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El Fondo de Fomento Cinematográfico está en peligro.

En el año 2017, el gobierno de Mauricio Macri, incorporó en la Ley de Presupuesto que fue aprobada en el Congreso de la Nación, un artículo que puso plazo de vencimiento a las pocas leyes de asignación específica que quedan vigentes, entre ellas la que permite el financiamiento del fondo de fomento cinematográfico. Para que podamos seguir festejando el día del cine nacional, es urgente derogar los incisos “e” e “i”, del Artículo 4 de la ley 27.432, promulgada el 27/12/2017 para que el INCAA conserve su autarquía y su propio presupuesto anual.

El Fondo de Fomento Cinematográfico se creó en el año 1957 con la sanción de la Ley de Cine. En los 64 años que lleva en vigencia ha sido el sustento fundamental de las políticas de fomento cinematográficas y ha permitido la realización de miles de películas que constituyen el acervo audiovisual de nuestra cultura, películas en que nos reconocemos, nos cuentan nuestras historias, nuestros paisajes, reflejan nuestra identidad y le cuentan al mundo quienes somos.

Este fondo ha permitido constituir al sector audiovisual como la industria que más puestos de trabajo genera en nuestro país. Centenares de trabajadores y empresas, pero también de escuelas y estudiantes de cine y audiovisuales, dependen de la continuidad de este fondo y de estas políticas públicas.

Pero lo realmente importante es que estas políticas son un patrimonio de nuestros ciudadanos que están contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural, y que expresan:

Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes.

Toda persona debe poder expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna;

Toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural;

Toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo, plurales, variadas y dinámicas. Las políticas que favorecen la inclusión y la participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio a los intercambios culturales y al desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública.

Las políticas culturales, en tanto que garantizan la libre circulación de las ideas y las obras, deben crear condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios culturales diversificados, gracias a industrias culturales que dispongan de medios para desarrollarse en los planos local y mundial. Cada Estado debe, respetando sus obligaciones internacionales, definir su política cultural y aplicarla, utilizando para ello los medios de acción que juzgue más adecuados, ya se trate de apoyos concretos o de marcos reglamentarios apropiados.

Nuestra Ley de Cine y su Fondo de Fomento Cinematográfico son reconocidos internacionalmente y se estudian y copian en muchísimos países en que se los considera un instrumento virtuoso de las políticas públicas que el Estado puede y debe asumir para desarrollar y permitir el crecimiento de su industria audiovisual, pilar fundamental de la construcción de identidad y la protección de la diversidad cultural.

Para que podamos seguir construyendo nuestra historia audiovisual y festejando el día del cine nacional, es imperioso que el Congreso de la Nación de tratamiento y aprobación al proyecto legislativo que deroga el art. 4 de la Ley 27.432

La foto es del año 1994, cuando el sector se movilizó por la reforma de la Ley de Cine. Creo que es el momento de volver a movilizarnos.

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