadanías críticas que con su participación ayudan rotundamente a tener sociedades más democráticas. Estas características no impiden que los proyectos tengan valores comunes con las lógicas propias del sistema actual: aportan valor agregado a las economías locales y nacional, y generan empleo genuino, muchas veces de manera más fuerte que en las lógicas de las empresas transnacionales y las corporaciones. Pienso en patrimonios inmateriales como los carnavales y su impacto en términos de turismo cultural, o en fiestas nacionales y otros eventos significativos que movilizan y dinamizan de la misma manera.

Estos últimos proyectos son los que hoy están en riesgo. Primero por la crisis económica general a la que nos están sometiendo a partir del aumento de tarifas, la inflación y otras políticas regresivas que atentan contra los salarios y el consumo de la mayor parte de la población. Ante los procesos de crisis económica, el sector de la cultura suele ser uno de los más afectados, como mostramos en dos informes del CUICA-UNDAV (uno y dos) durante el gobierno de Macri. Además, este tipo de proyectos son muy sensibles a la quita de financiamientos y subsidios por parte del Estado, ya que requieren líneas de asistencia y políticas activas para la consolidación de su producción y oferta. Por último, y por las características propias del dogmatismo del actual gobierno, donde la eliminación de toda regulación, en pos de la libre competencia y eficiencia del mercado, no garantiza inversiones ni posibilidades para mejorar la circulación de la producción local sino que ayuda a que el flujo de contenidos globales se instale con mayor potencia generando mayores saldos negativos en las balanzas comerciales y procesos de mayor concentración económica. El sector cultural no tiene las mismas reglas que el resto de los sectores de la economía, así lo demuestra esta investigación pormenorizada de Pablo Sigfrido Corte Cruz sobre las relaciones de libre comercio cultural entre México y Estados Unidos. En sus conclusiones dice: “Los resultados (…), para el sector de la cultura, sugieren que ante una depreciación empeoran las circunstancias propias de su balanza comercial, al contrario de lo que ocurre en el total de la economía nacional. Parece que para nuestro país existe una reducción de la diversidad cultural en términos del comercio de los bienes (…)”.

Sobre este último parrafo, y por tratarse de una de las referentes preferidas de nuestro actual presidente, encontré una cita de Jaron Rowan en su libro Cultura sin Estado (que será editado por RGC en 2024), en el que da cuenta del avance neoliberal sobre la cultura y las políticas culturales. “El gobierno de Thatcher con su marcado carácter neoliberal recortó drásticamente el presupuesto de las subvenciones a la cultura e impulsó todos aquellos proyectos culturales susceptibles de generar beneficios. El teórico Jim McGuigan sostiene que en ese momento ‘todo el valor de la cultura se redujo a valor de cambio, el discurso de mercado se introdujo en la política cultural como en todos los demás ámbitos’. Con estos cambios se potenció una concepción mucho más instrumental de la cultura. Se trataba de evaluar y medir los posibles beneficios económicos que la cultura podía reportar. La privatización de la cultura se presentó como un proceso inevitable y, bajo pretexto de generar instituciones culturales más eficientes, se introdujo una nueva lógica comercial”.

Otro de los puntos sobre el que debemos prestar atención es el de las características autoritarias de derecha del actual gobierno. Al igual que sus homólogos Jair Messias Bolsonaro y Donald Trump, Javier Milei ha utilizado el latiguillo de la extrema derecha global del avance del “marxismo cultural” para hacer referencia a las cuestiones que modifican el status quo de los valores tradicionales. Desde una lógica conspiranoide, atacan todos los avances y discusiones de derechos humanos que se den en términos de feminismo, políticas de género, políticas de memoria, políticas ambientales o políticas decoloniales, promoviendo, en su rechazo, lógicas racistas, sexistas, clasistas, coloniales y xenófobas. En estos casos, a cualquier cosa que vean por fuera de su propia lógica, aunque sea de carácter privado, se le aplicará algún tipo de censura o persecución, directa o indirectamente. 

En tanto, mientras vivenciamos el desastre y luchamos para combatirlo, ya nos tocará, ojalá más temprano que tarde, volver a reconstruir bases para un desarrollo cultural, y espero que logremos estar a la altura de las circunstancias (Hay que decir que muchos de los que tuvieron responsabilidades en los últimos años y que hoy llaman a organizarse sectorialmente poco hicieron durante sus mandatos para que eso suceda). Deberemos ser capaces entonces de radicalizar nuestra democracia, planificando políticas culturales que aporten a la construcción de nuestras comunidades y territorios, que instalen formas de participación y colaboración social, que combatan y ayuden a reducir las desigualdades, que construyan vasos comunicantes en favor de los bienes comunes y los derechos culturales, y que, a partir de ciudadanos con capacidad crítica y consciente, contribuyan a develar las falsas promesas de libertad en pos de una patria realmente libre, justa y soberana donde quepamos todos. 

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